En la apertura de las Jornadas que se desarrollan en la sede de la CTA nacional, el responsable de la Secretaria de Discapacidad, Carlos Ferreres contextualizó la problemática. “La política neoliberal destruyó el hospital público y el sistema de salud, y esta situación que no se modificó sustancialmente, hace que las personas con discapacidad hoy no puedan acceder a uno de sus derechos fundamentales.” A continuación, Liliana Díaz, que es médica fisiatra, abrió el panel con una pregunta: ¿Es necesario que exista una salud vinculada con la discapacidad?
En este sentido, el interrogante también podría extenderse a distintos ámbitos, preguntándonos si debiera existir una educación o un trabajo para la discapacidad. Y considerando que la discapacidad es una temática transversal que impacta en los diferentes ámbitos de la vida, y que además es considera como un hecho dinámico que nos va a afectar a todos en algún momento de la vida, la respuesta es no. “Nosotros definimos la discapacidad como una situación de la vida que puede empezar con un proceso medico o biológico pero que impacta en la vida de la persona de una manera muy totalizadora. Por ello, lo que es deseable, es que exista un sistema de salud que integre, que tenga los programas que se requieren. La salud de las personas con discapacidad debería estar incorporada en el modelo de atención que todos tenemos y necesitamos”, dejó en claro Díaz.
Una de las problemáticas del sistema de salud es que los médicos no están capacitados para detectar la discapacidad. Desde el año 1997 rige la Ley 24. 901, sistema de prestaciones básicas en discapacidad, que define un modelo de atención basado en la prevención, asistencia, promoción y protección con el objetivo de brindar una cobertura integral. Sin embargo, los alcances de la ley resultan muy limitados. “Muchas veces los chicos son diagnosticados cuando ingresan a la escuela, y ya es muy tarde. La intervención tiene que ser temprana porque así la persona tendrá más posibilidades de recuperación. Sería ideal que pudiéramos tener médicos que por lo menos supieran detectar porque la discapacidad no es un problema de especialistas” afirmó Díaz.
Otras de las deficiencias del sistema están vinculadas a las discapacidades congénitas que tienen que ver con la falta programas materno infantiles, que permitan un seguimiento de las madres, asegurándoles una buena nutrición, y en el caso de que estén expuestas a riegos, como son los agrotóxicos, cuenten con los cuidados necesarios.
En prevención también cabe considerar que la población de tercera edad es cada vez más amplia, y en contextos cada vez más urbanos y pobres, las dificultades se acrecientan.
Primera causa de Discapacidad: La pobreza
“Con la cantidad de chicos que hoy tenemos bajo la línea de pobreza, nuestro país no puede aspirar a que el número de personas con discapacidad deje de incrementarse día a día” dijo Díaz. En el año 1970 la Organización Mundial de la Salud informó a todos los países en desarrollo que a lo largo del 2000 iba a haber una amplitud tan grande de la discapacidad vinculada con al pobreza, que se debían prever y armar programas con atención temprana, primara y rehabilitación. Pero como expresó Díaz “pasó el plazo y aún estamos sin salud para todos y ésta continúa en manos del sector privado”.
La pobreza es causa de discapacidad y también es consecuencia de discapacidad ya que se estima que una familia con una persona con discapacidad, tiene un gasto superior de alrededor del 45 % más, considerando los medicamentos, los traslados y la integración a diferentes tipos de actividades.
Certificado Único de Discapacidad
Publicado en el Boletín oficial el pasado 19 de mayo, el Ministerio de Salud aprobó el Modelo de Certificado Único de Discapacidad. Mediante la Resolución 675/2099 se refiere el artículo 3 de la ley 22431 (Protección a las Personas con Discapacidad) y estipula que se acredite plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional y en todos los supuestos en que sea necesario invocarla. Asimismo, se adoptan criterios uniformes en la evaluación y certificación de la discapacidad a nivel nacional.
Como informó Díaz, el cambio se basa en que la discapacidad ya no será definida por un diagnóstico o un criterio médico, sino en el marco de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad (CIF), que define a la discapacidad a través de las posibilidades de función de la persona en relación al entorno o ambiente en el que se desarrolla. “Podemos decir que se pasa de un nivel personal a uno social, que también tiene que ver con salir del proceso de invisibilidad, con enfrentarnos con un problema que no queremos ver, porque los médicos no estamos exentos de la mirada que tiene la sociedad”.
El problema está en que si bien esta modificación evitará las incompatibilidades y problemas de validez, que se producían entre los certificados que se emitían a nivel nacional y provincial, hoy de los 2, 2 millones de personas con discapacidad, sólo el 14% tiene el certificado, que es la puerta de entrada a todas las prestaciones.
Las prestaciones que habilita el certificado de discapacidad y que las obras sociales tienen la obligatoriedad de cumplir son: respecto a las ambulatorias: estimulación temprana, educación inicial, educación general básica, integración escolar, formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, prestación de apoyo y transporte. Y con internación: residencia y hogar. Otras prestaciones son: cobertura de medicamentos al 100%, pañales, elementos de prótesis y ortesis y asistencia económica.
Salud laboral y Discapacidad
Durante la tarde, la mesa estuvo a cargo del Equipo Docente de Capacitación en Salud Laboral de ATE provincia de Buenos Aires: Beatriz Horrac, María José Occhi y Magali Arocena. Introdujeron al tema explicando que una situación de trabajo siempre se produce en la interacción entre la persona que trabaja y el medio ambiente, y que cuando los factores individuales no son tomados en cuenta, ya sea a la hora del ingreso o cuando se es transferido a otro sector o actividad, se genera un desequilibrio que puede predisponer a la aparición tanto de enfermedades profesionales como de una discapacidad.
“Por eso consideramos que desde punto de vista de la salud laboral la definición de discapacidad es válida para todos los trabajadores. Que no se adecue el ambiente de trabajo a las capacidades de las personas, nos puede pasar a cualquiera de nosotros” dijo Occhi.
Durante el trabajo de taller, presentaron una guía para el relevamiento de puestos de trabajo, basada en tres formas de intervención que tienden a ajustar la relación entre la persona y su entorno, generando espacios de trabajo saludable. Por un lado, apunta a la prevención, realizando un control de los riesgos, por otro lado, a la adecuación de los puestos de trabajo para lograr el desarrollo de las capacidades y por último a asegurar el derecho de participación.
En este sentido, Horrac explicó que “no hay un saber técnico que pueda reemplazar el saber de los trabajadores en su lugar de trabajo. La fuerza de los trabajadores también está en la posibilidad de articular los reclamos sin limitarse a los problemas personales y a partir de allí generar las acciones conjuntas que se requieran.” En este marco, recordó que Argentina es uno de los países más retrasados en derecho laboral, donde los sectores industriales se oponen fuertemente a que los trabajadores intervengan en salud y seguridad en el trabajo.
