El “II Congreso Provincial de Delegados” que sesionó el último fin de semana en el Microestadio del Club Atlético Lanús, aprobó el documento político de la CTA-Provincia de Buenos Aires y marchar el miércoles 21 a la Casa de Gobierno para exigirle al gobernador un presupuesto provincial en donde la distribución de la riqueza sea el eje central

Los tres mil congresales de más de 100 distritos bonaerense de la CTA provincial votaron por unanimidad continuar con la lucha encarada hace mas de diez años para terminar con la pobreza y la desocupación en la Argentina. Dos flagelos que amenazan la democracia que tanto dolor nos costo conquistar y pone en peligro a millones de familias. Como parte de esa lucha los delegados resolvieron marchar el miércoles 21 de diciembre, a las 11, a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para exigirle al Gobernador Felipe Solá que impulse un presupuesto participativo que priorice la inclusión y la justicia social en nuestra provincia.

Por ello, los gremios y las organizaciones sociales y barriales que integran la CTA-Bonaerenses se concentrarán el miércoles 21 de diciembre, a las 11, en Plaza Italia (7 y 44 de La Plata) para luego marchar a la gobernación bonaerense.

En esa línea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) resolvió en su congreso del viernes realizar para ese miércoles un paro total de actividades en toda la provincia y marchar junto a la CTA en reclamo del cese y devolución de descuentos efectuado por la Suprema Corte por ejercer el legítimo derecho de huelga, mientras que ATE convocó a un paro activo, jornada de protesta y movilización. Al tiempo que el SUTEBA (hoy sin clases) y las organizaciones sociales llamaron llenar la Plaza San Martín de La Plata.

En concreto la CTA exige que el presupuesto bonaerense contemple la creación de una asignación universal para todos los niños menores de 18 años, la generalización de la ayuda escolar de $130 anuales, que alcanzaría a unos tres millones de beneficiarios, la creación de una asignación de $195 mensuales para unos 500.000 adultos mayores de 65 años que no poseen jubilación ni pensión, el pago de la diferencia hasta llegar a esa cifra para aquellos que poseen pensiones graciables, el aumento de un 25 por ciento en la masa salarial de los empleados públicos de la provincia producto del rescalafonamiento y las necesarias adecuaciones salariales, entre otros reclamos.

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