Desde ese momento en que proclamamos la necesidad de construir un nuevo modelo sindical, porque el viejo aparato “sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico” ya no nos representaba, hasta el estallido de diciembre de 2001 transcurrieron 10 largos años de luchas. Toda una década de resistencia en la que muchas veces fuimos la única expresión organizada de los trabajadores que intentaba, a veces por propia iniciativa y muchas otras para atajar los zarpazos de las políticas de ajuste y de eliminación de puestos de trabajo, dar respuesta al avasallamiento a lo que desde las esferas del poder se pretendía mostrar como la consecuencia natural del “inexorable movimiento de las leyes de mercado”.
La caída del gobierno aliancista y la etapa que le sucedió, signada por un interregno de convulsiones sociales y el estallido del modelo económico basado en la convertibilidad, dieron paso a una nueva situación .A nuestro modo de ver ,caracterizada por la aparición de dos elementos nuevos: la pérdida de consenso social en torno de la políticas ortodoxas del neoliberalismo y el aflorar de la disputa por la recomposición de los salarios, que devolvió protagonismo a las luchas reivindicativas expresadas desde las organizaciones sindicales.
El tema de la distribución de la riqueza ha ido adquiriendo centralidad dentro de las demandas de los trabajadores. Los conflictos sectoriales del 2005, en los que la mayoría de las veces estuvieron al frente de ellos organizaciones adheridas a la CTA, reafirmaron una tendencia que ya se venía perfilando desde el año anterior. En esa línea se inscriben las luchas de importante gremios referentes de la Central, como es el caso de los docentes, estatales, telefónicos, judiciales, etc.
La disputa por el salario, consecuencia de las nuevas condiciones derivadas de la devaluación y del crecimiento económico que en gran medida se asentó sobre la pulverización de los ingresos de los trabajadores, fue ganando gravitación a medida que el modelo distributivo regresivo heredado de la década de los 90 fue reafirmando su inalterabilidad, a pesar del discurso oficial que generó expectativas de cambio.
Lo cierto es que la torta se agrandó, pero ello no llegó a los bolsillos de los trabajadores. Sólo en el caso de los asalariados con convenio en la actividad privada puede decirse que hubo una tenue mejoría. Pero en el resto -empleados públicos, trabajadores en negro y beneficiarios de planes sociales- que representan cerca de las dos terceras partes del total, la situación empeoró o se mantuvo sin variaciones. Una vez más, la práctica se encargó de demostrar la falacia de la teoría del derrame. La copa se fue llenando cada vez más pero como no hubo políticas públicas dirigidas expresamente a la distribución, no hubo atisbos siquiera de derrame. La convocatoria por parte del gobierno al Consejo del Salario, se agotó en un acto gestual que se desvaneció a mitad de camino.
Esto explica la parálisis en que cayera el mismo a poco de andar, acosado por las presiones del sector empresario que se resiste a perder los márgenes de rentabilidad que le genera la abundante mano de obra barata disponible y sin perspectiva de poder cumplir el objetivo para el que fue creado, en virtud de la ausencia de un proyecto político del gobierno que tenga como prioridad la reactivación de la demanda interna ,fortaleciendo el poder adquisitivo de los asalariados. Por el contrario, cuando en la mayoría de los acoso y, a costa de duros conflictos, apenas se empieza a recuperar parte de lo perdido con la pulverización de ingresos de la devaluación, ya se empieza desde los grupos de poder a agitar el fantasma de la inflación.
A pesar de todas estas limitaciones, no dejó de ser un hecho positivo la reactivación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que transcurrió en estado de coma vegetativo todo el gobierno menemista y los que le siguieron. En primer lugar, porque forzó un acto de reconocimiento a la Central , al haber sido convocada a integrarse al mismo pese a las presiones en contrario de la cúpula cegetista. Lo cierto es que hay que reconocer que supimos desempeñar un papel relevante, que nos brindó la posibilidad de definir una orientación distinta a la que presentó el tándem empresariado-CGT, que finalmente contó también con la bendición de las autoridades del Ministerio de Trabajo.
La otra virtud de esta convocatoria fue la de haber generado un escenario público, de alta exposición mediática, en el que se sinceraron las posiciones de unos y otros.
En las sesiones del Consejo del Salario los representantes del capital más concentrado, a través de los voceros de la UIA, plantearon que los salarios sólo podían crecer de acuerdo a los niveles de productividad de cada sector y región. Esto implica mantener inalterada la desigualdad distributiva pre-existente. Lo mismo se plantea a nivel del Estado: la ley de Responsabilidad Fiscal, que limita la expansión del gasto en cuentas corrientes, constituye un instrumento destinado a sostener la injusta matriz de distribución heredada de la lógica del ajuste perpetuo.
Está claro que aquellos que plantean que "primero hay que crecer y luego distribuir", ocultan detrás de esas palabras la voluntad de sostener la desigualdad que ha regado de pobreza a un país rico como el nuestro. Siete millones de niños y jóvenes debajo de la línea de la pobreza, constituyen el resultado ominoso de este tipo de política. El gobierno se mueve en este terreno en direcciones contradictorias. Por un lado, instala la discusión salarial dentro de la agenda pública impulsando iniciativas como la convocatoria al Consejo del Salario o la aprobación de la Ley de Incentivo que incrementa el monto anual a distribuir. Por el otro, disciplina a la mayoría oficialista detrás del voto de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en línea con las imposiciones del FMI y con la de los sectores del poder económico concentrado. Este es el nudo de la contradicción que tenemos que desatar. Hay que garantizar ingresos universales para los que no tienen empleo, de modo que no haya ningún hogar impedido de acceder a la canasta alimentaria. Pero hay que ir hacia una solución de fondo. No hay salidas si no se generan fuentes de trabajo con salarios que hagan posible elevar el nivel de vida de nuestra población, buscando políticas progresistas en la distribución de la Renta Nacional para activar el mercado interno a través de dotar de mayor capacidad de consumo a los sectores populares.
En ese camino así como valoramos en positivo la preponderante presencia de las organizaciones de la CTA al frete de la mayoría de los conflictos, no podemos dejar de señalar como una carencia nuestra la incapacidad de vertebrar una acción que trascienda los límites sectoriales y genere la unificación de las movilizaciones en torno a la disputa por la recuperación salarial. Por supuesto, que esto no se resuelve con voluntarismo ni formulando consignas que después quedan en el enunciado. Esto requiere plantearnos como prioridad avanzar en la construcción organizativa que nos permita tener mayor presencia y credibilidad como una fuerza real y, no sólo, como una referencia testimonial. Está fuera de discusión que si no damos pasos en ese rumbo, será muy difícil desarrollar presencia en un escenario en el que los sectores más poderosos del empresariado y la CGT van a tratar de instalar bajo tutela del gobierno un escenario de pacto social que garantice, sin grandes variantes, la continuidad de la actual situación.
Es por ello que en la presente etapa debemos formularnos el desafío de intentar ser capaces de dirigir nuestra intervención a construir prácticas que nos permitan avanzar en la disputa por el consenso social, para transformar las demandas de la clase trabajadora en políticas públicas que apuntalen otro modelo distributivo de la renta y de los bienes sociales, como educación y salud.
Esto significa disputar el intento de restaurar las alternativas pactistas del sindicalismo tradicional asociado al viejo esquema de poder de corte conservador. La CTA debe formularse la necesidad de recuperar protagonismo para expresar una propuesta de articulación y de formulación de compromisos sociales con aquellos sectores de la sociedad que sí pueden contribuir a la transformación del modelo económico impuesto por el neoliberalismo. En este punto el dilema para la CTA no puede ser oficialismo u oposición, puesto que planteado en esos términos quedaos entrampados en una falsa contradicción. En el actual contexto político la autonomía debe ser el eje orientador de la acción de la CTA. O sea, apoyar aquellas políticas y medidas que -promovidas o no por nosotros- respondan a los intereses históricos de los trabajadores y sectores populares. Ser críticos y enfrentar las iniciativas del gobierno que entren en contradicción con nuestros intereses.
Del mismo modo, la contradicción del escenario que muy probablemente se nos plantee en lo inmediato en relación con el acuerdo UIA-CGT, no puede ser pacto o no pacto. El tema es con qué contenido y en función de qué intereses. La CTA debe evitar, a toda costa, el riesgo del aislamiento. Esto sería igual a desandar el camino que trabajosamente construimos con el FRENAPO, que marcó el pico de nuestra política de construcción de alianzas y articulaciones con otros sectores sociales. Nosotros debemos reivindicar todos los acuerdos y pactos en tanto y en cuanto sean para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Por eso, aquellos sectores que con nosotros comparten la necesidad de una transformación del modelo económico para sobrevivir a la voracidad de los grandes grupos concentrados, tienen que seguir siendo nuestros aliados naturales.
Cabe detallar en este punto la estrategia de las clases dominantes. Su objetivo es fomentar minorías y desgajamientos sociales que entren en disputa entre sí. Siempre es bueno recordar que la intervención del poder actúa por lo menos en tres sentidos:
1- La Atomización de la sociedad en grupos de escasa capacidad de poder.
2- La orientación de esos grupos hacia objetivos exclusivos y parciales, que no susciten adhesión.
3- la anulación de su capacidad negociadora para no celebrar pactos.
Para lograr estos objetivos se debe impedir que se creen espacios de convergencias a través de objetivos que puedan exceder las demandas sectoriales de cada grupo. Se trata de impedir la construcción de potenciales acuerdos o alianzas. La sociedad deja de ser comprendida o analizada en forma abarcadora, se impone el logro de lo concreto inmediato, aún a sabiendas de que el costo sea el de más fractura en el campo propio. Se fomenta la cultura del naufragio, del sálvese quien pueda, que descarta la construcción efectiva de solidaridades que colinden con la disputa en términos de sistema. Se exacerban las contradicciones y se licúan las posibilidades de espacios de encuentro para cualquier tipo de solución colectiva.
De potenciarse un escenario de esta naturaleza, la sociedad podrá exhibir grupos sociales pero aislados entre sí, organizados pero que han perdido capacidad de establecer alianzas o pactos, que al no desarrollar formas de cooperación entre sí se encuentran totalmente imposibilitados de construir consensos que disputen la hegemonía política. Por el contrario, grupos o sectores que se embarcan en una guerra sorda que profundiza el aislamiento y los torna vulnerables al hostigamiento de los núcleos dominantes.
La desarticulación es la llave principal de las políticas de las clases dominantes. La fragmentación social se produce, a veces como consecuencia de la propia inercia excluyente del darwinismo económico. Pero muchas otras veces se construye desde la fábrica de consensos de los medios de comunicación, moldeando la subjetividad popular en la cultura de la puja de intereses. Lo que conocimos como la lucha de pobres contra pobres. Los nuevos movimientos - mujeres, desocupados, ecologistas, etc.- al igual que los tradicionales como los sindicales, enfrentan el desafío de encontrar una nueva manera de expresar las demandas y de hacer política recomponiendo el tejido social, buscando articulaciones horizontales que agreguen fuerzas. De lo contrario, pueden agotarse en un ensimismamiento corporativo que esterilice la capacidad de cuestionar políticamente el modelo, por más combativos que puedan sonar los discursos.
La aparición en el escenario social de numerosos grupos con posiciones críticas o actitudes beligerantes frente a la situación imperante, no tiene por qué alentar expectativas triunfalistas. La práctica enseña que sumar minorías, por lo general no es lo mismo que constituir mayorías.
Por otro lado, los fracasos de la izquierda o la eventual crisis de la experiencia del PT en el gobierno, agregaría un nuevo y oneroso precedente, contribuyendo a debilitar el sentimiento anti statu quo. Produce un deterioro objetivo y subjetivo del horizonte de esperanza con lo que adquieren mayor influencia las ideologías del conformismo, del individualismo y el arribismo.
