Una gran novedad es la amplitud del arco que suscribió el documento: además de los organismos de derechos humanos que habitualmente impulsan estas iniciativas, se contó con el apoyo de un amplísimo arco político. Prueba de ellos fue la presencia en el recinto de dirigentes nacionales de los partidos mayoritarios.
Así pudo verse junto al presidente de la Comisión por la Memoria Hugo Cañón y a la histórica dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, a Ricardo Gil Laavedra, Ricardo Alfonsín, Felipe Solá, Margarita Stolbizer, Aníbal Ibarra, Ariel Basteiro, Victoria Donda, Cecilia Merchan, Eduardo Macaluse, Martín Sabatella, Griselda Baldata y Francisco Nenna, entre otros.
La misma amplitud revistió el apoyo sindical, a tal punto que el documento fue firmado tanto por referentes de la CTA como Hugo Yasky, Víctor De Gennaro y Víctor Mendibil como por el titular de la CGT Hugo Moyano.
Durante el mediodía del martes 29 de diciembre, se presentó públicamente en una conferencia de prensa el documento titulado Acuerdo para la seguridad democrática. La iniciativa de redactarlo y convocar en su apoyo a un amplio arco político y social, surgió del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria cuando en la provincia de Buenos Aires se gestó un fuerte movimiento que logró detener en la Legislatura bonaerense dos normas impulsadas por el gobernador Scioli: un nuevo endurecimiento de la legislación penal y un código contravencional que le otorgaba poderes discrecionales a la policía provincial.
Se iniciaron por entonces una ronda de contactos con otros organismos de derechos humanos, especialistas en políticas públicas de seguridad, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos. Así logró consensuarse el documento que se leyó en el Congreso Nacional.
El apoyo logrado excede largamente lo habitual: además de los actores sociales que suelen suscribir este tipo de documentos, el acuerdo fue firmado por dirigentes de las dos centrales sindicales, rectores y docentes de universidades nacionales y dirigentes nacionales de los partidos políticos mayoritarios.
Entre ellos cabe mencionar a: los diputados nacionales Remo Carlotto (Frente para la Victoria), Adriana Puiggrós (FPV), Héctor Recalde (FPV), Agustín Rossi (FPV), Ricardo Alfonsín (Unión Cívica Radical), Ricardo Gil Laavedra (U.C.R.), Gerardo Morales (U.C.R.), Horacio Piemonte (Coalición Cívica), Felipe Solá (Peronismo Federal), Fernando Solanas (Proyecto Sur), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Vilma Ibarra (EDE), Martín Sabatella (EDE), Victoria Donda (Libres del Sur), Carlos Heller, (P Solidario), Ariel Basteiro (Partido Socialista), Jorge Rivas (Partido Socialista); los especialistas Eugenio Zaffaroni (Suprema Corte de Justicia Nacional), Carlos Arslanian (ex Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires), Marcelo Saín (ex Jefe de la Policía Aeronáutica), Luis Lugones (primer ministro civil de Seguridad de la Provincia Buenos Aires), Alberto Binder (integrante de la gestión de Luis Lugones), Mario Coriolano ( Defensor de Casación); Federico Schuster (decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.), Jaime Sorín (decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la U.B.A.), Fabián Salvioli (Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata), Gustavo Lugones (rector de la Universidad Nacional de Quilmes); Hugo Moyano (CGT), Hugo Yasky (CTA); Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S.
Crónica y balances
Con el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional como marco, y bajo un inmenso cuadro que representa Julio Argentino Roca presidiendo la inauguración de las sesiones legislativas de 1885, Horacio Verbitsky -en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales- hizo una introducción al documento, cuyos puntos centrales son: El Estado frente al problema del delito, el engaño de la mano dura, la responsabilidad del Estado, la concepción integral de la seguridad, la gestión democrática de las instituciones de seguridad, la desactivación de las redes delictivas para reducir la violencia, la gestión policial no violenta en el ámbito público, el papel de la justicia, el cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho.
Horacio Verbitsky expresó: "El problema que atraviesa toda la sociedad se ha agravado a lo largo de los años por la instalación de políticas fallidas e ineficaces. Admitida la gravedad del problema se impone la necesidad de un acuerdo amplio, plural de fuerzas políticas y sociales que converjan desde una perspectiva democrática. Por esto desde las organizaciones convocantes y los especialistas en la materia que además tienen el significativo plus de haber ejercido la gestión pública, hemos decidido armar una agenda conjunta para la seguridad democrática que nos proponemos llevar a los distintos poderes".
Por su parte, Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, precisó: "El documento es una síntesis de acuerdo democrático en temas de seguridad que significa un avance, un punto de partida muy importante para poder generar una mirada constructiva de lo que es el tema. Los abordajes que se hacen apuntando a la violación del sistema institucional, proponiendo volver a quebrantar las normas institucionales, por fuera del espacio del estado de derecho. Generalmente se reclama mano dura, se reclama políticas de seguridad favoreciendo las lecturas mafiosas del dominio policial, con una autonomía que escapa al poder político. Este documento intenta generar una propuesta diferente de políticas de Estado en materia de seguridad que son absolutamente necesarios. No nos podemos permitir que despues de dos décadas y pico de existencia democracia, no tengamos una respuesta a la problemática. Es un inicio, no se agota acá, que va a seguir trabajándose con la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo presente la presidenta de la comisión, y ya ha habilitado esta vía para trabajar consensuadamente. Además, el ministro de justicia Alak se comunicó haciendo una convocatoria para el día de mañana, justamente para poder continuar con este abordaje".
En cuanto a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, Cañón indicó: "En general lo que vemos son repeticiones, volver a acudir a los atajos por derecha para solucionar el tema de seguridad, incrementando la violencia institucional. Hubo una reforma procesal muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero luego vino la política de Ruckauf de "meter bala al delincuente" y las modificaciones de las leyes de excarcelación, lo que revirtió todo el proceso transformador que se había iniciado a fines del ´97. Desde entonces, ha habido pocos espacios y momentos en los cuales se ha ido en la dirección correcta. Ahora estamos como en un pantano del que debemos salir. El documento precisamente apunta a reprobar los atajos que hoy en día se tratan de tomar, como la reforma del código contravencional que están tratando de impulsar en la provincia de Buenos Aires para dar mayor autonomía a las polícias o el discurso que habla de utilizar los cuarteles para encerrar a los jóvenes. Una desviación de lo que es la Ley De Seguridad Interior, que establece muy claramente los ámbitos de competencia de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Creo que así como las fuerzas armadas fueron ordenadas adecuadamente para adaptarse al sistema democrático, lo mismo no ha sucedido con las fuerzas policiales".
Fuente: Comisión Provincial por la Memoria
