Insólitamente, la orden de Melazo se funda en una denuncia presentada en junio de 2006, por parte de un particular sin relación con los terrenos. Desde Ferrobaires, dependiente del Ministerio de Infraestructura provincial, ya se habían presentado ante el juez en febrero pasado dejando constancia de que el Estado no pidió ni propicia el desalojo, con la firma de la propia ministra Cristina Alvárez Rodríguez.
Según los vecinos, la insistencia del juez Melazo se debe a que el asentamiento es lindero con un country de la zona, y desde hace un tiempo se construyen lujosas residencias particulares calle de por medio, incluyendo las de dos conocidos jueces de La Plata. Muchos pobladores atribuyen la medida a una fuerte presión de estos “nuevos vecinos” con importante peso socioeconómico en la ciudad, para expulsarlos y transformar el barrio en una zona exclusiva, sin cabida para los sectores populares
Se trata del tercer intento de desalojo que sufren estas familias. En las ocasiones anteriores, la orden llegó en un marco de de amenazas y hostigamiento hacia la gente por parte de la policía, cortándoles la luz y el agua, ejerciendo distintas presiones por las que algunas familias terminaron desarmando preventivamente sus casas y abandonando el predio ante la posibilidad de represión.
El último intento, en febrero pasado, había sido frenado luego de una vigilia llevada a cabo por los vecinos y distintas organizaciones sociales, y un recurso de apelación interpuesto por abogados de la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez.
