Además, exige que las empresas se abstengan de efectuar cortes en los suministros de electricidad y gas natural, a raíz de la falta de pago de las facturas emitidas a partir del tarifazo.
Así mismo, se instruye al Gobierno para que las empresas no puedan percibir los importes de las facturas calculadas con aumento.
También obliga al Gobierno a atender la situación socio-económica de cada uno de los usuarios, y exige que el valor de las tarifas se refiera a los costos locales reales de producción de energía eléctrica y gas, debidamente verificados por el Estado.
Por último, invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la aplicación de esta Ley.
