Una delegación de la CTA encabezada por Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales y dirigentes de la central de la Capital Federal y Buenos Aires, concurrirá mañana a la 15, a la sede de la Embajada de Honduras en la Argentina, ubicada en la avenida Callao 1564 para entregar un petitorio en repudio al golpe de Estado ocurrido el 28 de junio con pasado.
Esta medida se enmarca en la decisión del Consejo Ejecutivo de la CSA, formado por miembros de las principales centrales sindicales de las Américas, que la reunión sostenida la semana pasada en San Pablo, decidió una serie de medidas de solidaridad y repudio con los hechos acontecidos en Honduras en las últimas tres semanas.
La CSA condenó de forma contundente, en una resolución oficial, la asonada cívico-militar que derrócó al presidente constitucional Manuel Zelaya y decidió realizar una misión de solidaridad con el pueblo hondureño con la participación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y las Federaciones Internacionales. Esa misión arribó al país centromericano el domingo pasado, en la noche, y está integrada por Enrique Daza, de la Alianza Social Continental (ASC) y Víctor Torres, de la CSA.
El documento que la CTA entregará en la Embajada de Honduras y que cada central sindical realizará en las sede diplomáticas de sus respectivos países, también se girará a los gobiernos de la región.
“Este golpe militar significa un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos, no solamente de Honduras, sino de todos los pueblos de América Latina”, alerta el documento que exige la inmediata restitución en el poder del presidente Manuel Zelaya así como el pleno respeto a la voluntad popular.
También denuncia que sectores del empresariado en Honduras han participado activamente en el golpe “obligando a sus trabajadores a participar” en las marchas de apoyo al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti. Por otro lado, las marchas que exigen “el restablecimiento del régimen democrático, son reprimidas, atropelladas y las personas encarceladas”.
En ese sentido, la resolución rechaza “las amenazas, agresiones y detenciones contra los que se mantienen en movilización contra del golpe de estado”, destacando el hecho de la “invasión y destrucción de la sede de nuestra afiliada la CGT”. “Cualquier salida negociada a la crisis pasa por la restitución en el poder del presidente legítimo del pueblo hondureño Manuel Zelaya Rosales”, concluye el documento.
“En una región que viene poco a poco accediendo a la democracia está el peligro de que el golpe de Estado aparezca nuevamente en nuestra región”, alertó Víctor Báez Mosqueira, secretario general de la CSA. Y relató que Daniel Durón, dirigente de la CTA Honduras, "no pudo venir pero nos mandó una carta explicando que la situación en Honduras es difícil. Se realizaron manifestaciones como nunca antes han habido en el país con la participación de 350 mil personas que resultaron en un muerto, treinta heridos y muchos detenidos”.
“Honduras puede ser un laboratorio, muchos pensamos que esa aventura no iba a durar mucho. Ahora ya lleva un tiempo preocupante y es fundamental pronunciarnos”, enfatizó el presidente adjunto de la Confederación, Julio Roberto Gómez. En tanto que Rafael Freire Neto, secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible, dijo: “Si nosotros perdemos en Honduras la lucha por la democracia en el continente estará más difícil. Lo que está en juego es la posibilidad de profundizar la democracia pos-neoliberalismo en las Américas”.
Censura y ultimátum
A pesar de las agresiones y la posterior expulsión de Honduras de los canales estatales de Venezuela Telesur y VTV, las organizaciones sociales, agrupadas en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, aprobaron incrementar las protestas y movilizaciones para lograr la restitución del orden constitucional y del Presidente legítimo.
Los periodistas fueron secuestrados por fuerzas militares encapuchadas y expulsados de Honduras a través de la frontera con Nicaragua, por lo que tuvieron que ser escoltados por miembros de organismos de derechos humanos y de la OEA para garantizar su seguridad. “siendo escoltados por una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA”.
En ese sentido, Zelaya aseguró en declaraciones periodísticas que le da un ultimátum al gobierno de facto para que salga del poder antes de la nueva reunión de acercamiento prevista en Costa Rica para este fin de semana..
Las tres centrales obreras (CGT, CUT CTH) y los seis gremios de la educación confirmaron la decisión de proseguir la huelga iniciada 24 horas después de iniciada la asonada hasta lograr la restitución de la democracia.
Desde la ASC denunciaron en un comunicado de prensa que "el sábado 11, en la noche, fueron asesinados Roger Iván Bados, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y del Bloque Popular, y Ramón García, activista de Unificación Democrática. Este último, fue bajado de un autobús por desconocidos a eso de las 16 hora local del sábado, en el sector de Callejones, departamento occidental de Santa Bárbara".
