El secretario genral de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), José Rigane, se refirió a la situación de conflicto que se generó luego de que las autoridades de la Cooperativa de Electricidad resolvieran reincorporar a 6 trabajadores a través de la Bolsa de Trabajo de Luz y Fuerza General Pueyrredón.
Además, el lunes a la noche se dio a conocer un comunicado, informando que se retiraba la atención del servicio por razones de seguridad al tomar conocimiento en forma extraoficial que habría personas ajenas al diagrama de guardia trabajando en las líneas de media tensión.
En cuanto a lo que expresó Rigane, hay que mencionar que el dirigente afirmó que se estaba ante "actos absolutamente ilegales", que se pudieron llevar adelante contando con la "complacencia" del Consejo de Administración de la Cooperativa.
Dio lectura al texto de sendas cartas-documento enviadas a la Cooperativa y al Ministerio de Trabajo, rechazando los alcances de esta medida, considerando que "la Cooperativa ha incumplido en forma grosera y abierta con las prescripciones contenidas en la resolución número 1012 de la Secretaría de Trabajo, al proceder a recontratar a trabajadores por la Bolsa de Trabajo por un acta acuerdo inexistente, que está suspendido y cuyas contrataciones fueron extinguidas", dando un plazo de 48 horas para revertir esta situación, bajo apercibimiento de adoptar medidas legales, aparte de haber presentado el viernes pasado una denuncia en el propio Ministerio de Trabajo.
"Tapar la cuestión de fondo"
Acotó el secreario de Organización de la CTA nacional, que "estamos convencidos que esta situación tiene el objetivo de tapar la cuestión de fondo, que es el estado institucional de la Cooperativa, que está al borde de la quiebra, con un pasivo de 40 millones de pesos, con dirigentes que están imputados y procesados, y este mecanismo les sirve para tapar la realidad. Estamos ante una Justicia que después del último allanamiento pareciera que está borrada, porque no ha adoptado ninguna decisión a pesar de todas las denuncias presentadas".
Consideró además que hay una violación del Ministerio de Trabajo de la Nación, que interviene en un conflicto en la provincia de Buenos Aires, y citó como ejemplo el conflicto en la empresa Kraft (ex Terrabusi), donde intervino Trabajo de la Provincia, a pesar de que el caso tomó connotación nacional por su repercusión política.
Además dijo que la reciente resolución emitida por la Asesoría Legal del Ministerio "pasa por resoluciones de rangos superiores, todo en un escenario basado en actos ilegales, que nos llevan a este conflicto, por que los directivos de la Cooperativa tienen la intencionalidad, y en particular Rogelio Adobbati, de tapar la causa penal que lo tiene como imputado".
Agregó que "el problema no es gremial, son todas cuestiones inventadas, y se ha demostrado que están fuera de la ley", acotando que no hay intenciones de parte de los dirigentes y de los asesores de la Cooperativa de resolverlas.
Rigane indicó que "el poder político de turno no adopta ninguna decisión para poner ésto en caja, y no tiene que citar a las partes como si no supiera de que se tratara, como si no tuvieran elementos para actuar en consecuencia. El poder político trata de salvar la ropa sin comprometerse y es increíble ver que están dispuestos a bancar actos nulos y por otro lado están dispuestos a mirar para el costado cuando se habla de personas que están imputadas y procesadas en la Justicia. Esto es una vergüenza no podemos caer en la trampa de ir a hablar con quienes solamente quieren quedar bien".
Respecto de la asamblea que se está convocando para el 30 del corriente desde la Cooperativa, dijo que "no hay puntos que tengan que ver con el estado de situación patrimonial de la entidad. Cito el punto 7, donde se va a considerar la ratificación, corrección o rechazo de lo determinado por la asamblea general ordinaria del 30/11/05 sobre retribuciones a consejeros y síndico de la Cooperativa que trabajan cumpliendo horarios prefijados. Cuatro años después van a tratar ese tema, es una vergüenza. ¿Qué pasa si lo rechazan, van a devolver lo que han venido cobrando hasta ahora? Sin dudas hay una política de distracción".
Fuente:Diario La Vanguardia de Balcarce
