La presentación tuvo lugar en el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata, y contó con la participación de unas 300 personas, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el presidente de la Comisión provincial por la memoria, Hugo Cañón, y el integrante fundador de la misma y actual secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Víctor De Gennaro.
Entre otros datos impactantes, el informe da cuenta de más 11 mil casos de torturas y 116 personas muertas en el Servicio Penitenciario provincial, sólo en el año 2009. “Al 26 de marzo de 2010 se alojaban en las 54 cárceles bonaerenses 26.092 personas”, detalló Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura. “Y en 310 comisarías había 4.040 detenidos, lo que hace un total de 30.132 detenidos. Esta gestión incrementó la cantidad de detenidos en 3.145 personas. El 77 % de los adultos en prisión preventiva. En mujeres, ese porcentaje trepa al 85 % y en jóvenes en institutos de menores, al 70 %”.
Cipriano denunció que en el último año crecieron las detenciones, que “hay una inflación del sistema penal” y que “la mayoría está preso por las dudas”. “Si hubiéramos denunciado esto solos nos hubieran tratado de locos, pero hay tres instancias internacionales que reclamaron que se termine con la tortura en la provincia de Buenos Aires”. Y citando al juez federal Leopoldo Schiffrin, dijo que “la única forma de legitimar los juicios contra la dictadura es metiéndose con las torturas del presente”.
El informe consigna que la cárcel de Olmos continúa siendo el lugar donde suceden más más muertes, registrándose el deceso de 19 personas murieron en 2009. Hay un aumento de muertes por enfermedades, y más del 7% está infectado con Sida. En ese sentido, Cipriano también cargó contra algunso funcionarios judiciales que “no conocen las condiciones de detención y ni siquiera los dejan morir en su hogar” cuando los matan enfermedades que en otras condiciones serían evitables.
También mencionó que las políticas de niñez son “ineficientes”, que hay “serios problemas de aplicación de las leyes de niñez; falta que se aplique la Interministerial, el Observatorio Social, el Defensor del Niño”, así como las instancias municipales, “los servicios locales y consejos locales”. Además, “las leyes no son acompañadas por los presupuestos necesarios”, incluso “se redujeron programas de atención a la infancia” y “faltan de datos e información al respecto”.
Respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, “el 70% de los jóvenes están en prisión preventiva” y “se continúan utilizando medidas de seguridad, de privación de la libertad para menores de 16 años”, que son alojados en institutos que en la práctica “funcionan como cárceles”, lejos de poder trabajar la responsabilidad penal de los jóvenes.
En el plano legislativo, las deficiencias se observaron en que “se insistió con modificaciones regresivas de la ley de responsabilidad penal juvenil y que incluso tuvo media sanción en el Senado y se impulsó un proyecto de contravenciones”.
Cipriano, terminó su discurso con el relato de un pibe que tuvo el coraje de denunciar cada vez que la policía lo torturó, y que finalmente asesinaron en una cárcel de dos puñaladas y por falta de atención médica a debido tiempo.
Depósitos humanos
Pérez Esquivel, presidente del Serpaj e integrante de la Comisión, invitó a quienes critican los informes “que se acerquen a recorrer los lugares de detención junto al Comité para comprobar la veracidad de los datos”. Al mismo tiempo señaló que se observa “un agravamiento de la situación de la niñez”, que los institutos de menores “son depósitos humanos”, y que hay “un crecimiento de los detenidos sin un debido proceso”.
El Presidente de la Comisión, Hugo Cañón, señaló que el objetivo de este informe es que se traduzca en políticas públicas, ya que “la matriz autoritaria todavía está vigente y hay que modificarla”. Para disipar críticas, aclaró que no se trata de denuncias coyunturales, sino de la presentación de un trabajo que se viene realizando anualmente.
El último en tomar la palabra fue Baltazar Garzón, quien señaló que “para que esto funcione, se necesita el compromiso de la policía, el poder político y los jueces”. Asimismo, el juez dijo: “Me he quedado impresionado” y agregó: “no puedo creer que haya personas detenidas en estas condiciones”. “Es gravísimo- añadió- que el poder judicial delegue las investigaciones en la policía. Los políticos y los legisladores tienen cuotas de responsabilidad para asumir”.
Además de por su secretario general, la CTA provincia estuvo representada por el secretario general de la AJB, Hugo Blasco, el coordinador del equipo jurídico y abogado querellante en juicios contra los represores, Marcelo Ponce Núñez, el titular de la CTA La Plata - Ensenada, Carlos Leavi; el secretario general de Suteba, Roberto Baradel y otros referentes de ATE, AJB, APL, SUTEBA y del Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia de Buenos Aires; entre otros. También estuvo Mark Thompson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura, y el director del Observatorio Social Legislativo Norberto Liwsky.
Derechos Humanos ayer, hoy y siempre
“La visita de Garzón le da un marco muy especial”, consideró el secretario general de la CTA, Hugo Godoy, luego de dialogar con el magistrado, “que revaloriza lo que hoy están presentando los compañeros de la Comisión por la Memoria, sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que las estructuras de la policía y el Servicio Penitenciario ejercen cotidianamente en nuestra provincia. Porque es un símbolo de la Justicia que asume su responsabilidad en serio, y de que la problemática no es sólo de ayer, sino también de hoy y de siempre”.
Godoy evocó el primer encuentro de la CTA con Garzón, cuando en 1998 el entonces secretario general de la Central Víctor De Gennaro, se presentó junto a la Audiencia Nacional española junto a actual presidente de la Federación Judicial Argentina Víctor Mendibil y los dirigentes Marta Maffei de CTERA, Alberto Morlachetti del Movimiento Chicos del Pueblo, Juan Carlos Caamaño de la UTPBA y Alberto Piccinini de la UOM Villa Constitución, siendo testigos de la causa y presentando importante documentación probatoria del plan sistemático represivo de la dictadura, con especial énfasis en la complicidad de las grandes empresas con al desaparición de sus trabajadores. “No sólo las de los Martínez de Hoz o los Blaquier, sino multinacionales como el caso de la Ford, donde había funcionado un campo clandestino u otros casos como Astarsa o Mercedes Benz que fueron activos protagonistas en la aplicación del genocidio”, recordó.
El secretario general de la CTA provincia subrayó la importancia que los juicios internacionales por crímenes de lesa humanidad tuvieron “en los años que se habían clausurado en la Argentina todas las posibilidades de hacer justicia contra los genocidas, por el indulto y las leyes de impunidad. Fue un hecho que abrió el cauce donde nos sostuvimos mucho tiempo, y fundamental para que años después, luego de la rebelión popular de 2001 lográramos que se anularan las leyes de impunidad y hoy estemos andando este camino de juicio y condena a los genocidas”.
Marcelo Ponce Núñez, por su parte, también eligió enfatizar que “no se puede perder de vista que los Derechos Humanos se tienen que concretar también hoy”, y consideró que “hay una cuestión de relación directa entre participación civil dentro de la policía, con el manejo de asuntos internos, que propician una mejor calidad del servicio penitenciario”.
“En estas condiciones, como denunciaron hoy, sobran 10 mil personas detenidas, y que actualmente están hacinadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires”, y consideró que “el gobierno tiene que solucionar esta situación”.
En tanto que Carlos Leavi, remarcó que “este informe es imprescindible, no como divulgación sino como material concreto para nuestra práctica política de todos los días, como CTA nos da más elementos para seguir peleando contra todo tipo de injusticias, especialmente las que tienen que ver con la violencia institucional, como cuando detienen a pibes injustamente o desalojan barrios enteros”.
