(Por Eduardo Balan*, para Agencia CTA) El establishment empresario de los grandes medios fue incapaz, a lo largo de estos últimos 26 años de democracia, de gestionar un encuadre legal y democrático para lo que teóricamente es su sector, su rubro dentro del mapa de las industrias culturales en nuestro país.

Con la voracidad y la brutalidad que los caracteriza, nunca fue una prioridad para ellos contar con un andamiaje jurídico avalado por el conjunto de la sociedad. Obturaron ese debate y ejercieron un poder de hecho, basado en la capacidad financiera de sus alianzas con los sectores de poder que deben impedir una democracia participativa (y económica) en la Argentina.

En el ranking de la irresponsabilidad, detrás de ellos vienen las representaciones institucionales que, a lo largo de estos 26 años, se hicieron cargo del poder ejecutivo en nuestro país. En una suerte de complicidad de silencios, mientras las grandes corporaciones avanzaron sobre sectores muy sensibles de nuestra capacidad cultural como sociedad, gran parte de las dirigencias partidarias eligieron el camino de la negociación, mirando para otro lado y suscribiendo pactos de convivencia y connivencia con un esquema autoritario, excluyente y también asesino. Ciertamente podría decirse que gobernaron para ellos.

Tuvieron que ser los movimientos sociales organizados, la rebeldía de miles de trabajadores de la comunicación y la cultura en todo el país, la indisciplinable capacidad de nuestro pueblo, los promotores y promotoras de un conjunto de normas que finalmente nos permitan imaginar la comunicación como un derecho comunitario y no como una mercadería que cotiza en bolsa.

El debate sobre la Ley de Medios, o de Servicios de Comunicación Audiovisual, reinstala la discusión sobre el tipo de democracia que tenemos actualmente y la que entendemos necesita nuestro pueblo para protagonizar un proceso de desarrollo con Justicia Social, distribución equitativa de la riqueza y recuperación de nuestros recursos naturales.

Los 21 puntos peleados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática no hacen más que prefigurar lo que el sentido común aconseja para que las tecnologías, el financiamiento y los instrumentos legales se pongan al servicio de las capacidades comunicacionales y culturales que nuestro pueblo tiene. Y este debate es también la prueba de la impotencia política con que los grandes empresarios de los medios (y las dirigencias políticas tradicionales) han abordado este tema.

Estamos saboreando este triunfo con la certeza de que tampoco vamos a permitir alentar a los monopolios de la telefonía y de que, además, también vamos a resolver más temprano que tarde el crimen del Hambre en la Argentina, ese genocidio cultural, con la implementación de un Salario familiar universal y la asignación de $ 300 para los hijos de todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.

Otro tema en el que los grandes empresarios mediáticos y las dirigencias políticas tradicionales muestran que lo que les molesta no es una u otra ley, uno u otro candidato, sino la existencia misma (comunicada y feliz) del Pueblo argentino.

* Integrante del Plurimedio La Posta Regional; Carta Popular y el Culebrón Timbal

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