La alarmante proliferación de suspensiones y despidos de trabajadores en diversas actividades productivas y de servicios, dan cuenta del riesgo cierto de que las limitadas medidas de reactivación del mercado interno resulten insuficientes, y dejen al sector privado del trabajo librado a meras ecuaciones económico financieras despojadas de la responsabilidad social inherente al ineludible papel social de la empresa.
Sin contar que se trata de un año electoral, el 2009 es un año complejo para la vida económica, política y social de la Argentina: hay una notoria desaceleración de la actividad económica, se expanden los déficit provinciales, la fuga de capitales suma casi 32 mil millones de dólares en los últimos dos años, y el cuadro macroeconómico se completa con una mayúsculo debilitamiento del comercio exterior.
Ese es el marco de nuestra propia crisis, a la que se suma ahora la crisis internacional, y no al revés, porque el agudo desmejoramiento de la situación social arranca a principios del 2007, comienzo de un proceso inflacionario que el gobierno pretendió esconder detrás de falsas estadísticas. Y hoy la estrategia antiinflacionaria se completa con el intento de establecer pautas para la negociación salarial que convalidan la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tuvieron en los últimos dos años y que definen que la distribución del ingreso vuelve a profundizar su regresividad.
El gobierno nacional carece de políticas públicas que transfieran ingresos hacia la mayor parte de una fuerza laboral que, como es sabido, transita por fuera del circuito formal y de los convenios colectivos. En suma, este grado de deterioro social es la resultante del mantenimiento de criterios y procedimientos económicos neoliberales a los que el gobierno prefirió dar continuidad, en lugar de cambiar la matriz económica y modificar el modelo productivo.
La reacción del gobierno ante el avance de la ola recesiva mundial es tibia y, significativamente, ni siquiera intentó capitalizar la crisis mundial que, probablemente, le hubiese permitido intentar una reprogramación de los pagos (sin recargo de intereses), y destinar así cuantiosos recursos a la solución estructural de la cuestión social. La referencia comparativa es tentadora: mientras Ecuador intenta ese camino pensando globalmente en la deuda latinoamericana (y ordenando investigar su propia deuda), la Argentina afronta el riesgo del anunciando que pagará todo lo que le debe al Club de París. El gobierno debe actuar de modo que, en ésta instancia de crisis generalizada, el Estado sea el garante confiable del mantenimiento de las fuentes de trabajo, regule sin fallas el cumplimiento de las leyes laborales y ejerza con rigor su papel de policía para evitar desviaciones y manejos arbitrarios de los subsidios, un tema que le ha valido a este gobierno muchos cuestionamientos al momento de privilegiar los acuerdos con las privatizadas que fueran hechos en los años noventas.
Resguardar el debido equilibrio en la defensa del empleo y la producción es un reto a la capacidad de gestión del gobierno, e implica, que serán trascendentales las acciones y definiciones de la clase trabajadora, para darle un sentido soberano al debate sobre la distribución de la riqueza en el país.
