El Instituto de Estado y Participación (IDEP) de ATE provincia de Buenos Aires, presentó un informe en el que se cuestiona el presupuesto provincial aprobado ayer en la legislatura bonaerense que plantea “el falso y construido conflicto entre reducción de gasto público o endeudamiento” indicaron.

En el día de ayer, diputados y senadores aprobaron el presupuesto 2010 para la provincia de Buenos Aires, que contempla un gasto total de 65.600 millones de pesos, que no prevé aumentos salariales, que contiene un déficit financiero de 5.350 millones de pesos, en el que se destaca una reducción en áreas estratégicas, entre ellas las de niñez, un aumento en seguridad, autoriza nuevamente al Gobernador a tomar fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y a endeudarse con créditos internacionales para financiar gastos corrientes.

Según el informe del IDEP, el Estado Nacional es acreedor del 64% del total de la deuda de la provincia de Buenos Aires para el 2010, que supera los 5.000 millones y plantea una necesidad de financiamiento de más de 10.000 millones. “Lo grave de esto no es que la deuda sea con el Estado Nacional sino que la Provincia enfrenta con más deuda el gasto público, mientras que por un lado no genera recursos propios de los sectores de riquezas concentradas y por el otro permite que la riqueza que genera no vuelva en la proporción que le corresponde. El Estado Nacional que recauda sobre la clase trabajadora y consumidora de la provincia, con esa recaudación le ha venido otorgando créditos al Gobierno Provincial y con los consecuentes intereses” indicaron.

Se denuncia que esto es producto de la marcha atrás del Gobernador en la incipiente reforma tributaria “ante las presiones de los grupos económicos” y que “ante el hecho consumado del presupuesto nacional ya aprobado, se cierra la discusión sobre una nueva coparticipación o nuevo pacto fiscal”.

Para los especialistas, mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la salida vuelve hacia el camino del endeudamiento, y esto constituye justamente el “falso” dilema. En esta línea, la estrategia gubernamental sería que las provincias “altamente endeudadas salgan a los mercados internacionales en una búsqueda desesperada por conseguir financiación. Y se conviertan, de esta manera, en los embajadores del diálogo que el Gobierno Nacional ha iniciado con el mercado de crédito internacional”.

También explican que “el levantamiento del freno que imponía la Ley de Responsabilidad Fiscal, va en consonancia con lo que está sucediendo a nivel nacional, donde se está a las puertas de reabrir el canje de deuda de 2005. Cuando en ese entonces nos dijeron que no se iba a reabrir ese canje, de hecho la Ley cerrojo imponía esa cláusula, y que el tema de la deuda estaba terminado, nos encontramos con que no solo se reabre el canje, sino que se retomaría el mismo, que lejos de implicar peores condiciones para quienes no entraron en ese momento, les da mejores condiciones”.

“La lógica de estas operaciones muestra claramente que nuestro país está dando los primeros pasos hacia una política recomendada por los organismos internacionales, de reestablecer las relaciones financieras, al mejor estilo de los años 90” señalaron.

Según el IDEP “el remedio de ingresar divisas ante la fuga de capitales constituiría un error, ya que la fuga de divisas responde a un problema estructural de nuestro sistema económico, que al no regular el mercado financiero y no poder convertir los fondos en inversión productiva, responde a la misma lógica especulativa que lo caracteriza profundamente al sistema financiero y productivo de nuestro país”.

El informe afirma que con estas medidas el Gobierno Nacional trata “de sacarse de encima el escollo de la situación provincial, dejando que la Provincia se endeude en otro circuito, a fin de no hacerse cargo de lo que es co responsable junto a las autoridades provinciales”, además de “seguir mostrando predisposición a aceptar condiciones y recomendaciones que le permitan continuar en el G20, junto al FMI y en el circuito monetario internacional. Ya que se opta por esta apertura y no por replantearse el proceso económico, captar las rentas extraordinarias y estructurar un nuevo orden económico”.

Viejas estructuras políticas, económicas y sociales

Este presupuesto autoriza a contraer deudas y depositar títulos en el mercado por cerca de un total de 9.000 millones de pesos “a esto hay que sumarle lo que ya la provincia tiene de deuda acumulada, que oscila en cerca de 46.000 millones de pesos”.

El ejecutivo dice que la mayoría de este endeudamiento irá destinado a obra pública y planes sociales, “lo raro es que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, siendo uno de los más bajos en la Provincia junto al de Salud, presentaba a mitad de año una ejecución solo del 38 % de la asignación para los programas y planes” señala el documento, al tiempo que indica que “hoy las organizaciones sociales están exigiendo el cumplimiento por la falta de pagos de becas y subsidios, y a su vez los proveedores también reclaman una deuda importante con el Gobierno”.

En ese marco se denuncia que “el presupuesto se vuelve insignificante y no funciona como herramienta distributiva, cuando la mayor parte de los recursos están por fuera del presupuesto y manejados discrecionalmente. (...) Cuando estos actores no solo no toman medidas de fondo que cambien el rumbo, sino que por el contrario ponen todos sus esfuerzos en volver a vertebrar las viejas estructuras políticas, económicas y sociales, esto a través de perpetuar el antiguo sistema político, preservar el modelo sindical tradicional, instaurar políticas sociales que no buscan terminar con la pobreza sino perpetuarla y mantener el sistema económico especulativo”.

Finalmente, se invita a las organizaciones sociales a dar el debate estructural ya que “no podemos dejar que le firmen un cheque en blanco a ningún gobierno que se diga democrático, y esto se agrava con un gobierno que no puede justificar los compromisos que ha asumido y no ha cumplido, que intenta perpetuar lo peor que supieron conseguir, que tiene una deuda monetaria acumulada que representa la mitad de la deuda total consolidada de todas las Provincias, y que tiene la peor de las deudas sociales, que es con los sectores más vulnerables y en especial con las niñas y niños de la Provincia de Buenos Aires, a los cuales desampara y abandona y la única política que está dispuesto llevar adelante para con ello es penalizarlos”.

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