Desde hace dos años, cuando los vecinos de las calles 141 entre 472 y 478 se enteraron de que los intentaban desalojar, la CTA Regional La Plata- Ensenada y el Foro por los Derechos de la Niñez comenzaron a trabajar con la problemática y se lograron frenar más tres intentos de desalojo. Se trata de un caso emblemático por la magnitud de la injusticia y la convivencia entre distintos poderes políticos en función del lucro.
Carlos Leavi, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional La Plata-Ensenada, explicó que “estas familias ocupan los terrenos desde hace más de veinte años. Habíamos llegado a un acuerdo con el propietario de los terrenos que es la empresa Ferrobaires y estábamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura en la relocalización de los compañeros. Sorpresivamente el juez Cesar Melazzo, ordenó el desalojo y, ahora, no ha querido recibir hasta ahora a ningún dirigente de la central, los que venimos desde hace tiempo colaborando con las familias para que puedan solucionar su situación”.
Respecto del desalojo, Leavi aseguró que fue “absolutamente violento. Entraron a las casas cuando los jefes de familia ya se habían ido a trabajar y estaban solo los más chiquitos, en algunos casos con las madres o alguna vecina. Porque muchas de las mujeres trabajan en tareas de limpieza por hora. Vinieron con camiones para llevarse las pertenencias. Lo curioso es que habría que preguntarle al juez a donde se llevaron los pocos bienes de esas familias. Nosotros estamos trabajando en la reubicación, todo estaba planificado. No sé, el juez pensará dejar a toda esta gente en algún terreno baldío, a la intemperie. Yo me pregunto, ¿Qué harán los pibes cuando vuelvan de la escuela y encuentren que su casa ya no existe. Nuestra prioridad es encontrarles alojamiento. Ver que no se separen las familias. Primero hay que salir de esta emergencia. Jode ver a la gente de enfrente, esos del country, que hasta ocupan una calle pública, seguros de que nadie piensa en desalojarlos porque en ese barrio caro viven empresarios, funcionarios, legisladores”.
Claves del conflicto
• El desalojo lo ordena un juez por el supuesto delito de “usurpación”, sin embargo hay familias que viven allí hace más de 20 años, no hay delito.
• La denuncia la realizan “vecinos” de la zona, que alegan “desvalorización de sus terrenos lindantes”, y hasta “peleas entre perros” y “basurales que molestan al medioambiente”. Se trata de una zona en creciente expiación inmobiliaria, también la llaman “Barrio de los jueces” porque en sus inmediaciones poseen propiedades el Juez Atencio y el Juez Blanco, entre otros.
• Los terrenos son propiedad de la empresa Ferrobaires, que depende del Ministerio de Infraestructura. Las familias que fueron desalojadas comparten los mismos terrenos de Ferrobarires que el country Gran Bell, en donde viven varios funcionarios y diputados.
• La empresa Ferrobaires, dueña de los terrenos, firmó un convenio con los vecinos en donde les sede el lugar hasta septiembre, cuando debería encontrarse una solución definitiva.
• La tarde del desalojo, que se produjo de manera sorpresiva y violenta sin notificación previa, el juez en lo Contenciosos Administrativo, Luis Arias, hizo lugar a un habeas corpus presentado por los abogados de la CTA que representan a las familias para impedir el desalojo. Sin embargo, y pese a que el Juez se hizo presente en el lugar, el jefe del operativo se “sublevó” y no acató la orden.
La solidaridad
La orden era clara: expulsar a la gente “pobre” del lugar lindero al country. Esto, al tiempo que los rumores hablan de una próxima “expansión del barrio cerrado sobre esos terrenos”.
Mientras, las familias asistieron con resignación a la destrucción de sus viviendas, como “si fuéramos delincuentes”, “qué hicimos nosotros de malo”, “si vivimos acá hace muchos años”, “cuando justo había terminado de hacer la instalación eléctrica”, eran algunas de las preguntas que se hacían durante estos tres días de angustia. Como si eso fuera poco, lo que quedaba de sus cosas (muchas se destruyeron con el violento desalojo) fueron enviadas a diferentes depósitos que permanecieron cerrados durante el fin de semana y la gente se quedó desde el viernes “con los puesto, ni siquiera pudimos hacernos de una muda de ropa, yo me quedé en hojotas y ya siento el frío” indicaba Carmen mientras compartía un mate en la Escuela.
Las imágenes en la Escuela Nº 92 son las que verdaderamente enseñan: una Directora que cocina, que contiene, que organiza las aulas para ubicar los colchones, algunos docentes del SUTEBA La Plata que ayudan con lo que se necesita; los compañeros y compañeras de ATE que están cada día atendiendo a los chicos y sus madres; dos médicos que llegaron al lugar para atender a las personas enfermas; la CTA, el Foro por los Derechos de la Niñez, y la misma voluntad de la gente que “aguanta”, porque “tenemos que estar unidos”. Y el dato para destacar, funcionarios del Ministerio de Infraestructura que participan de las asambleas, que también colaboran con lo necesario.
Pese a tanto aparato burocrático estatal, que lejos de solucionar los problemas a su pueblo, en la mayoría de los casos se enfoca en función de los negociados de algunos, solo con la solidaridad de quienes todavía sienten el dolor ajeno como propio y comprenden la injusticia, se logró garantizar un lugar donde dormir, la comida, y que las familias pudieran aún permanecer juntas.
