Y es que un grupo minúsculo de panaderos, autodenominados empresarios del pan, resolvieron a puertas cerradas y a espalda de los vecinos y clientes elevar el precio del pan a mas del doble. De un peso con veinte centavos a dos pesos con cincuenta centavos.
La arbitraria medida empresarial, que castiga a los que menos tiene, contó con la complicidad de los funcionarios y organismos del gobierno municipal que en vez de salir en defensa de los vecinos de Varela, respaldaron las medidas de ese minúsculo grupo empresarial, según denunció la Central de los Trabajadores Argentinos de Florencio Varela.
Por tal motivo, la CTA de ese distrito -junto a otras organizaciones sociales- intimó mediante Carta Documento al intendente de Florencio Varela, Julio César Pereyra a que interceda en el conflicto y “defienda inmediatamente los derechos (de los vecinos) y convoque al Concejo Deliberante a sesión extraordinaria para tratar la sanción de una ordenanza compensatoria correctiva y ordenatoria favorable a la baja de precio del pan. Además de disponer controles de calidad en la elaboración del pan y vigile su producción elaboración transporte, comercialización y venta al público”.
También, en esa Carta Documento le solicitan al intendente que expulse al empelado agente municipal Antonio Di Constanzo acusado de ser el distorcionador ya que además de ser un funcionario público municipal es el presidente de la Asociación de Propietarios de Panaderías de Florencio Varela que -según la CTA- es el principal responsable de la suba desmedida de precio del pan.
La denuncia de la CTA tomó estado parlamentario tras la reunión mantenida con la Comisión del Derecho al Consumidor de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuyos legisladores le solicitaron al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección de Comercio Interior, que “proceda inmediatamente para subsanar el grave conflicto que afecta a los vecinos de Florencio Varela a partir de la suba desmedida de los precios del pan y sus derivados por parte de la Asociación de Propietarios de Panaderías de ese Distrito”.
En sus argumentos caracterizan el aumento del pan “como una medida arbitraria y desmedida, que no tiene ningún justificativo en cuanto a un posible aumento de los insumos, produce un grave deterioro de la canasta familiar, teniendo en cuenta el carácter básico de este alimento”.
Los diputados provinciales basaron su pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo Provincial en la reforma constitucional de 1994, que incorpora los derechos y garantías de los consumidores y usuarios. En sus argumentos señalan “que se establece una obligación de alcance: La de proveer la protección de esos derechos por parte de las autoridades públicas, en todos sus niveles”.
Asimismo, agregaron “es de destacar la obligación por parte del Estado de promover la constitución de asociaciones de consumidor y de usuario como una forma de incentivar la participación popular y el control social en este tema”.
Sobre este avance, Juan Facundo Vitta, secretario general de la CTA de ese distrito señaló que “el pedido por parte de los legisladores demuestra que existen innumerables herramientas constitucionales en nuestra provincia que el intendente podría promover y no lo hace, o por que no le interesa defender los derechos de los varelenses, o porque tendría otros intereses que no le permiten iniciar ninguna acción para hacer retroceder el aumento del pan”.
