En los últimos meses se registró un importante crecimiento en el costo de vida de los argentinos. En reiteradas oportunidades, desde el gobierno nacional, se repitió que estos aumentos son causados por sectores empresariales relacionados con la producción y comercialización de alimentos. En tanto, estos últimos afirman que las subas se deben a cuestiones estacionales.
Aldo Ferrer, del Grupo Fénix sostiene que "hay productos que sufren una variación en su costo en determinado momento de su ciclo productivo, esto ocurre en todos los países, y de acuerdo a la estación tienen un incremento de hasta un 50%. Ha habido algunos aumentos por cuestiones de época y otros que han tenido que ver más con el proceso productivo como por ejemplo la carne. Esto forma parte de un escenario donde la inflación promedio está demasiado alta, entonces hay que trabajar sobre esos niveles y en el caso de algunos productos puntuales hay que tratar que la situación se mantenga. Pero esto es inevitable, ya que hay problemas estacionales que hacen que se disparen algunos productos, eso no es un indicador de inflación generalizada, si no que es un problema puntual".
En el marco de esta disputa, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) dirigido por Guillermo Moreno, dio a conocer el índice oficial de inflación más alto de los últimos dos años. El organismo, que se encuentra intervenido desde el 2006, reflejó que ésta fue de 1,2% durante febrero y las principales alzas se dieron en carnes, frutas y verduras. Los centros de investigación y consultoras privadas descreen de la información oficial y calcularon un aumento de entre 2 y 2,9 %.
Desde el 2007 los índices se fueron incrementando paulatinamente. El Indice de Precio al Consumidor (IPC), indicador oficial que se utiliza para medir la evolución de los precios minoristas, dictaminó un 8,2 % de inflación anual. En cambio, para las instituciones privadas, el índice rondó el 26,4 %. En 2008, llegó a 7,2 % según estadísticas del INDEC, mientras que para las consultoras superó el 22 % anual, pero la desaceleración de la actividad económica mundial disipó parte de su crecimiento.
El último año para el organismo estatal el índice se ubicó en el 7,7 %, porcentaje que ascendió al 15% para las encuestadoras privadas. De acuerdo a los datos reflejados oficialmente durante los primeros meses de 2010 el índice inlfacionario se ubicaría en el orden del 13%, en tanto que las proyecciones realizadas por el sector privado manifiestan que rondara en torno al 25%.
De acuerdo a la opinión del economista Aldo Ferrer "Argentina está atravesando un período inflacionario de característica inercial, en la cual los sectores sociales han incorporado una proyección de inflación para este año que rondaría el orden del 20%, a pesar de que las condiciones macro de la economía (demanda, oferta, balanza de divisas) están razonablemente ordenadas. Para hacer frente a esta situación se debe contar con un plan integrado que tienda a disminuir esas expectativas con un conjunto de señales muy fuertes. Por ejemplo, solidez fiscal de política cambiaria y de política de ingresos que permita sentar en la mesa a los formadores de precios, trabajadores y empresarios, y lograr así que la sociedad incorpore metas de hipótesis de inflación que vayan en un sendero descendente".
Sectores opositores al gobierno ven a este proceso como una consecuencia de la falta de planificación en materia económica y de estímulo en la inversión. Durante los años en que el Estado tuvo condiciones favorables para tratar las cuestiones coyunturales en material económica, no abordó temas como por ejemplo, el de los costos en el mercado interno. Sostienen que es necesario trabajar para diferenciar lo que son los precios internos de los internacionales en aquellos productos que se comercializan en nuestro país y en el mercado internacional, básicamente alimentos y energía.
El Diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) considera que las causas de la inflación desatada a partir de 2007 son claramente identificables. El legislador comenta que "se trataba de una economía que había crecido en torno al 8 ó 9 % anual desde el 2003 en adelante. En ese marco hubo una expansión de la demanda pero que no tuvo correlato en el aumento de la inversión y de la oferta en cuantía suficiente. Una vez más los grandes capitales en la Argentina aprovecharon la fase de recuperación de la actividad económica para realizar ganancias extraordinarias sin invertir. Entonces se inicia el proceso de suba de precios, que comienza a tener impacto importante durante el 2007".
Lozano afirma que "la inercia es tal, que aún con la actividad económica cayendo hubo 15% de inflación en el 2009", y agrega "lo que paso a finales del año pasado y los primeros meses de 2010 es que como hubo algunos síntomas de recuperación de la actividad económica, comenzaron a subir los precios y a colocarse en el nivel anterior, es decir en los niveles del 2007 y 2008. Rápidamente la economía vuelve al 25% anual de inflación. Lo que se ha visto en los últimos 5 meses es un proceso de aceleración inflacionaria porque fue 1% en octubre; 1,5 en noviembre; 1,8 en diciembre; 2,4 enero y casi 3 en febrero. Con lo cuál hay un proceso de aceleración de precios, que ya directamente está colocando la inflación anual en una taza más cercana al 30% que al 25%".
En pocas manos
El alto grado de concentración que tienen determinados sectores de la economía deteriora la competencia. Para Aldo Ferrer "en algunas cadenas de valores hay posiciones dominantes, que desde luego tienen que ser observadas y reguladas para mantener la competencia. Es necesario que los mercados sean competitivos, por que si no, la corrupción entre intereses privados afectan a los público. Esto es un fenómeno que se da en todas las economías modernas". Estos grupos funcionan como generadores de precios a su conveniencia, y ante la mínima posibilidad de perder rentabilidad ajustan el cinturón de los consumidores en post de no relegar ningún punto de sus ganancias.
Durante el 2009 la rentabilidad de las grandes empresas aumentó un 25,2 por ciento con respecto a 2008. De este total, el 92,5 por ciento correspondió a compañías extranjeras, según se detalla en un informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). Cuando los trabajadores comenzaron a ver un pequeño atisbo de recomposición salarial, los grandes grupos empresariales ajustaron los precios. De esta manera las empresas líderes en sus respectivos mercados, consiguen dar un revés a lo poco que se había avanzado en la redistribución de la riqueza. Sus balances denotan que se están apropiando de una porción cada vez mayor de la renta generada por la economía.
"Los grupos de empresarios alientan maliciosamente el discurso de que los aumentos salariales constituyen el resorte que impulsa el proceso inflacionario que tiene que ver con la existencia de una estructura oligopólica que les permite a las 250 empresas formadoras de precios definir en cada momento de la vida económica del país los márgenes de rentabilidad que de ninguna manera ceden, con lo cual cada vez que hay discusión salarial comienzan a trasladar a los precios los puntos que ellos saben van a tener que ceder en la mesa de negociación" afirma el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky. Y agrega: "Muchas veces los oligopolios han utilizado los resortes inflacionarios que ellos pueden disparar como elementos de presión política para generar situaciones de debilidad institucional que les permiten definir los grandes rumbos de la vida política nacional".
La falta de una legislación adecuada torna muy complicado combatir el entramado tejido por los grandes oligopolios y esto les da la posibilidad de fijar los valores de comercialización de sus productos de acuerdo a su conveniencia, teniendo una total independencia de la estructura de costos. Por ejemplo, la producción de tolueno, que sirve para producir envases, está en manos de un solo productor, la producción de chapa laminada en frio o en caliente, en dos y la producción de pan industrial está acaparada por un proveedor con el 65% del mercado.
"Para combatir estas estructuras" afirma Lozano "es necesario en primer lugar replantear la regulación del mercado de los hidrocarburos y dejar sin efecto los decretos del ex presidente Carlos Menem que garantizan la libre disponibilidad del crudo a las empresas. Segundo, hay que modificar el comercio de granos y toda la estructura de la cadena del sector agropecuario. Se debe trabajar con juntas reguladoras de cada producto o armar una suerte de comercio estatal de granos que garantice el abastecimiento y un precio razonable para los productores diferenciado del precio y de la intermediación. "Hay que ocuparse de la regulación antimonopólica y romper las concentraciones de poder económico que existen, de manera tal de poder vincular lo que es el precio del producto para el productor con el precio razonable que tengan que pagar los consumidores".
Yasky sostiene que "en Argentina no existe una ley que establezca controles a los grupos empresarios y fundamentalmente políticas diferenciadas entre las grandes empresas y las PyMEs. Estas últimas forman parte de las cadenas de valor pero no tienen la posibilidad de formar precios como las grandes empresas. Tampoco existe un organismo que controle la movilidad de los capitales, el envío de las remesas de utilidad de las grandes empresas hacía sus países de origen. Estas utilidades son las que después le impiden las inversiones necesarias en nuestro país como para ampliar la oferta y evitar el cuello de botella inflacionario".
Materia pendiente
Los indicadores surgidos a partir de la intervención del INDEC se alejaron cada vez más de los datos proporcionados por diversas encuestadoras privadas y a los que elaboran algunas provincias. La recuperación de la credibilidad perdida es algo que se reclama desde diferentes sectores, Aldo Ferrer sostiene que "un tema que tiene pendiente el Estado es el de recomponer la confiabilidad de las estadísticas. Con esto lograr una imagen que refleje que el instituto de estadísticas se maneja con absoluta objetividad, sin interferencia del poder administrativo. El problema ya no es si las estadísticas son buenas o malas, si las privadas son mejores que las públicas, si no acabar con cualquier tipo de sospechas".
La ausencia de un índice confiable también es un factor que juega en contra de los trabajadores. Hugo Yasky afirma que "no tener una referencia creíble y además no tener una estadística que pueda constituir una base objetiva para la discusión salarial significa abrir un juego en el que el que tenga más condiciones para imponer simbólicamente el discurso que moldea el sentido común de la opinión publica o el que tenga recursos para pagar fundaciones y equipos que producen estadísticas a medida siempre es el que lleva la ventaja. Que exista el INDEC, es decir, que haya una institución pública que defina estos índices es justamente para evitar que terminen definiendo esas cifras los que tienen el poder económico".
