Legisladores nacionales explicaron ayer en rueda de prensa detalles del proyecto de Reforma Previsional que ya ingresó en la Cámara de Diputados, con la firma de la dirigente de la CTA Buenos Aires y diputada del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Graciela Iturraspe.

Entre las características centrales de la iniciativa, se establece el tan reclamado 82 por ciento para las remuneraciones, pero verdaderamente móvil y atado al valor salarial del trabajador activo de la misma categoría.
También se modifica la estructura de gobierno del Anses, con el protagonismo de los trabajadores y los jubilados, de manera conjunta con el Estado. En este sentido, el texto propone crear el Instituto Nacional de Previsión Social, organismo que asumirá las funciones de la ANSeS y contará con 3 representantes de los trabajadores, 3 de los jubilados y pensionados y uno del Estado Nacional. Mañana miércoles se realizará frente al Congreso una marcha de apoyo a la iniciativa y luego Iturraspe recorrerá el país para contar su propuesta.

El proyecto, que tiene como cofirmantes a Eduardo Macaluse y Verónica Benas (SIxUP); Fernando Pino Solanas, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli y Liliana Parada (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Mónica Fein (Socialismo); Margarita Stolbizer y María Virginia Linares (GEN), es el producto de trabajo de la Secretaría de Previsión Social de la CTA; la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA); la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA); la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA); la Asociación del Personal de Dirección deFerrocarriles Argentinos (APEDFA-CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

Otros de los puntos salientes del proyecto de la legisladora marplatense, son la equiparación del haber mínimo al salario mínimo - lo que implica subirlo de $ 895 a $ 1.500; el establecimiento de la jubilación proporcional a quienes tengan menos de 30 años de aportes y el otorgamiento de un beneficio universal a todos los mayores de 65 años que no tienen aportes. Así quienes a los 65 años acrediten como mínimo 10 años de aportes cobrarán un haber equivalente a la mitad del que le correspondía como jubilación completa, más un punto por cada año que exceda los 10.

El sistema se financiará con el aporte de los trabajadores del 11% y de los empleadores que se fija en el 19% y con los recursos del FGS de la ANSeS.
El proyecto prevé que los nuevos haberes se pagarían utilizando los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
La rueda de prensa Junto a Iturraspe, estuvieron en el encuentro con los periodistas, Solanas, Macaluse y Donda, quienes trazaron en detalle la histórica lucha de los jubilados para revertir esta “deuda histórica que se mantiene con ellos”.

“Consideramos que es el momento oportuno para presentar ante la sociedad, el debate acerca de las bases sobre las cuales organizar la seguridad social para las futuras generaciones de los trabajadores, con el aporte de las distintas organizaciones sociales, políticas y económicas”, indicó Iturraspe.
La diputada destacó además que "se presentaron muchos parches durante años, pero esta vez planteamos una nueva ley que cambiará el estatuto del ANSES, para dar origen a un instituto público no estatal, que devuelva el manejo a sus legítimos dueños, los trabajadores en actividad y los pasivos , con tres miembros en la sindicatura designados por el ministerio de Trabajo y el gobierno".

Según la dirigente de la CTA de la provincia de Buenos Aires autora del proyecto de ley, se propone un régimen previsional público de reparto de tal manera que los recursos del sistema se asignen, prioritariamente, al pago de las prestaciones.

“Luego, de la eliminación de las AFJP, mediante la ley 26425, que sustituye el sistema de capitalización individual obligatorio por un "régimen de reparto" administrado por el Estado, no cambió la lógica de utilización de los recursos, que sigue siendo de capitalización y no de reparto”, afirmaron desde el bloque.
“Se asigna, en este caso, al régimen previsional público un papel residual de lucha contra la pobreza, similar al que le adjudicó la ley 24241”, agregaron.
En este sentido, Iturraspe sostuvo que “el Poder Ejecutivo viene usando los fondos de la ANSES para el pago de la deuda, financiamiento de obra pública, para los negocios privados (créditos a las automotrices) y, ahora, a la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social destinada a aquellos niños que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal, en lugar de aplicarlos al pago de prestaciones que garanticen un beneficio definido (82%) y de la deuda que mantiene con los jubilados por la no aplicación de los fallos judiciales de las Corte, como los casos Sánchez y Badaro”.
El sistema previsional debe organizarse, según reza el proyecto de ley, como toda la seguridad social, “en base al principio de universalidad”.
“Debe garantizarse el derecho de todas las personas, tengan o no trabajo, a la seguridad social, brindando cobertura a todas las contingencias y necesidades contenidas en el Convenio 102 (norma mínima), referidas a la vejez, invalidez o muerte, salud, accidentes de trabajo y enfermedades, empleo y asignaciones familiares”, asegura.

Marcha de apoyo

En tanto, las organizaciones de jubilados y pensionados de la CTA patrocinantes del proyecto de Ley Previsional, presentado por Graciela Iturraspe, han convocado a una concentración que, en el marco de la Marcha 939 de los jubilados, se realizará mañana miércoles 7 de abril a las 15.00 frente al Congreso Nacional.
La manifestación será para reclamar el tratamiento y el apoyo al proyecto, con número de presentación 1418D2010, dando inicio a una campaña nacional para lograr su sanción.

Comentar este artículo