La persecusión a dirigentes sindicales y el desfinanciamiento del sistema público de Salud son los comunes denominadores de diversos conflictos que se vienen dando en el sector, y frente a los cuales se desarrolló la Jornada como respuesta conjunta de los trabajadores profesionales de la salud.
El epicentro de la actividad estuvo en San Miguel, con un acto en el que participaron más de 500 personas reclamando la reincorporación del médico y dirigente de la Cicop Eduardo Barragán, "víctima de un vergonzoso acuerdo entre el tribunal de Trabajo nº 2 y la intendencia de Joaquín De la Torre", según denunció Amor.
En ese distrito, el conflicto se generó cuando 14 médicos del Hospital Larcade (cinco de ellos delegados sindicales) fueron trasladados a otras dependencias y en varios casos también sumariados, suspendidos y demandados penalmente por la Municipalidad local, debido a sus permanentes denuncias por el desesperante estado de ese establecimiento.
Tanto De la Torre como otro intendente bonaerense, Luis Alberto Ghione de San Andrés de Giles, fueron denunciados por la Fesprosa ante la OIT por prácticas antisindicales violatorias de los convenios 87 y 98 de esta Organización, que tienen rango constitucional. En el mismo ámbito, Fesprosa también cursó denuncias contra los gobernadores de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero ante las represalias registradas en esas provincias frente los legítimos reclamos de los trabajadores.
En el caso de Ghione, la situación le motivó una interpelación del Consejo Deliberante que se prolongó durante más de cinco horas, ante la denuncias de "persecución política" que disparó la decisión de esa comuna de no renovar contrato al médico del Hospital Municipal y secretario general de la Cicop en la región, Hernán Rivero.
Acompañado por todo su gabinete, el intendente debió responder frente a los ediles opositores por la situación de Rivero (cuyo despido en diciembre pasado desató un fuerte conflicto que incluyó varios paros y el dictado de una conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo provincial, que también reintegró al médico en sus funciones), pero también sobre su decisión de no efectivizar el pase a planta permanente de becarios de salud, el pago que denuncian "discrecional" de un plus de 600 pesos dispuesto por el gobierno provincial para los trabajadores del sector y por el estado de la obra pública en ese distrito.
En el país
En Santiago del Estero, la persecusión al médico y dirigente sindical Gustavo Cáceres fue el detonante de un paro de 48 hs, una movilización con más de 2000 personas y la renuncia -en solidaridad- del director y todos los jefes de servicio del Hospital Ramón Carrillo, el más importante de la provincia.
La situación de conflictividad ya estaba planteada desde hacía mucho tiempo, dado que en esa provincia se pagan los salarios más bajos del país en el sistema público de salud. "De los 8000 trabajadores del sistema, 5600 se encuentran en condiciones de precarización laboral", detalló el titular de la Fesprosa Jorge Yacowbski, "y ninguno de ellos tiene un ingreso que alcance el salario mínimo fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que es de 1500 pesos argentinos mensuales para el mes de enero de 2010. Más de 4000 enfermeras, chóferes, administrativos y técnicos cobran 660 pesos al mes, valor que según la canasta básica de alimentos pone a estos trabajadores por debajo de la línea de indigencia (pobreza extrema). Entre los trabajadores precarizados tuvimos que lamentar durante la epidemia de gripe porcina el fallecimiento de la médica Carolina Tarchini de 38 años, pediatra de guardia del hospital de niños de Santiago, con tres hijos, que falleció debido a la epidemia y su familia ni siquiera pudo acceder luego a los beneficios sociales del personal de planta".
Los médicos y profesionales de la salud de la provincia le exigen al gobernador Gerardo Zamora abrir una instancia de negociación a la que sistemáticamente se niega desde hace 4 meses, y ya se cumplen 6 años que no hay un sólo nombramiento de médicos de planta. "Todos son contratos de locación, contratos de servicios, subsidios por guardias, todo en la más absoluta precarización laboral, sin cobertura de obra social ni vacaciones ni nada, y sin ninguna seguridad de estabilización”, detalló Yacowbski.
Otra de las provincias donde la situación es crítica es en Córdoba, donde el gobierno provincial respondió con represión y descuentos por los días de paro, llegando a irrumpir en la Asamblea convocada por los trabajadores de la Salud para disolverla, "como si todavía estuviéramos en la dictadura", comparó Hugo Amor.
Para el titular de la Cicop, "la Jornada fue un éxito y también una advertencia para los gobiernos que insisten en seguir desmantelando la Salud pública y precarizar a los trabajadores. Vamos a multiplicar y profundizar las medidas si no hay respuestas".
