“Le planteamos que no puede haber dentro de la policía bonaerense personas que pasaron por los campos de concentración en la dictadura”, relató Carlos Leavi. “Y que si se encuentran policías exonerados por graves delitos trabajando en agencias de seguridad, estas deben ser clausuradas”.
Además del gobernador, de la reunión participaron por el lado del Ejecutivo el ministro de Justicia Pablo Casal y la secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho. A todos se les presentó un petitorio en el que se señala, a partir de elementos que constan en la causa, que desde la desaparición de López en septiembre de 2006 “la policía ha obstaculizado intencionalmente la investigación, realizando las medidas ordenadas por el Poder Judicial de manera formal y solo para evitar las sanciones que acarrearía una lisa y llana negativa. Ha desviado y encubierto líneas investigativas, y ha omitido realizar medidas de prueba que se le solicitaron, en especial cuando éstas involucran uniformados”, a consecuencia de lo cual, la causa “a la fecha no registra imputados, líneas firmes ni calificación del hecho”.
En el escrito también se detalla, en base a los propios datos suministrados por el Ministerio de Seguridad, que aún revisten en la fuerza 9.026 efectivos que ingresaron antes de 1983, habiéndose formado bajo la conducción de los genocidas Ramón Camps y Osvaldo Etchecolaz, entre ellos “casi un centenar cuyo legajo acredita en forma fehaciente que revistaron en centros clandestinos de detención”, de los cuales sólo 36 fueron pasados a retiro después del caso López (se adjunta el texto completo).
Sin embargo, la delegación hizo constar que a estos números falta ponerles nombres y apellidos, y se pidió expresamente un informe detallado acerca de los policías en actividad que actuaron en el período 76-83. Cabe destacar que este pedido no es sólo de los organismos, sino que ya fue formulado por la Justicia y sigue pendiente de resolución por parte del Ejecutivo.
También se observó el detalle de que hasta en los sitios web de la provincia está paulatinamente despareciendo la imagen de Jorge Julio López, situación que fue admitida por el ministro de Justicia Pablo Casal y ante la cual el gobernador aseguró que iba a “unificar un criterio” entre todos los ministerios.
En el balance, para Leavi “la reunión en principio pareció positiva, pero va a serlo realmente si se cumplen los compromisos asumidos y se ve la actitud que reclamamos al Ejecutivo en el esclarecimeinto de la desaparición de Jorge Julio López. Fue importante para la Central que el gobierno entrante tenga claro que no vamos a ceder en la demanda permanente de Justicia, así como recordarle que somos impulsores y querellantes en los juicios a los represores y sus cómplices, ya que el 70% de los desaparecidos eran trabajadores”.
Al finalizar el encuentro, Leavi también manifestó la preocupación de la Central por la situación originada en al planta textil MAFISSA, solicitando que el Ejecutivo no genere ni fomente ninguna situación de carácter represiva hacia los trabajadores.
- Petitorio presentado a Scioli
- texto completo del petitorio presentado al gobernador
