Las organizaciones y personas, que trabajamos a diario para construir esperanza, le decimos a los que intenten avanzar sobre la edad de condenar a nuestros niños y jóvenes con los proyectos anunciados, que somos muchos también los que queremos un país distinto, y en ese sentido nos convocamos a reuniones de carácter urgente para tomar medidas que le pongan un límite a los discursos hipócritas, mentirosos, y electoralistas que lo único que buscan es confundir a la opinión pública y direccionar las políticas hacia una estrategia represiva, discriminadora, de retroceso social y humano.

La seguridad no pasa por más leyes duras ni más presupuesto para aumentar el número de policías y patrulleros, ni ideando nuevas cárceles.

La seguridad tiene que ver con trabajo para los padres: pilar de la organización familiar, salud: presupuesto dirigido a la atención primaria, educación: reinserción escolar para los jóvenes, vivienda: el 50% de los jóvenes viven en estado de precarización.

Hoy el 60% de los niños/as son pobres. Mientras el “HAMBRE” -asesino serial- anda suelto por la calle matando 25 chicos por día; en los discursos electoralistas plantean bajar la edad de punición. Y de ese asesino serial, que es el HAMBRE, que es responsabilidad de los gobiernos anteriores y de este gobierno; de eso no hablan.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires pone énfasis en bajar la edad de imputabilidad, cuando debe aplicar una enérgica política de Asignación Universal para todas las personas menores de 18 años e instrumentar estrategias y presupuesto para la intervención social tendientes a erradicar la desigualdad en todo el territorio provincial.

Es también responsabilidad del Sr. Gobernador llevar adelante la aplicación de la Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez que hace 4 años fue aprobada.

Y Vemos que en los municipios se resisten a implementar los Servicios Locales, vertebrales para atender a tiempo los problemas que atraviesan a las familias en situación de riesgo; negándose en la mayoría de los distritos la conformación de los Consejos Locales (espacio de participación de la comunidad para definir las políticas públicas de niñez). Deficiencia de los Servicios Zonales; inexistencia de la Comisión Interministerial y del Observatorio Social; falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial para abordar las problemáticas de los chicos en conflicto con la Ley; falta de programas para trabajar la responsabilidad penal juvenil; falta de recursos para la ejecución de proyectos; falta de capacitación para los operadores del sistema, entre otras irregularidades.

No sigamos reduciendo los problemas, enfrentémoslos, vayamos a fondo con ellos. No cerremos los ojos comos nos quieren hacer cerrar, con medidas de seguridad, con medidas tutelares dignas de un régimen anacrónico y aberrante como lo fue el Patronato. Nuestros pibes son sujetos de derechos y no objetos de manipulación.

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