Cada una de las marchas, iniciativas y gestiones que la Central ha realizado a lo largo de estos años -en la Argentina y también en el exterior- han insistido en que el reclamo por más libertad y democracia sindical no sólo se refiere al otorgamiento de la personería gremial para la CTA, sino también a la democratización de las relaciones laborales y, principalmente, a la posibilidad de que el conjunto de los trabajadores puedan organizarse libremente para defender sus derechos, tanto los que trabajan en el ámbito estatal como los del sector privado.
Pero es principalmente allí, en las empresas privadas, donde se dan las peores condiciones para la organización sindical. Basta con ver las cifras del propio Ministerio de Trabajo de la Nación: sólo el 12% de las empresas cuentan con delegados sindicales, concentrados en su mayoría en empresas grandes. En el resto no hay ninguna instancia representativa directa. Es que según la ley, si el sindicato con personería gremial no quiere, no hay delegados en una empresa, con la consiguiente desprotección a la que están sometidos quienes intenten representar a sus compañeros.
"No es casual, en este marco, que los voceros del capital defiendan con tanto ahínco en los foros internacionales el modelo tradicional: siempre quisieron sindicatos fuera de las empresas, y en el mejor de los casos, dedicados sólo a fiscalizar el convenio y a brindar beneficios sociales a sus afiliados. Es paradójico: los voceros de la modernidad quieren sindicatos como los de antes", reflexiona Marcos Gabriel Ambruso en su trabajo "Con la personería no alcanza", publicado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA.
Violaciones
El Estado, los grandes grupos económicos, y hasta la propia estructura sindical tradicional, violan cada día la libertad y la democracia sindical. Presentan obstáculos, intimidan y hasta persiguen a quienes intentan desarrollar un plan de acción acorde a sus propios intereses o necesidades. Basta recordar algunos hechos ocurridos el año pasado para entender de qué se trata esta problemática.
El 9 de junio de 2007, los trabajadores de la empresa Aluminio Argentino (ALUAR SAIC), ubicada en la localidad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, iniciaron un paro por tiempo indeterminado para reclamar una recomposición salarial. Es que frente a las extraordinarias ganancias que percibe la empresa, cuya producción se destina en su mayoría a la exportación, y donde la masa salarial significa poco menos del 1% del costo total de la producción, los trabajadores fueron por más. Pero "cuatro días después de iniciado el paro, la empresa despidió a 150 trabajadores. El Ministerio de Trabajo intervino, dictó la conciliación obligatoria y todavía hoy está vigente", recuerda un estudio realizado por el Observatorio de la Central. Sin sindicato, sin protección legal, queda el despido o acatar la decisión estatal, que como en este caso, mantiene en el tiempo las mismas condiciones de injusticia.
Pero el Estado no sólo interviene a través de las facultades que tiene la cartera laboral. También discrimina y persigue. También reprime. Y si no, recordemos algunos hechos. El 3 de mayo de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado nacional, mediante policías de civil, golpeó salvajemente a 70 trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado que intentaban instalar una carpa frente a la Legislatura en señal de protesta por su situación salarial. Y en Santa Cruz, unos días más tarde, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) reprimieron una protesta docente con balas de goma y gases lacrimógenos.
Veamos también un caso más cercano. Los más de cuatrocientos trabajadores del Poder Judicial de Tierra del Fuego lograron una actualización de salarios en enero y se prevé otro tanto para el segundo semestre de este año. Sin embargo, según explicó el dirigente Eduardo Rocha, "no podemos participar de la discusión por salarios por falta de personería gremial. Tenerla es un trámite que lleva de cuatro a cinco años, y esperamos una resolución favorable este año. Porque tenemos muchos afiliados, propuestas, y sobre todo proyectos para mejorar la calidad de vida y de trabajo, pero sin el reconocimiento no podemos avanzar en la lucha".
Las estructuras gremiales también tienen su responsabilidad en estos casos. En junio pasado, los trabajadores de la empresa autopartista Dana, ubicada en la localidad bonaerense de Grand Bourg, denunciaron la intención de la empresa de sancionar al delegado Ramón Leguizamón, quien habría participado en numerosas acciones sindicales junto a sus compañeros. Pero eso no es todo. También contaron que fue el propio Consejo Directivo del gremio que los representa, el SMATA, el que habría decidido la suspensión de los derechos como afiliado de Leguizamón, y propuesto su desafiliación en el Congreso del gremio, lo que dejaba la puerta abierta para que la empresa despida al trabajador. Sin fueros, los delegados quedan a merced de la decisión patronal.
Ley y convenios
La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, fue sancionada en el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) bajo fuertes presiones de las cúpulas sindicales. El modelo adoptado permitió de esta manera la consolidación de ciertos privilegios jurídicos y económicos a las organizaciones ya reconocidas, dificultades legales para el reconocimiento de nuevas organizaciones, y fundamentalmente, la renuncia tácita del sindicalismo tradicional a intervenir en la organización del proceso de trabajo y en las condiciones de contratación. Una derrota anticipada para la batalla contra el neoliberalismo impuesto en los años 90.
La misma indica en su artículo 3 que "las formas organizativas sindicales que, como principio indubitado, deben ser de elección facultativa de las propias asociaciones, deberían permitirle a las mismas cumplir con su función esencial: la tutela del interés de sus miembros, entendido éste como todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y trabajo". Asimismo, el artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresa claramente que "los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes".
"El Convenio 87 de la OIT tiene status constitucional y por ende debe interpretarse cualquier norma de jerarquía inferior desde la óptica de la norma superior. Desde hace mucho tiempo los órganos de control de la OIT vienen sosteniendo la incompatibilidad de la ley 23.551 con este convenio, sustanciado en la enorme desigualdad que generan los ’privilegios’ que otorga la ley a las entidades con personería gremial en detrimento de las ’simplemente inscriptas’, la titularidad exclusiva del conflicto, el monopolio del derecho a nómina (derecho a recaudación de cuota sindical), la tutela sindical (los representantes sindicales no pueden ser despedidos o sancionados si previamente no lo determina un juez)", explica el director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira. Y recuerda que "la Corte Suprema, recientemente, ha resuelto en el ‘caso Simón’ que las interpretaciones de los organismos de control de los tratados internacionales son obligatorios para los poderes del Estado".
Debate caliente
Entonces, ¿por qué la CTA no tiene personería? "Nosotros no tenemos los mismos derechos que la CGT porque somos una Central que cree en la autonomía, en la no subordinación a los partidos políticos, ni al Estado, ni a ningún poder económico", explica Hugo Yasky, titular de la CTA, quien reconoce que "para la mayoría de los trabajadores del país, que no tienen libertad y democracia sindical, este es un derecho escrito en el papel pero no un derecho real".
Además, el dirigente recordó que fue la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la reunión que mantuvo con la conducción nacional de la CTA el pasado 7 de febrero, quien "tiró la pelota a la tribuna, bien lejos. Porque el ministro Carlos Tomada dijo que el trámite administrativo de nuestra personería estaba concluido en esa cartera, que no había nada más que agregar y que ahora restaba solamente una decisión política del Poder Ejecutivo".
"Es como si participáramos del juego de la oca y hubiésemos retrocedido quince casilleros. Pero la decisión de la CTA es defender como un derecho la personería gremial y no creemos que tenga que ser una gracia del Gobierno que se otorga a los que están más cerca o más lejos de su pensamiento", dijo.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), que fue consultada acerca del pedido de la CTA, enfatizó su posición: la personería pertenece al gremio con mayor representatividad y hace falta un proceso de seis meses para ponerlo en discusión sometiéndolo a una votación.
En ese sentido, fue su representante legal y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien explicó públicamente las razones. "No debe otorgarse la personería gremial porque no lo permite la ley de Asociaciones Sindicales. A mí me da lástima que con la CTA estemos en distintos caminos, porque su vocación de representar a sectores sociales, desocupados, cuentapropistas, jubilados y otros, me parece muy loable, pero la ley no permite que tengan personería".
Recalde es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y desde allí también opina sobre el reconocimiento negado y sobre el repetido reclamo de la OIT. "Se puede considerar algunas de las cuestiones que critica la OIT en el Convenio 87 sobre la ley sindical argentina, pero de ninguna forma avalar la personería gremial a la CTA porque eso sería violar la ley. No puede haber dos centrales obreras con personería como se establece legalmente", dijo el abogado laboralista.
Continuará…
"Seguiremos luchando por el reconocimiento de miles de nuevas organizaciones sindicales que, como la CTA, pugnan diariamente por la legalidad que permita que sus militantes no sean despedidos o perseguidos por las patronales explotadoras", expresó Víctor Mendibil, co-secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA) y secretario de Interior de la CTA a nivel nacional.
"Esas estructuras sindicales de la CGT no representan al conjunto de los trabajadores. Hoy hay millones de compañeros con empleo precario o desocupados. Por eso no hay que plantear la unidad de los sindicatos, si no como lo dice la CTA, la unidad de la clase obrera para que organizada y unida trasforme esta sociedad injusta en la que vivimos", concluyó Mendibil.
"El sistema para otorgar la Personería Gremial a una federación o una confederación no requiere medir cuál es la más representativa", planteó el Observatorio Jurídico de la CTA. Explicó que para ello existe un sistema "radial ascendente", que refleja la personería de las entidades de primer grado (sindicatos de base) en las de segundo (federaciones) y tercer grado (confederaciones y centrales). Por lo tanto, estas últimas comprenden la suma de representaciones de sus sindicatos adheridos, y ese sería el caso de la Central.
No hay excusas. O al contrario, cada vez hay más. Lo cierto es que mientras tanto, los trabajadores continúan organizándose, preparando y protagonizando luchas, discutiendo salarios y condiciones dignas de trabajo con sus patrones, afianzando su autonomía. Y aunque no los oigan, están ahí para decir que no habrá una justa distribución de la riqueza mientras no se respete este derecho fundamental para los trabajadores.
En la OIT
La denuncia de la Central ya es conocida internacionalmente gracias a que el "caso argentino" fue tratado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los años 1998, 2005 y 2007. Cada vez, la Comisión de Aplicación de Normas entendió la necesidad de modificar la ley de asociaciones sindicales en la Argentina y adecuarla al Convenio 87. La última vez, el 29 de febrero de este año, la Comisión de Expertos del organismo "urgió al Gobierno argentino a dar respuestas frente a los reiterados reclamos de adecuación de la ley y al pedido de personería gremial de la CTA". Pero aquí nada pasó. Nada se dijo.
Tampoco el Gobierno dio respuestas en la última conferencia anual, realizada a principios de junio en la ciudad de Ginebra. Festejaba que el caso argentino no se tratara este año, pero se encontró con una sorpresa. El vocero del Grupo de los Trabajadores expresó ante todos los presentes su preocupación ante el reiterado incumplimiento argentino. Luc Cortebeeck, titular de la central de trabajadores de Bélgica, manifestó como primer tema la urgencia y necesidad de otorgar la Personería Gremial de la CTA, respetando de esta forma el Convenio 87: "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas", dijo.
Ante la mirada azorada de Noemí Rial, viceministra de Trabajo de la Argentina, Cortebeeck remarcó que a pesar de que se trató el caso el año pasado, y que se hicieron recomendaciones al respecto, no hubo avances ya que el Gobierno no convocó a la Comisión Técnica ni tampoco resolvió el pedido de personería para la Central.
