Luego de leer con detenimiento el 2º Informe de Situación de Trabajadores de YPF (Fonay), del 18 de marzo último, la Agrupación Enrique Mosconi regional Ensenada, Berisso, La Plata decidió dar una respuesta pública al mismo “por la serie de inexactitudes y groseros errores de los acontecimientos sucedidos”.
La organización gremial en contraposición con el informe del Fonay señala que la ley 25.471 (que establece la actualización del valor de las acciones que corresponde cobrar a los ex trabajadores de YPF y Petroquímica General Moscón), “no ata las manos a los gobernantes, ni perjudica a los trabajadores de YPF” ya que “el artículo 1º establece a quien corresponde el pago y el 2º se refiere como se debe pagar, y se encuadra en el artículo 27 de la Ley 23.696, refiriendo como fórmula de pago la misma que se utilizó para pagar a los que cobraron”.
Al respecto Guanciarossa dijo que “lo que modificó totalmente esta ley, tanto en su espíritu como en su instrumentación, fue la decisión política del Gobierno al emitir el Decreto Reglamentario 1077 de 2003, que es inmoral e inconstitucional”. Y agregó: “Esto no es obra de los legisladores, es una decisión política de los gobernantes, que nos dejaron afuera de la ley 23696”.
¿Por qué es inmoral?
A mediados de abril del 2003, producto del bloqueo a la destilería y al polo petroquímico de Ensenada, hubo más de 300 camiones bloqueados. La Coordinadora Nacional fue convocada a una reunión en Casa de Gobierno Nacional, Salón Sur, entre el presidente en ejercicio (Luis) Gioja; el jefe de Gabinete (Alberto) Atanasoff y la Mesa Coordinadora, acompañado por algunos senadores. Después de algunas aclaraciones, se estableció que la propuesta consensuada entre los técnicos, de la Coordinadora y de la jefatura de gabinete, era aceptable para ambas partes 60.000 pesos y la inclusión de PGM y GE dentro del marco de la ley.
El 5 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1077, una traición a lo acordado, que pone de manifiesto que no son políticos, sino delincuentes disfrazados de funcionarios.
¿Por qué es inconstitucional?
El decreto modificó tanto su espíritu como su instrumentación, se hizo otra ley, el Ejecutivo se arrogó per se la facultad de legislar. Por eso su inconstitucionalidad. Cuando los compañeros de Salta, cansados de tanto manoseo y represión, produjeron los hechos conocidos en Refinal, el 26 de noviembre del 2003 en una conferencia de prensa televisada, el ministro del interior Aníbal Fernández, junto con el secretario general de la presidencia Oscar Parrili, anunció que por decisión presidencial, se solucionaba el conflicto con los ex trabajadores de YPF, ofreciendo la suma de 39.500 pesos.
El 1 de diciembre de ese año la Coordinadora fue nuevamente convocada a Casa de Gobierno. El secretario general de la presidencia Oscar Parrili nos informó que la decisión del presidente era solucionar el problema, $39.500 y la incorporación de PGM y GE, "se toma o se deja, no se negocia, última palabra del Presidente". La contestación fue que la Asamblea decidía.
La Asamblea decidió aceptar; sin embargo, en la noche, siete compañeros fueron presos. No hubo festejo; adicionalmente, el ministro de Economía de aquel momento, Roberto Lavagna, nos informó que el anunció presidencial no era oficial, por lo tanto carecía de validez.
Para colmo, cuando se autopromulgó la ley, el Ministerio de Economía sacó la Resolución 736 de 2003 donde se formaba una comisión intergubernamental y representante de los ex trabajadores. Nunca pudimos participar de ninguna reunión. Se comunicaba lo que otros habían decididos. Hubo 6 propuestas económicas realizadas por los técnicos del Ministerio de Economía de 17.000 a 56.000 pesos. Decidieron 23.000. Hasta ésto era mentiroso ya que los bonos tenían un valor técnico que reducía a 17.000 la suma otorgada.
Más engaños
El dirigente de los ex trabajadores de YPF recordó que el caso más evidente fue la presión de parte del Gobierno nacional al juez Bonadio, en la causa penal 8568/99, donde se demostró que la venta de las acciones clase A del Estado Nacional y las acciones clase C de los trabajadores de YPF fue realizada en forma fraudulenta. “Este hizo sobreseer a todos los imputados, tantos gubernamentales como directivos de Repsol-YPF, como así también, permitió la venta de las acciones caucionadas, para volver a pagar a los que ya pagaron, desconociendo groseramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, caso Antonucci”, dijo Guanciarossa. Y agregó: “Todas estas ilegalidades fueron apeladas en la Cámara 2 en lo Criminal Federal, tanto por la abogada Alejandra Dibo como por los fiscales”.
Publicado en el Boletín semanal de FeTERA-CTA.
* Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.
