Así lo señaló Marcelo Ponce Núñez, abogado de la CTA, del Foro por los Derechos de la Niñez, y candidato a diputado provincial por Nuevo Encuentro, en la charla que se realizó ayer en el aula magna de la Facultad de Derecho de La Plata, en donde se habló de la trata de personas, el genocidio y la edad de imputabilidad.

Disertaron Viviana Caminos, Co- coordinadora de la Red Alto al Tráfico y a la Trata de Personas, candidata a diputada nacional por Nuevo Encuentro; Guillermo Guerín, ex funcionario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a concejal en primer término por Nuevo Encuentro en La Plata; Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, candidata a diputada nacional por Nuevo Encuentro; y Marcelo Ponce Núñez, abogado querellante en el Juicio a Von Wernich, candidato a diputado provincial por Nuevo Encuentro. Moderó la exposición Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE y CTA Provincia.

Arrancó la charla Guillermo Guerín, quién consideró que “los Estados suelen ceder las áreas sociales a los que tiene un trabajo o mirada que tienen que ver con los derechos humanos y lo social, justamente porque son interlocutores válidos con los organismos de ese tipo. Y de esta manera los funcionarios se transforman en “lobbistas” de estas posiciones dentro del Estado, y los avances en la materia están relacionados al voluntarismo”.

“Tenemos que aspirar a construir un gobierno que se identifique plenamente con esta mirada” finalizó Guerín.

Por su parte, Viviana Caminos explicó el panorama de la trata de personas en la actualidad e indicó que “La Plata es un lugar de destino en este circuito”. La referente planteó que este tema fue agenda en los medios “no por voluntad del gobierno” sino por una novela televisiva. “No hay condena por casos de trata, ni políticas de asistencia para las personas que logramos sacar del circuito” denunció Caminos.

Según la candidata, se trata de un sistema de esclavización, que tiene que ver con la profundización del capitalismo. Alguno de los datos que presentó, hablan de 4 millones de personas en el mundo en esta situación. Para darse una idea, sería el equivalente de toda la población de La Matanza, Morón, Florencio Varela, Avellaneda, San Martín y La Plata. El 50% son niños. Este negocio, de bajo costo económico y mucha rentabilidad, mueve 32 millones de dólares. Hoy es el segundo delito a nivel mundial.

Para concluir, Caminos dijo que “hay trata porque hay complicidad y corrupción policial, judicial, de funcionarios del ejecutivo como el caso del Intendente de Pergamino, y clientes”.

A su turno, Guadalupe Godoy señaló que “los Derechos Humanos incluyen un concepto más amplio de lo que se ubica. Para hablar de derechos humanos hay que hablar de derechos políticos, sociales, culturales; la lucha contra el genocidio es un aspecto que tiene que ver con terminar con la impunidad”.

“Vemos que hoy hay un retroceso en esta materia, la desaparición de López marca un quiebre, esto no fue una amenaza para los testigos sino un mensaje para aquellos que no tienen la convicción ideológica de continuar con los juicios. Esto favoreció la impunidad. Hoy Estamos en una etapa de defender lo que logramos, solo es posible con el reclamo popular vigente” consideró Godoy.

El último en disertar, Marcelo Ponce Núñez, señaló que “los Derechos Humanos son obligación de los Estados que tiene que otorgarle a los ciudadanos. Por eso los únicos que pueden cometer delitos contra los derechos humanos son los gobiernos”.

Luego de hacer una reseña sobre la historia del perverso sistema de Patronato, Ponce Núñez indicó que “El Estado está obligado a aplicar las leyes de Niñez, que garantizan a los niños, niñas y adolescentes sus derechos, pero hoy no se está aplicando”.

“Respecto a la edad de imputabilidad, la sociedad no garantiza que todos los chicos puedan comer, tener un lugar en donde vivir, poder compartir con su familia, pero luego sí los intenta sancionar” dijo Ponce y agregó que “del universo de delitos que se cometen en la Argentina, solo el 6% corresponde a personas menores de edad. Por lo tanto, es una falacia el concepto que dice que bajando la edad de imputabilidad se termina con la inseguridad”.

“Nosotros desde este espacio decimos que los jóvenes menores de 16 años no pueden ser imputados porque no pueden considerarse plenamente conscientes del hecho que se les imputa, en tanto se trata en su mayoría de jóvenes con todos sus derechos vulnerados. Además, por ejemplo, están todos los estudios en la psicología que indican que la adolescencia se extendió hasta los 20 años. ¿Cómo puede ser que los jóvenes de clase media sean adolescentes hasta los 25 años y los jóvenes que se encuentran en situación de calle hasta los 14, 12 o 10, según los proyectos que están en el Congreso?”.

“Por último, tenemos que ser igualitarios, antes que exigir, tenemos que cumplir como sociedad con proteger y promover los derechos de todos los ciudadanos, y de los niños, niñas y jóvenes en primer término” reflexionó Ponce.

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