De la noche a la mañana, lo que parecía estar oculto y hasta controlado salio a la luz. Cuarenta trabajadores, que sin contrato ni cooperativa mediante prestaban servicio de fileteado en la planta de procesado Nico, de Ortiz de Zárate al 3200, fueron despedidos sin explicación ni diálogo alguno por su propietario, cuando los empleados se resistieron a cortar materia prima de menos de 20 centímetros por los que sólo cobraban setenta centavos el kilo.
Ante el despido injustificado y la precaria situación laboral que padecían, los trabajadores decidieron acampar frente a la empresa e impedir el ingreso y egreso de camiones. Esa medida de lucha pacífica les valió la intervención de la Justicia. El miércoles por la tarde, el titular de la Fiscalía Nº 5, Mariano Moyano, ya había dado la orden de que la zona fuese desalojada, por lo que cerca de ochenta efectivos policiales, incluso Infantería, se apostaron en el lugar.
Al promediar las 22, la desocupación se concretó sin mayores inconvenientes. Fueron los trabajadores quienes decidieron, ante la amenaza policial, correrse del frente de la planta.
Antes de conocerse la orden de, como gustan decir los uniformados, “limpiar la zona”, Moyano envió a los trabajadores una cédula de notificación por una audiencia en las oficinas de mediación penal, a cargo de Sergio Irigoin, para el jueves a la mañana.
Pasó que el propietario de Nico presentó una demanda legal contra los trabajadores que reclamaban por mejor paga y contratación. Esta reunión terminó llamándose a un cuarto intermedio hasta el lunes y según el abogado que representa a los despedidos, Leonardo Martínez Bordaisco, en ningún momento se habló de las condiciones de trabajo. “Se está buscando criminalizar la protesta legítima”, consideró.
Al cierre de esa audiencia, participaron de otra, pero en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. José San Martín, delegado regional de la dependencia de empleo, se comprometió ante los obreros a convocar a las partes en conflicto a una mesa de dialogo para el martes a las 8:30. Sostuvo el funcionario que la situación que atraviesan estos trabajadores no es más que “una explotación total”, por la que no puede culpárselos sino “encontrar canales factibles de solución inmediata”.
Mientras aseguran que seguirán en pie de lucha, la falta de dinero comienza a volverse un verdadero obstáculo. Debido a ello determinaron movilizarse hasta el municipio, donde fueron atendidos por Carlos Theiler, subsecretario de Producción. Según Emmanuel, uno de los empleados despedidos, el funcionario se comprometió a entablar conversaciones con la patronal y gestionar recursos para que hasta que se resuelva el conflicto las cuarenta familias tengan qué comer.
Por último, cada empleado despedido envió una carta documento al propietario de la empresa y al “responsable solidario”, es decir, la firma que le entrega la materia prima, en este caso, a Nico. Según especificaron los trabajadores, se trata de “El Marisco S.A”.
Los despidos comenzaron el jueves, luego de que tres empleados discutieran con el propietario de la firma por el tipo de materia prima que debían filetear y por el bajo costo que les pagaba por el kilo de pescado procesado. Según dijeron, “echarlos era sólo cuestión de palabras”. Es que no existían contratos de empleo de relación de dependencia. Ni siquiera, constancia de la figura de una cooperativa. La precarización laboral apareció entonces en su máximo exponente.
Los cesanteos prosiguieron como si nada el viernes 30 de octubre y el lunes pasado. En el puerto marplatense estos atropellos son moneda corriente. Pero el martes, el contexto se modificó sustancialmente. Los trabajadores no iban a permitir que los despidos pasaran desapercibidos. Se concentraron en la puerta de la planta con el propósito de no dejar entrar ni salir camiones con materia prima. “De alguna manera tenemos que hacer que este tipo se haga cargo de nosotros”, fundamentaron por entonces. Según detallaron, quien regentea la planta es Diego Salvatore.
Una hidrolavadora con agua caliente que apuntaba contra los obreros y –posteriormente– un revólver, fueron las dos “brillantes” estrategias con las que uno de los representantes de Nico pretendió descomprimir la concentración. Una verdadera locura.
Más allá de las amenazas de la patronal, los empleados decidieron sostener la medida de fuerza que implicó un acampe de casi 48 horas en la puerta de la firma. “De acá no sale ni entra nadie”, sostuvo Tati, otro de los despedidos, que hacía poco más de tres meses procesaba pescado en esa planta.
Según confiaron, a modo de denuncia, se les pagaba setenta centavos por kilo, cuando en otras empresas ese valor asciende a 1,80 pesos. El lunes por la tarde, previo a iniciarse el reclamo más concreto, había dentro de la procesadora 200 cajones de pescado de aproximadamente 30 kilos para elaborar entre unos treinta compañeros. Si las cuentas no fallan, cada empleado, por un jornal de cinco horas, no se habría llevado ni siquiera quince pesos como remuneración.
