"Esto es un ataque mafioso e intimidatorio más de los sectores ligados al Terrorismo de Estado y a la maldita policía Bonaerense que aún hoy continúan operativos en la Provincia de Buenos Aires buscando lograr impunidad tanto de los crímenes de la dictadura como de las prácticas represivas actuales de las fuerzas de seguridad locales”, consideró Peidro.
Indicó que “esta capacidad de acción y agresión quedó demuestrada con la propia desaparición de Julio Lopez, las constantes amenazas a testigos de crímenes de lesa humanidad e incluso este episodio en el propio seno del Estado provincial donde impunemente se roban expedientes e informes de la propia Secretaria de Derechos Humanos. El Estado bonaerense, es un Estado traspasado por las mafias policiales y represivas".
"Desde la CTA nos solidarizamos frente a esta situación y repudiamos el ataque a la Secretaria de Derechos Humanos pero también exigimos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tanto como al Gobierno nacional que se investigue y esclarezcan estos hechos que buscan frenar la determinación de nuestro pueblo de avanzar por la verdad, memoria y justicia del Terrorismo de Estado”, señaló Peidro.
A su juicio, “también debemos parar con las politicas de seguridad actuales en el territorio bonaerense donde aún priman la represión ilegal, la tortura y vejaciones en cárceles-comisarias, el asesinato, la trata de personas, el uso de menores para las tramas mafiosas del delito-narcotráfico desde las propias Fuerzas de Seguridad, quienes atacan a los chichos, las mujeres, y a la sociedad civil en general " aseguró el secretario de Derechos Humanos de la CTA.
Por una “purificación real”
Por su parte, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, reclamó la “purificación real” de la Policía Bonaerense y relacionó el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “con los grupos vinculados a la dictadura que subsisten y operan en la fuerza de seguridad”.
Cañón dijo que “en la Bonaerense todavía hay más de nueve mil agentes que vienen de la dictadura, de los cuales tres mil han pasado por centros clandestinos de detención y siguen en actividad”.
También Justicia Ya! repudió el robo y se solidarizó con el equipo de esa dependencia oficial. “Una vez más, delitos que en principio parecen ‘comunes’ acaban siendo llevados a cabo por efectivos policiales, retirados, exonerados o en actividad. Este ‘robo’ fue posible porque no fue desarmado el sistema represivo que viene desde la dictadura, donde muchos de los represores de los ’70 continúan trabajando o teniendo vínculos con la Bonaerense”, mnanifestaron. “Tampoco hubieran ocurrido las desapariciones de Jorge Julio López y la del adolescente Luciano Arruga hace un año, ya que en ambas causas hay elementos que prueban la participación de la policía”.
“Este caso tiene que esclarecerse”
Lo afirmó Omar Rojas, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) en relación al ataque que sufrió la Secretaria de DD.HH. bonaerense, la Madre de Plaza de Mayo Sara Dorotier de Cobacho. “Además del repudio -insistió-, este hecho requiere del accionar inmediato de la Justicia”.
Como se recordará, en la tarde del 30 de diciembre dos individuos ingresaron a la sede que la citada secretaría tiene en La Plata (calle 53 y 8), y tras reducir a las siete personas que se encontraban en la dependencia, entre ellas Sara Cobacho, se llevaron 8 mil pesos, legajos de represores a punto de ser juzgados por delitos de lesa humanidad, y la computadora personal de la funcionaria con importante documentación.
Este suceso tomó estado público recién el último 2 de enero, y desde sectores gubernamentales y sociales calificaron lo acontecido como “una actitud intimidatoria y mafiosa”.
“Todavía hay nichos de corrupción -afirmó la funcionaria damnificada-, y en la notebook tenía un montón de casos, expedientes, denuncias del pasado que se unen con el presente, por las denuncias de corrupción policial que tenemos ahora”, explicó.
Por su parte, el secretario de derechos humanos de la AJB, el azuleño Omar Rojas, opinó que “este caso tiene que esclarecerse inmediatamente, el repudio solo no alcanza y se necesita un accionar de la justicia inmediato y contundente”.
Además, el dirigente señaló que “se llevaron muchos legajos de represores, y si la justicia no actúa diligentemente, se estarán consumando los objetivos que buscan alcanzar los genocidas: la impunidad”.
Cabe recordar que por este hecho hay un ex efectivo policial bonaerense detenido, y la investigación judicial está en manos del fiscal platense Marcelo Martini, de la UFI nº 3.
La “mafia” de la bonaerense
Además, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reclamó al gobierno una "reforma profunda de la Policía" en la provincia de Buenos Aires y denunció la existencia de una "mafia policial" detrás del robo a la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, donde se sustrajeron expedientes de represores.
"Hay una mafia dentro de la Policía Bonaerense y una violencia social y estructural que se está viviendo en todo el país", dijo Pérez Esquivel quien reclamó al gobierno una "reforma profunda de la Policía Bonaerense" tras la captura de un ex efectivo de esa fuerza acusado de participar en el robo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.
"Esa gente va a seguir tratando de imponer el terror y la sociedad tiene que estar preparada para enfrentar todo esto", advirtió Esquivel.
Cabe recordar que, apenas producido el hecho, el secretario general se la CTA bonaerense Hugo Godoy se comunicó con Cobacho expresando la solidaridad de los trabajadores y compartiendo la evaluación del acto delictivo. Se trata de un intento de amedrentar y frenar las investigaciones no sólo del accionar policial en el pasado, sino también en el presente.
"No se puede alimentar al monstruo y después mirar para otro lado", aseguró el dirigente. "Algún grado de complicidad de policías en actividad tiene que haber para que estos sicarios se muevan con tal impunidad, sin contar que la Secretaría no tiene custodia, como sí la tienen otros estamentos gubernamentales".
Además, Godoy calificó al hecho como "una práctica mafiosa, inaceptable, que debe ser definitivamente esclarecido". "La detención de un ex policía es un avance, pero hay que seguir con la investigación hasta las últimas consecuencias".
El ataque
El robo y la intimidación se produjeron en momentos en que se llevan adelante juicios por terrorismo de Estado, entre ellos al ex capitán de la Marina de guerra Alfredo Astiz.
El sábado fue detenido un ex policía de nombre Juan Mateo, exonerado de la división de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Buenos Aires en septiembre pasado por "delitos graves" tras una investigación interna, divulgó el jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi.
En el robo se llevaron cerca de 40 expedientes con testimonios sobre la represión durante la dictadura y la computadora personal de Cobacho donde la funcionaria tenía registradas denuncias por corrupción policial.
Cinco nuevos juicios contra militares y policías que actuaron en la represión dictatorial están a punto de comenzar en 2010. Por los crímenes de lesa humanidad hay 1254 involucrados en 204 causas judiciales, con 526 represores bajo proceso, de los cuales 385 están detenidos.
