Con esta política de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad disfrazada de “garantismo”, y con el intento de Scioli de modificar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de provincia de Buenos Aires y los códigos contravencionales; estamos en un momento de retroceso brutal respecto a las políticas públicas de infancia, al tiempo que es el mismo Estado el que inclumple con todas sus obligaciones en la aplicación de las leyes de promoción y protección de derechos, y desfinancia a las organizaciones que sostienen el trabajo cotidiano con los chicos.
Desde este espacio, volvemos a decir que antes que legislar bajando la edad de imputabilidad, habrá que asumir la evidente relación entre exclusión social y violación a la ley penal. La primera respuesta, por lo tanto, deberá comenzar por la concreta cobertura de las necesidades básicas insatisfechas que eviten el ingreso en procesos de exclusión.
La estructura social argentina, tal como está conformada, requiere de estas decisiones y de políticas pensadas para la seguridad, pero vista ésta en toda su dimensión. Es decir universales y no focalizadas. La aprobación de este proyecto va a contramano de ese retorno a la seguridad social. Es seguir destinando recursos a la conformación de aparatos represivos destinados a los pibes, y no a una crianza con amor y protección.
Contactos:
Adolfo Aguirre, coordinador provincial del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud: 0221-155089411
Hugo Godoy, secretario General de la CTA y de ATE provincia de Buenos Aires: 0221-155089413
Maghy Panno, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez: 0221-155407443
Hugo Blasco, secretario General de la AJB: 02262-15479598
Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos de CTA y SUTEBA: 011-1541792165
