Ayer, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, se llevó a cabo un plenario del que participaron numerosos delegados de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.
Para la ocasión arribó el secretario general de ATE de la provincia, Hugo Godoy. En el transcurso del día se analizó la situación del gremio, luego de haber sido convocado por el Ministerio de Trabajo en el marco de la apertura de paritarias, y se delinearon las acciones a seguir respecto de la situación laboral de la delegada Paola Velázquez.
Despido “inaceptable”
En horas de la mañana el dirigente provincial brindó una conferencia de prensa a los medios locales. “Uno de los motivos del encuentro que se está realizando no nos es grato, porque trata de la situación de despido que ha sufrido la secretaria general de la Central de Trabajadores Argentinos, regional Pergamino, Paola Velázquez que a su vez es delegada gremial de ATE en el Municipio de esta ciudad. Los despidos para nuestras organizaciones son absolutamente inaceptables. Hemos intentado tomar contacto y tener reuniones con el intendente, Héctor Gutiérrez, para poder resolver esta situación. Lamentablemente no hemos tenido respuestas favorables a nuestros reclamos. Cualquier despido a un trabajador, y particularmente si es un dirigente o delegado, es una afrenta y una agresión a todas las organizaciones gremiales que integramos parte de la Central de Trabajadores, porque se está violando, en este caso por el intendente Gutiérrez, la libertad y la democracia sindical, y se está violentando la legislación que otorga el fuero gremial a los trabajadores representantes elegidos por el voto directo de sus compañeros. Iniciamos además de las presentaciones administrativas y gremiales que hemos realizado, las acciones judiciales tanto desde Pergamino como desde la conducción provincial. Estamos esperando el desarrollo de los tiempos procesales para obtener lo que estamos seguros que será una respuesta favorable porque, a pesar de sus falencias, la Justicia argentina debe reconocer la vigencia plena de los derechos de los delegados sindicales. Además de este accionar, vamos a poner en marcha un camino de movilización, protestas y denuncias nacionales e internacionales para que el intendente revise su actitud, su decisión y devuelva el lugar de trabajo. Para nosotros los dirigentes y delegados gremiales son trabajadores que tienen, en primer lugar, una responsabilidad para sus tareas cotidianas; y de igual manera una responsabilidad para atender las demandas y suplir las necesidades del conjunto de trabajadores y afiliados”, explicó Godoy.
Contrato de trabajo
Es importante destacar que son varios los despidos que se producen de delegados, trabajadores y dirigentes en los diferentes municipios. En general las autoridades provinciales con su accionar han podido superar las situaciones que se han generado. Los delegados y dirigentes de ATE que en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires que fueron despedidos debieron ser reincorporados.
De acuerdo con lo comentado por el dirigente gremial “el contrato de trabajo implica una relación de dependencia laboral que otorga al trabajador derechos, y que en este caso fueron violados por el jefe comunal por partida doble, porque se violan los derechos de los trabajadores y los derechos como dirigente sindical. Por lo tanto tenemos expectativas de que la Justicia dictamine a favor como lo ha hecho en otros casos. No obstante iniciamos un camino de movilización y acciones gremiales porque deseamos que cuanto antes el intendente revise su actitud”.
Petitorio
A pesar de los pedidos que realizaran las autoridades gremiales para dialogar con el jefe comunal, Gutiérrez aún no brindó respuestas, por tal motivo en horas del mediodía Godoy junto a los delegados de diferentes localidades bonaerenses acudieron al Municipio para hacer efectiva la entrega de un petitorio al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Mazzei y a los titulares de los bloques políticos del mismo.
El mismo reza: “La estabilidad del empleo público resulta un derecho constitucional, si bien la norma que rige en los municipios bonaerenses (Ley Nº 11.757) expresa algunas excepcionalidades para temporalidades laborales muy precisas e inequívocas, por ejemplo la temporalidad jamás deberá aplicarse en responsabilidades laborales que resultan propias del personal de planta permanente. Del mismo modo el artículo 7 de la Ley Nº 11.757 claramente estipula que habiendo transcurrido una relación laboral superior a los doce meses el trabajador adquiere estabilidad en su empleo.
“Los sucesivos decretos de temporalidades que sobre un mismo agente utilizan los departamentos ejecutivos terminan siendo maniobras que degradan la legislación vigente, precarizando y condicionando los derechos laborales consagrados de los trabajadores municipales.
“Por otra parte y con relación a la representación sindical, a la tutela e inmunidad gremial los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, resultan operativos y de obligatoriedad en referencia a los procedimientos que la empleadora debe cumplir en la materia, de no ser así, en este caso la Municipalidad, queda expuesta a las acciones judiciales establecidas en la misma norma.
“Lo precedentemente expresado se fundamenta en la utilización indiscriminado por parte del Ejecutivo municipal de esta figura de contratación laboral improcedente, que ya ha acarreado conflictos laborales en el Municipio, tal es el caso de los sucesos en 2006 con personal del Corralón municipal y, en el hecho de que nuestra organización sindical ha solicitado la regularización de esta situación y hasta la fecha no hemos encontrado respuesta favorable.
“El detonante que nos hace presentarnos ante ustedes para requerir vuestra intervención institucional, visto el rol de contralor que ese Consejo Deliberante, tiene sobre las acciones del Departamento Ejecutivo, es la interrupción laboral de la compañera delegada municipal de ATE Paola Velázquez, violentando, tal como lo expresáramos anteriormente, la estabilidad del empleo público (14º Bis de la Constitución Nacional) y la representación sindical tutelada por la Ley Nº 23.551”.
Apertura de paritarias
Durante el plenario también se abordaron las cuestiones relacionadas con la reapertura de paritarias de los gremios que nuclean a los trabajadores estatales. Si bien fueron convocados los dirigentes gremiales, la propuesta efectuada por el Ejecutivo provincial no fue satisfactoria, motivo por el que aún se siguen llevando a cabo las negociaciones.
Con respecto a esta situación, Godoy declaró: “Los distintos gremios estatales de la CTA hemos reclamado y comenzamos la semana pasada las reuniones en el ámbito de las paritarias provinciales, tanto el sector de las administración central, como salud y educación. En ese ámbito se está discutiendo. El Gobierno ha hecho una propuesta de unos miserables 140 pesos de aumento, que obviamente, fue rechazada de plano por los distintos gremios. En particular desde ATE lo que estamos reclamando, a través de discusión en paritarias, primero equiparación y blanqueo de las sumas en negro. Hoy un trabajador categoría 5 en un lugar de trabajo en la administración central tiene un sueldo mínimo de 2.100 pesos, por lo tanto ese tiene que ser el piso para discutir, fundamentalmente los sectores de los auxiliares de la educación y de la salud, que trabajando en escuelas y hospitales tienen un sueldo inferior teniendo la misma categoría y cumpliendo las mismas horas de trabajo. También solicitamos un aumento de salario porcentual general. En los últimos días rechazamos la propuesta del Gobierno de otorgar un aumento desdoblado, una parte a partir de marzo y la otra a partir de julio”, agregó el dirigente gremial.
Expectativas
Con relación a las expectativas que tienen para con la negociación, Godoy dijo: “Esperamos que el Gobierno revise su actitud porque además el Ejecutivo debe cumplir con acuerdos paritarios incumplidos. A los trabajadores nos debe el aumento de asignaciones familiares, que se dio en octubre, cuando se acordó la equiparación de valor y concepto con las asignaciones familiares nacionales. Sin embargo desde octubre el gobierno de Scioli nos adeuda este aumento. Por otro lado también estamos reclamando la devolución de las sumas que indebidamente se descontaron a los trabajadores por realizar los paros. Es importante destacar que las huelgas se efectuaron porque el Gobierno incumplió los acuerdos paritarios, por lo tanto el primero que violó el contrato laboral fue el gobernador Scioli. Por este motivo los trabajadores teníamos el derecho pleno a no ejercer nuestras tareas y ejecutar los derechos de huelga que poseemos. Este mismo planteo que estamos haciendo al Gobierno bonaerense lo queremos hacer extensivo a los intendentes.
“Queremos que se abran mesas de discusión paritarias en los municipios para que haya un aumento de salario que dignifique el sueldo de los trabajadores, y fundamentalmente se avance en la erradicación del trabajo ilegal, que vulgarmente se denomina ‘en negro’. El Gobierno nacional, el provincial y particularmente los municipios, tienen la obligación de terminar con la precarización laboral y otorgar estabilidad laboral. Desde ATE y de las organizaciones estatales de la CTA venimos planteando esto a nivel municipal y provincial”.
