Miguel Teubal, investigador del CONICET y Doctor en Economía, sostiene que “la problemática del acceso a la alimentación tiene una relación estrecha, no sólo con el modelo neoliberal implantado en el país al amparto de los procesos de globalización, sino también con el modelo agroalimentario o agreoindustrial que formó parte del mismo. Se trata de un modelo impulsado y dominado por grandes empresas trasnacionales y las tecnologías controladas por ellas: los supermercados en la distribución final de alimentos, la gran industria alimentaria, el capital financiero concentrado y la industria semillera y de agroquímicos, entre otros sectores”.
Cabe resaltar, apuntalando los conceptos de Teubal, que el modelo agroalimentario implantado en el país estuvo estrechamente ligado a la difusión masiva de la soja transgénica. Argentina, se ha convertido en los últimos años en el país del tercer mundo en el que mayor difusión tuvo este tipo de cultivos.
¿Granero del mundo?
Argentina en el siglo XX, junto con países como Australia y Canadá, fue un proveedor importante de carnes y cereales a la economía mundial. Hacia mediados de los ’90 se da un salto tecnológico en el agro. En 1996 comienza la implantación de la semilla transgénica de la soja RR. “Algunas pocas grandes empresas, semilleros transnacionales, como Monsanto y Novartis son las empresas que no sólo proveen la semilla sino también el paquete tecnológico y los agroquímicos que la acompañan, los cuáles el productor se ve inducido a comprar indefectiblemente una vez que introduce el transgénico”, sintetiza Teubla.
La producción de soja avanzó desde mediado de los ’90 sobre cultivos tradicionales del país terminando con economías regionales. En la cosecha 97/98 la producción de este cultivo fue de 18 millones de toneladas, aproximadamente. Diez años después se duplicó la producción, con una fuerte disminución en los cultivos de girasol, maíz y arroz. En aquellas provincias caracterizadas por productos regionales el aumento en la producción sojera implicó también la disminución de cultivos propios: la batata y la caña, en Tucumán, los tambos en Santa Fe y Córdoba, el algodón en Chaco y los frutales en la región pampeana. El auge de la soja se dio a expensas de una serie de cambios en las producciones regionales y afectó también el medio ambiente de determinadas provincias, como el caso de Salta y Chaco donde los montes autóctonos han ido desapareciendo.
Este desplazamiento de los productos que los argentinos habitualmente consumíamos generó, entre otras cosas, que la demanda superara la oferta incidiendo directamente en el precio final que se paga en las bocas de expendio.
El modelo agropecuario implantado se aplicó al amparo de todas las políticas de estado que se fueron sucediendo desde Menem. Ningún gobierno cuestionó abiertamente el proceso de retroceso de la producción orientada a los productos básicos por otra basada en la promoción de productos para la exportación. Por otro lado, los productos que la población consume en su dieta también son exportados. Para Claudio Lozano, Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, este es el primer punto que incide en el precio final de los alimentos. “Argentina es un país que además de consumir esos productos los vende en el mercado mundial, con lo cual, el primer problema es la diferenciación entre la evolución de los precios internos y la evolución de los precios internacionales”.
Un ejemplo de lo dicho es la vigencia del Decreto de Desregulación de 1991 que eliminó los organismos de control de la actividad agropecuaria. “La falta de herramientas firmes para regular la influencia de la evolución del precio internacional hace que éste siga influyendo en los precios internos, -sostiene Lozano- existen mecanismos eficaces para un país que es excedentario en alimento. Como ser prohibir la exportación de productos por parte del sector privado de manera tal que el excedente en alimentos implique una baja en el precio doméstico. Establecer una oficina pública, que puede ser una o varias, ya que se pueden hacer juntas por productos o una junta más global, y establecer un precio sostén a los productores que les reconozca una ganancia normal por su aporte a la producción y que sea el Estado el que comercialice ya sea en directa relación con las cerealeras trasnacionales o directamente”.
Jorge Elustono, miembro del Plan Fénix, sostiene que el rol del complejo agroindustrial es estratégico para el país, pero debe estar enmarcado dentro de una estrategia de crecimiento con equidad y calidad institucional. “Hay roles indelegables que el Estado no puede ni debería soslayar: la política crediticia, tecnológica, fiscal y de comercialización y precios. Estos son los pilares sobre los cuales deben asentarse la estrategia productiva y deben ser parte sustantiva de una ley marco que fije las reglas de juego y garantice un horizonte previsible y sustentable a la actividad”.
La agroindustria
Otro de los eslabones que influyen en el precio final de los alimentos, es la industria alimenticia. “La existencia de mercados altamente concentrados permite que las empresas puedan fijar precios más allá de su estructura de costos. La ausencia de regulaciones ene se sentido permita que eso ocurra. Argentina es un país con mercados oligopólicos con un nivel muy elevado de concentración”, enfatiza Lozano.
El modelo agroindustrial implantado en la Argentina está basado en el control de grandes empresas sobre sectores fundamentales de la cadena productiva. La liberalización y desregulación de la economía propició el marco perfecto para que las grandes empresas tengan una posición dominante en los referido al almacenamiento, precesamiento y comercialización de los productos. La conformación de los oligopolios se dio en distintos sectores de la agroindustria. En el sector lácteo, según fuentes oficiales, sólo 7 compañías controlan el 80% del mercado (entre ellas, Sancor y Mastellone). En el sector de aceites refinados el 90% del mercado es manejado por 6 empresas, de las cuales Molinos Río de la Plata, Cargill y Aceitera General Deheza, son las más importantes. En panificación, Fargo, Bimbo y La Veneciana acumulan el 85% de las ventas.
“Como se supone que hay un precio internacional para estos productos, por ejemplo, los molinos perciben un subsidio para computar el costo del trigo por debajo del costo internacional. Estos subsidios no tienen ningún correlato en términos de la administración que luego hacen los molinos o en igual sentido las usinas lácteas o los frigoríficos -sostiene Lozano-. Tenemos que tener en cuenta que son empresas que tienen multiplicidad de productos. Esto quiere decir que no hacen una sola leche o un solo tipo de harina. Entonces lo que hacen es restringir el pacto del gobierno en base al cual se fija el aporte del subsidio a un solo producto, que en realidad se comercializa poco, mientras que el resto de los productos, que tienen la oferta más abundante, no tienen ningún tipo de restricción”.
Durante el 2007 el estado nacional entregó subsidios por 1.500 millones de pesos, de los cuales el 50% fueron oara 10 empresas. Entre ellas: La Serenísima, Molinos Río de La Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza.
Supermercadismo
La evolución del comercio minorista en las últimas dos décadas da cuenta de un creciente y progresivo proceso de concentración de la actividad alrededo de las grandes empresas transnacionales. Es decir, hoy las grandes cadenas de supermercados son las que controlan y fijan los precios como consecuencia de los volúmenes de ventas que manejan.
Américo García, integrante del Centro de Investigación de la Regulación y del Derecho del Consumidor (CIDERCO), sostiene que “los supermercados son formadores de precio por el volumen de compra que manejan. Hoy las 5 principales cadenas manejan el 80% de las ventas totales. Esto les da la posibilidad de fijar los precios a sus proveedores, sobre todo a las pequeñas y medianes empresas. Además, les permite imponer condiciones de pago. Y esto no es menor, que que representa un negocio financiero muy grande, porque ellos venden al contado y pagan a sus proveedores a 60 o 90 días, teniendo prácticas deshonestas, como devolver productos perecederos a las firmas. Por esto, fijan el precio con total libertad”.
“Cuanto mayor es el grado de concentración en la cadena de comercialización mayor es la capacidad de formar precios tanto para el productor, al cual le deprimen su tasa de beneficio quedándose el hipermercado con gran parte de ella, como también, en el mercado de consumo. En este caso juegan ambas puntas”, dice Lozano.
En nuestro país hay tres grandes grupos que controlan el 70% de los hipermercados: Carrefour (que incluye Día y Norte), controla el 29% del mercado, Cencosud (Jumbo, Disco y paza vEA) el 21% y Coto el 18%.
“Las cadenas manejan entre 25 mil y 30 mil referencias de precios. El consumidor puede memorizar alguno de estos artículos, sobre todo los básicos, con lo cual la estrategia del supermercado es que el consumidor entre al local y una vez ahí adentro compre desmedidamente sin controlar el precio. Esto se da a través de estrategias de distribución de productos dentro del establecimiento, llevano a que el consumidor gaste más, de manera ineficiente. La estrategia es poner ciertos precios buenos y otros con márgenes más elevados en relación comercios especializados en esos productos”, señala Américo García.
Artículo publicado en el Periódico “La Central” de la CTA provincia de Buenos Aires, Nº 5, agosto 2008.
