««““Irracionalmente, y para la tribuna, el Sr. Intendente sale a hacer este tipo de pedidos con el fin de dar una respuesta mediática a un problema tan grave como el de la inseguridad, a sabiendas de la responsabilidad exclusiva que le cabe al Poder ejecutivo, en todos sus órdenes, y no al Poder Judicial. En la misma sintonía lo son las declaraciones del Sr. Jefe de Gabinete Nacional, Sergio Massa, que para alinearse en forma corporativa con su ex colega de San Isidro, sale en todos los medios de comunicación diciendo que impartió instrucciones a diputados y senadores de la zona para llevar adelante un pedido de destitución para los mencionados magistrados.
Resulta que ahora los jueces de San Isidro, aparte de fundamentar sus sentencias en el ordenamiento jurídico vigente, deben ser responsables por los actos que los justiciables cometan a partir de su liberación ajustada a derecho. Un disparate jurídico.
En primer lugar, cabe destacar que la incapacidad de resolver el tema de la inseguridad es pura y absoluta responsabilidad del poder ejecutivo y de sus fuerzas de seguridad. Que nadie se haga el distraído al respecto, porque debido a la inoperancia del estado provincial, los bonaerenses padecemos tal flagelo en todo el Conurbano, y no solo en la zona norte, y cuando hablamos de inoperancia no decimos “madurismo”, sino inclusión social en todos los sentidos.
En segundo lugar, le hacemos saber a toda la opinión pública que destituyendo jueces no se va a resolver el problema de la inseguridad. Por el contrario, bajo tal presión los jueces pueden empezar a dictaminar contrario a derecho ante la amenaza de ser sancionados por el poder político, y eso es sumamente peligroso, porque los jueces deben tener toda la objetividad al alcance de sus manos, al momento de dictar sentencia, para que todos estemos seguros de que la resolución adoptada carezca de toda subjetividad, como debe ser en un estados de derecho, del cual el poder judicial es un pilar fundamental en toda república que se quiera llamar como tal.
El poder político avanza claramente con sus medidas de disciplinamiento hacia aquellos jueces que se atrevan a defender las garantías y derechos consagrados en nuestra carta magna y ratificados por los pactos internacionales. Los tildan de “garantistas”, para no volver a un pasado done las garantías constitucionales no existían para nadie. Pero claro, quieren seguir llenando las cárceles de pobres, demostrando que están dispuestos a luchar, en serio, contra el delito, judicializando la pobreza y criminalizando la protesta, mientras que los intendentes de todo el Conurbano le otorgan al ministerio público fiscal todo tipo de facilidades, para que se instalen en oficinas descentralizadas e investiguen solamente los delitos de ladrones de gallinas.
No es nuevo que en San Isidro el poder ejecutivo se entrometa por y sobre el poder judicial, principalmente cuando el mismo toca intereses que no deberían tocarse; por ende ya persiguieron a jueces, camaristas, defensores oficiales, asesores de menores, etc.
Los sres. Ministros Massa, Fernandez y Casal no están atacando al delito sino a la democracia en sí, al efectuar tamañas declaraciones desde el poder ejecutivo contra el poder judicial, al hacer menos visible la división de poderes entre los mismos, entrometiéndose en resoluciones jurídicas que pueden ser atacadas con remedios procesales a tal efecto, y no utilizando a las víctimas de los delitos y a los medios masivos de comunicación en forma oportunista y electoralista.
Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, como la cabeza del poder judicial, que salga a respaldar in limine a los mencionados magistrados, para despejar, así, toda duda acerca de cualquier influencia del poder político or sobre el judicial.
DESDE LA AJB Y LA CTA DE SAN ISIDRO, NO DUDAMOS NI UN INSTANTE EN SOLIDARIZARNOS Y RESPALDAR FIRMEMENTE A LOS DRES SAL LARI Y ROSSIGNOLI, EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DÁNDOLE INTERVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE PROVINCIAL, A LA CTA PROVINCIAL Y NACIONAL, Y A LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA, COMO ASIMISMO PONER EN CONOCIMIENTO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, DIVERSAS ONGS, SINDICATOS, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES SOBRE EL PARTICULAR, PORQUE BREGAMOS POR UNA INDEPENDENCIA SERIA DEL PODER JUDICIAL Y NO VAMOS A TOLERAR EL DISCIPLINAMIENTO QUE QUIEREN LLEVAR ADELANTE ALGUNOS VIVOS A CUALQUIER PRECIO. PORQUE SOMOS PUEBLO TRABAJADOR, E HISTÓRICAMENTE SUFRIMOS LA INSEGURIDAD COMO NADIE, DESDE EL BOMBARDEO A LA PLAZA DE MAYO EN 1955, LA PROSCRIPCIÓN PERSECUCIÓN, DETENCIÓN Y DESAPARICIÓN DE TRABAJADORES EN LA DICTADURA, LA SEGURIDAD QUE NO LE BRINDARON A JOSÉ LUIS CABEZAS, MAXIMILIANO KOSTECKY, DARÍO SANTILLÁN, JORGE JULIO LOPEZ, CARLOS FUENTEALBA Y DEMÁS TRABAJADORES ANÓNIMOS QUE LUCHARON POR UNA SOCIEDAD CON JUSTICIA Y AL SERVICIO DEL PUEBLO Y NO DE UNOS POCOS.-
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