Carlos Leavi, secretario General de la CTA local, repudió el accionar policial y señaló: “Nuestro planteo es que hay un sector de la economía concentrada que está teniendo altos niveles de rentabilidad y no quiere compartir con los trabajadores la distribución de la riqueza que los mismos trabajadores generan, son los mismos sectores que no quieren que la CTA tenga la personería jurídica”. El referente de la CTA local además denunció que “frente a esa situación el gobierno debe velar por los derechos de los trabajadores, que puedan tener derecho a manifestarse, a organizarse y no reprimiendo cuando estos se manifiestan de forma publica”.
“Esta situación no es solo responsabilidad de los gobiernos sino de los grupos económicos concentrados que trascienden los gobiernos y privilegian acuerdos con sindicatos históricamente traidores” reflexionó Leavi y agregó: “la organización de los trabajadores en un marco sindical más amplio, es estratégico para definir condiciones laborales con las patronales. Nosotros hemos definido a nivel nacional y provincial crecer con representación en el ámbito privado para disputar con los grupos económicos la distribución de la riqueza que generan los propios trabajadores. Es por esa causa que acompañamos toda iniciativa de organización de los compañeros y vamos a apoyar a los delegados elegidos democráticamente”.
Carlos Ferraro, uno de los cinco trabajadores que resultaron heridos a causa de las balas policiales, dijo “Siempre se reprime a trabajadores que reclaman el derecho a trabajar, pedimos la reincorporación al trabajo, nada más. Esta es una prueba que demuestra que tenemos que organizarnos. Además hay sectores políticos que intervienen irresponsablemente, desvirtuando la lucha. Por eso la manera de avanzar es con organización dentro de la fábrica, eligiendo cuerpos de delegados, que son instrumentos de lucha históricos de la clase obrera, y hacer una fuerte campaña hacia la sociedad que nos apoye”.
Precarización e insalubridad laboral
Los incidentes se produjeron ayer en horas de la tarde, cuando un grupo de 100 manifestantes marcharon desde la sede de la empresa, ubicada en la localidad platense de Olmos, con destino al Ministerio de Trabajo. Allí, una columna de Infantería les disparó “a quemarropa” denunciaron los trabajadores e indicaron que “el reclamo fue concreto, pedimos que las autoridades gubernamentales frenen el expediente que presentó la firma MAFISA manifestándose en crisis para mantener la suspensión de los trabajadores, siendo que se trata de una empresa con ganancias exorbitantes”.
“La empresa no está en crisis porque tiene un patrimonio de 900 millones de dólares” reveló Cecilia Barrionuevo, una trabajadora “discriminada 75%” como reza su remera en alusión a los 75 compañeros suspendidos.
Además, el Ministerio intimó a la textil a que cumpla una serie de requisitos y a que presente un balance social, que no fue presentado, por lo que esa cartera estaría en condiciones “de enviar a archivo el expediente de preventivo de crisis que entregó la empresa” indicó la abogada de los trabajadores y agregó “Archivado ese procedimiento de crisis los trabajadores estarían en libertad de acción para tomar alguna medida. Por supuesto siguiendo los causes legales. Además le pedimos al Ministerio que se pronuncie de acuerdo a todos los informes y denuncias por seguridad e higiene que venimos manifestando desde marzo”.
En efecto, se denuncia que “En la fábrica muere un trabajador por año a causa de las condiciones insalubres. En mayo de este año murió un compañero de un infarto, lo encontraron junto a la máquina, llevaba 8 años contratado y nunca llegó a quedar efectivo”.
