Dicha causa tiene procesados a los genocidas participes del Terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas.
Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica ya que se encuentra en libertad y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, entre otros genocidas.
Ricardo Peidro fue secuestrado con su compañera en el año 1977 a partir de su militancia en la Tendencia Revolucionaria de la Juventud Peronista(JP). Luego estuvo en el exilio durante el año 1978. También declarará en la misma causa su compañera Gabriela Funes, militante de derechos humanos y trabajadora del INDEC actualmente.
"Desde la Central de Trabajadores de la Argentina nos reivindicamos como herederos de nuestros compañeros y compañeras que soñaron con otro país y que, a pesar de la muerte y la desaparición instalada desde el Terrorismo de Estado, siguen siendo parte nuestra. Aunados en su proyecto, en sus sueños y en su militancia seguimos necesitando la consolidación de la clase trabajadora como sujeto político de transformación hacia la liberación de nuestro país", indicó Peidro.
El secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA) expresó. "Básicamente, el terror fue parte de la instalación de un proyecto económico que aún regula la vida cotidiana de los trabajadores; desindustrialización, inédito endeudamiento externo, concentración y extranjerización económica; esto gestó las condiciones para el aumento del desempleo, la precarización laboral y la expansión de la pobreza".
A su juicio, "a pesar de la violencia instalada desde el poder político y con la complicidad de grupos económicos extranjeros y locales; a pesar de que la muerte y el miedo quiso llenarlo todo de pasividad y olvido, y a pesar que la mayoría de las víctimas fueron rabajadoras/es, no pudieron hacer desaparecer la identidad de clase, la idea de organización, de lucha y de derechos. Durante esos años, miles de compañeras y compañeros siguieron encontrándose clandestinamente, siguieron organizándose, resistiendo como y desde donde pudieron".
Tras cartón aseguró: "El silencio sobre las acciones militantes de los trabajadores durante la etapa no es producto de un descuido sino que está estrechamente vinculado a los efectos que generó la dictadura; se evidencia en la instalación de la teoría de los dos demonios, que esconde estas luchas y la resistencia que sostenían los compañeros a través de su militancia. El ocultamiento de las luchas de los trabajadores frente a la dictadura, en base a discursos oficiales donde prima la complicidad, la delación y el entreguismo de algunos dirigentes sindicales, sentó también las condiciones para producir un ocultamiento del papel de sujeto activo que los trabajadores tuvieron en la historia argentina".
"No debemos caer en una trampa cultural y simbólica del propio poder: Las denuncias únicamente de la desaparición y la tortura tienden a invisibilizar la resistencia y la lucha popular en el camino de la construcción de una sociedad justa y coloca a los compañeros sólo en el lugar de víctimas. Como si cada uno de los compañeros que atravesamos el proceso sufriendo exilios internos o externos, cárcel o desaparición nos definiéramos exclusivamente como ex exiliados, ex presos o ex detenidos desaparecidos, cuando lo que nos define es nuestra identidad de militantes populares y no la foto de un momento histórico", puntualizó Peidro horas antes de declarar en la causa del Club Atlético.
El dirigente nacional de la CTA recalcó que "debemos trabajar sobre la concepción de los derechos humanos no ya sólo ligados a los derechos civiles y políticos o de Memoria, Verdad y Justicia, sino desde una perspectiva integral y de ciudadanía universal hacia la región priorizando en esta etapa los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Trabajo, la Seguridad Social y Salud, Educación, Trabajo, Niñez, Pueblos Originarios y su lucha por las tierras con el Convenio 169 de OIT, Género, Juventud, entre otros".
"Es una trampa del sistema social vigente y del neoliberalismo tardío capturarnos sólo en que los derechos humanos radican en el Terrorismo de Estado excluyendo los derechos sociales, económicos y ecológicos que por millones hoy se ven violados en Argentina", consideró Peidro.
"Los 30.000 compañeros secuestrados y asesinados bajo la perversa figura de la desaparición no fueron el único saldo de la Dictadura. Lo fue también la destrucción de miles de experiencias organizativas que construían un país más justo, la desarticulación de un proyecto de liberación nacional y la instalación, a partir de las políticas del neoliberalismo, de una matriz económica, política y cultural de profunda desigualdad vigente aún. De todas formas estos 30 años nos sitúan en un escenario diferente", subarayó.
Peidro concluyó: "Muchos de los responsables políticos-militares están presos estableciendo un antecedente histórico, aunque aún no hemos tenido el poder de juzgar a los responsables económicos que hoy siguen acumulando la riqueza que producen los trabajadores".
Reseña de la causa
En la causa ABO hay diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales.
Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes.
Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.
