A partir de las declaraciones del Ministro Julio De Vido, de que Telecom Italia debe vender su participación accionaria en Telecom Argentina para evitar la condición monopólica de Telefónica, bajo amenaza de rescindir la concesión del servicio, reestatizando Telecom Argentina, ya que no se cumpliría lo establecido en el marco regulatorio que propiciaba una supuesta “competencia” entre estas dos empresas herederas y beneficiarias del desguace de ENTEL; creemos conveniente expresar que esta decisión no se debe tomar solamente por el no respeto a las condiciones enunciadas, sino que debe ser tomada en función de plantear la recuperación de un bien común estratégico para nuestra nación y nuestro pueblo.
En su oportunidad, cuando el Gobierno Nacional amplió a Telefónica y Telecom por tiempo indefinido la concesión de la prestación del servicio telefónico, la Central de los Trabajadores de la Argentina expresó que "se torna imprescindible la revisión integral de todos los incumplimientos empresarios registrados en el transcurso de los años 90, en particular aquellos que justificarían la posible caducidad o rescisión de los respectivos contratos”.
Esta situación ratifica los intentos de Telefónica de avanzar y profundizar un nuevo modelo de estructura, incorporando entre sus subsidiarias a Telecom Argentina, que ya no solamente implica una respuesta a la situación nacional, sino que supera sus límites, para trascender a la región, como el “Proyecto Candelaria” a través del cual la supervisión y la gestión de la red de toda Latinoamérica se trasladó a San Pablo en su marcha a una organización global que le garantice optimizar recursos, mayor productividad y por ende una sustancial reducción de costos.
Las consecuencias para la Nación y los trabajadores son onerosas desde el punto de vista que el Estado Nacional pierde aún más su ya disminuida capacidad de control y regulación, y para los trabajadores porque este esquema reafirma un perfil de empresa que apunta a profundizar la tercerización de las tareas (outsourcing).
Como consecuencia de esta situación, reiteramos que es imprescindible discutir un nuevo marco de regulación (nueva Ley de Telecomunicaciones), y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones dónde la amenaza de reestatizar se convierta en una necesidad insoslayable en función de un plan estratégico que apunte a consolidar un modelo productivo de autonomía nacional y regional , ya que el poder creciente de estos grupos económicos hacen estériles las posibilidades de regulación y control en un marco de “supuesta competitividad”.
La propiedad de la red de telecomunicaciones debería ser de carácter público para garantizar el desarrollo de la investigación de las tecnologías convenientes, la industria asociada al servicio y la accesibilidad y universalidad del derecho de nuestro pueblo a comunicarse.
Mesa Ejecutiva Provincia de Buenos Aires
Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA)
Eduardo Moyano Hugo Blasco Hugo Godoy
