El encuentro se produjo este lunes 26 de noviembre en las instalaciones de la CTA provincia. Participaron quienes integrarán el gabinete del Ministerio, entre ellos Marta Arriola, futura Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos del Niño; y por el Foro Hugo Godoy, también secretario General de la CTA provincia y Adolfo Aguirre, coordinador provincial del Foro por los Derechos, entre otros. Esta reunión se llevó a cabo en el marco de la reunión provincial del Foro, al que asistieron más de 40 compañeros de varios distritos bonaerenses.
Específicamente, el actual viceministro de Desarrollo Social de la Nación, dijo que para su Ministerio la política de niñez y la aplicación de la Ley será una prioridad, al igual que el espacio de economía social para la generación de empleo. “Trabajaremos en la estructuración de programas de empleo y de desarrollo social ligado a la generación de cooperativas. No impulsaremos más comedores ni distribución de planes” señaló Arroyo. En tanto, anunció que su cartera pasará a llamarse de “Desarrollo Social”; y el área que hoy ocupa Cristina Tabolaro, pasará a denominarse “Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud”.
Por su parte, Aguirre planteó la importancia de que la Comisión Interministerial sesione y sea de conocimiento público; al igual que se realice un trabajo en conjunto con los Intendentes para lograr el compromiso de los mismos, propiciando encuentros de capacitación y la convocatoria a los Consejos Locales; así como trabajar en canales de participación popular y que se establezcan mayores niveles de información. Luego se acordó la firma de un convenio de capacitación y formación en el nuevo paradigma, hacia dentro y hacia fuera del Ministerio.
Además, el Foro planteó que se ponga en funcionamiento el Observatorio Social y se cree el Defensor del Niño.
Respecto a la Interministerial, Arroyo se comprometió a que sea un espacio de trabajo permanente, y para ello propuso la conformación de una secretaría ejecutiva que además aborde la temática de la juventud, por lo cual propone que la edad de influencia sea hasta los 25 años.
“Vamos en la dirección de aplicar la ley. Que el Poder Judicial trabaje en la parte que le compete, nosotros haremos lo que debemos desde el ejecutivo. Por eso no hablamos de suspensiones de la ley, sino de una implementación por etapas. Para ello tenemos que elaborar colectivamente un protocolo de intervención en los casos específicos” enfatizó Arroyo. Además, se comprometió a llevar adelante “un cambio en la política pública que implica la distribución de la riqueza”.
Los ejes fuertes en los que se comprometió a trabajar en su gestión para la aplicación de la ley, que implica además la implementación de una serie de planes y programas tendientes a reducir la pobreza, serían:
En cuanto a la estructura ministerial:
• Descentralización del Ministerio para tener incidencia en 25 zonas de la provincia que van a coincidir con las áreas de educación y con los servicios Zonales.
En cuanto a la transferencia de Fondos de Fortalecimientos de Programas Sociales para la aplicación de la Ley:
• Los municipios deberán abrir una cuenta en el Banco Provincia para recibir los fondos girados para la aplicación de la ley, que ahora comenzarán a estar monitoreados por el estado provincial.
• Proponen la creación de una Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interministerial con trabajo permanente. La misma incluirá también una política para los jóvenes de hasta 25 años.
En cuanto a la financiación de la Cartera Social:
• De los 1.500 millones de pesos con los que cuenta hoy el Ministerio, se gestionarán 1.500 más para la implementación de planes y programas.
En cuanto a planes y programas para la reducción de la pobreza, señalaron que:
• Se reemplazará el reparto de alimentos por una tarjeta de crédito del Banco Provincia que solo podrá ser utilizada para la compra de comida por un valor mensual de 100 pesos. Se reforzará el plan alimentario de las escuelas.
• Se tendrá una política para jóvenes de entre 18 y 25 años que hoy no estudian ni trabajan (serían 500 mil jóvenes bonaerenses), con capacitación laboral y una red comunitaria de acompañamiento.
• Se aplicará un programa de economía social y de empleo: que contará con créditos y capacitación laboral.
Por su parte, Arriola explicó “Estamos dando una batalla cultural, igual que la damos en seguridad, son cambios en disputa. Gran parte de las problemáticas se originan y resuelven en el barrio, en ese sentido vamos a estar trabajando desde la participación. Tenemos que trabajar mucho el tipo de respuesta estatal frente al conflicto”.
Finalmente, Aguirre propuso la realización de 30 encuentros en conjunto entre marzo y abril con Intendentes, un plan de capacitación anual, y la participación del Ministerio en la campaña cultural de promoción de derechos.
