(Por Pablo Antonini) Con el patrocinio del equipo jurídico de la CTA provincial, los vecinos desalojados del asentamiento "Colinas del Sol" -donde algunos residían hace más de 20 años- presentaron una denuncia penal por el brutal accionar de la policía bonaerense.

Amenazas, Daño, Incendio, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, y Resistencia a la autoridad (ya que el procedimiento se realizó desacatando un fallo del juez Arias, encontrándose el magistrado presente en el lugar), son algunos de los cargos que los vecinos imputan a los efectivos que arrasaron sus viviendas el pasado viernes 30 de abril.

La presentación fundamenta minuciosamente cada uno de las acusaciones, e incluye un detallado relato del operativo desde el testimonio de sus víctimas, que hasta hoy se encuentran sin hogar y han perdido la mayoría de sus pertenencias.

La denuncia se suma a una ya presentada por el Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias en la Unidad Fiscal nº 5 de esta ciudad, sobre el desacato a su autoridad que expresamente realizaran los uniformados, desobedeciendo un fallo que ordenaba detener el procedimiento.

Cabe recordar que el hecho no sólo fue repudiado por la CTA local y bonaerense, sino que tanto la mesa directiva nacional como el último Congreso de delegados en pleno se pronunciaron al respecto, entendiendo que tanto el comportamiento de la policía como del juez César Melazo expresan un verdadero "odio clasista", según definiera el secretario nacional de Derechos Humanos de la Central, Ricardo Peidró.

La denuncia

Según consta en el escrito, el viernes 30 de abril a las 7 de la mañana centenares de efectivos policiales rodearon el asentamiento, estableciendo un perímetro por calle 140 desde 470 a 478 donde no se permitió el acceso a particulares ni periodistas, y acto seguido “se presentan a cada familia exhibiéndole una fotocopia simple de la foja del expediente penal donde el Juez Melazo ordenó el desalojo de las personas allí ubicadas, de fecha 29 de abril de 2010. No exhibieron cédula, ni notificación alguna. Al exhibirles dicha fotocopia les manifiestan que deben retirarse del lugar y que tenían tiempo hasta el mediodía para irse con sus pertenencias, pues en ese momento pasarían las topadoras y arrasarían con todo lo que haya. Ese era todo el plazo que les dieron para irse”.

Posteriormente, “comenzaron hechos donde el propio personal policial entró con violencia a casas de la gente, forzando el desarme, rompiendo sus pertenencias, rompiendo la misma casilla, y como si fuera poco hostigando a los sujetos, profiriéndole insultos de todo tipo”.

Entre otros se detallan los casos de la Carmen Valenzuela “a quien al policía destruyó completamente la casilla de madera donde vivía; la misma estaba constituida por un comedor, un baño y una cocina”; de José María Aranda, quien “se encontraba con su señora, con su hija y su nieta dentro de la casilla. La policía irrumpe en su vivienda con martillos y hachas y le informan que van a desarmar la casilla. El Sr. Aranda, que tiene discapacidad e hipertensión, sufre un shock nervioso y se desmaya. El personal policial lejos de auxiliarlo, comienza a destruir todo lo que iba encontrando a su paso”; de Manuel Cartaman, cuya casa la Policía destrozó a mazazos profiriendo como todo aviso un grito: “salí que la vamos a romper”, y muchos más por el estilo.

También se deja constancia de que el domingo 2 de mayo, en un hecho de “terrible significación desde el punto de vista ético y humano” efectivos policiales festejaron “haciendo un asado en la zona desalojada, usando como leña maderas pertenecientes a las casillas”.

Acompañada por abundantes pruebas documentales, la denuncia fue radicada con la firma del Dr. Marcelo Ponce Núñez, coordinador del equipo jurídico de la CTA provincia de Buenos Aires

Comentar este artículo

Juntar