“De esta manera estaremos homenajeando a nuestro compañero Carlos Cajade, a un mes de su desaparición física, tomando su mensaje de que no hay que agrandar la obra sino agrandar el país” para que en algún momento no existan hogares ni comedores, porque los chicos tendrían que estar con sus familias” señaló Adolfo Aguirre, presidente del Observatorio Social de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Foro para la Niñez.
Cabe destacar que este grupo viene trabajando desde hace tiempo por lograr la completa derogación del Patronato, por la plena vigencia de la Ley 12.398 de Promoción y Protección de los Derechos junto al Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y por la imperiosa necesidad de contar con una legislación que asegure la asignación mencionada.
La Asignación Universal de $60 para todas las personas menores de 18 años de edad, es un aporte concreto a la promoción y protección de derechos de la niñez y adolescencia, permitiendo reducir considerablemente los porcentajes de pobreza e indigencia, como lo señala el trabajo realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
La propuesta apunta a la “la restitución de un conjunto de derechos que toda la sociedad democrática debe potenciar, garantizando el acceso universal a la alimentación, a la salud y a la educación, puesto que el beneficio debería articularse con el chequeo sanitario en los primeros años de vida del menor (en los primeros 6 años) y posteriormente, con la participación efectiva en el ciclo escolar”.
Básicamente, lo que se pretende es que el Estado garantice por ley una asignación universal que comience con la equiparación de las asignaciones familiares de $60 por hijo y generalizar la ayuda escolar anual de $130 suponiendo un costo por año que rondarían los 2 mil millones de pesos.
La implementación de la asignación universal permite alcanzar varios objetivos: que toda política social debe perseguir. En primer lugar garantiza la universalidad y no la focalización de la cobertura, en un contexto donde las actuales asignaciones familiares sólo impactan sobre el 34% de la fuerza de trabajo y deja sin cobertura al 70% de las personas menores de 18 años.
La Asignación Universal es un camino para reconstruir el núcleo familiar, trabajar la universalización de los derechos, poner en marcha lineamientos para construir una democracia participativa, un Estado con capacidad distributiva y terminar con el flagelo que produce la desigualdad y la pobreza.
