Más de 200 personas que viajaron de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a organizaciones sociales, de trabajadores, de colegios de profesionales y empleados de organismos del Estado preocupados por la situación de los niños se reunieron este martes en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Provincia, ubicada en calle 1 entre 61 y 62. La convocatoria fue realizada por el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud provincial, para tratar la problemática de la implementación de la nueva Ley 13.298 de Protección y Promoción de Derechos del Niño/as.
El puntapié inicial del encuentro lo dio el compañero Adolfo Aguirre, Director del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA, Secretario de Acción Política de ATE y miembro del Foro quien señaló que “hemos logrado derogar parcialmente el patronato, hemos logrado adecuar la ley, y debemos intervenir en pobreza y desigualdad, que tiene que ver con el viejo sistema de minoridad que aun resiste, para poder tener realmente otra niñez, porque si creemos que esto cambia por cambiar una ley, o por la voluntad muchas veces dispersa por parte de los gobiernos, vamos a tener dificultades en el sentido de que estas cosas también se pelean, porque hay muchos que queremos imaginar la igualdad, la universalidad de los derechos, considerado en la nueva ley 13.298”.
Esta nueva norma jurídica, que adecua la legislación bonaerense a la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a, aprobada en diciembre de 2004, implica un cambio de paradigma en torno a las prácticas y discursos respecto a este sujeto social. Se trata de un pasaje de considerar al niño/a como objeto de protección a sujeto de derechos. Con esta nueva mirada, el Estado debería proteger sus derechos, a la alimentación, a la educación, a la identidad, a la expresión, entre otros, pero no desde una visión de Patronato, sino desde la promoción de políticas públicas tendientes a garantizarlos.
Para avanzar en ese sentido, el Foro, un ámbito provincial y territorial compuesto por varias organizaciones, realizó una Jornada de Capacitación en Servicios Locales, a cargo de la abogada Elena Martínez, quien explicó por que hay que “sepultar” el sistema de Patronato. En ese sentido señaló que “es una típica ley de control social. Ese régimen nació con las primeras corrientes migratorias que se las relacionaba con el anarquismo y el socialismo. La misma implica un régimen rígido y autoritario”.
La abogada expuso la necesidad de cambiar de perspectiva y comenzar a pensar a las personas como portadoras de derechos desde la niñez. “Hablamos de la promoción y protección de derechos, no de personas, porque en nombre de los modelos de intervención sobre determinados sectores de la sociedad, los han dejado prácticamente sin derechos en algunos casos es casi como la muerte civil de las personas” denunció Martínez.
Los Servicios Locales, figura que crea la nueva ley en cada municipio, son un conjunto de organismos públicos y privados, que deben trabajar en conjunto para la promoción y protección de derechos de los niños. Esto implica en primera instancia, la firma de convenios de cooperación mutua entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires y cada municipio para la consolidación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños/as, que requiere de la conformación de los Consejos Locales de Promoción y Protección de los derechos del Niños/as.
Esos convenios, instan a las regiones a disponer a partir de un plazo determinado desde la firma del mismo, al menos del 50 % del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, creado por la Ley 13.163, para garantizar el financiamiento permanente del Sistema Local de Promoción y Protección Integral.
El objetivo principal es lograr la contención del niño dentro de su ámbito familiar y comunitario, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social a cargo de un equipo técnico - profesional y la red de recursos local. Este espacio de articulación social busca que el Estado garantice otra relación con la niñez y adolescencia avanzando hacia la plena vigencia de las leyes de promoción y protección de derechos de este sector, que aún es víctima de diversas clases de maltrato como la separación de su núcleo familiar en caso de situaciones asistenciales, la internación sin un debido proceso en casos penales, o bien negándoles la posibilidad de conocer sus derechos.
