El programa social Argentina Trabaja fue lanzado por el gobierno nacional en el año 2009, en el marco de un anuncio de creación de 100 mil puestos de trabajo, agrupados en lo que el programa denomina módulos de 60 personas cada uno, también llamados cooperativas.

Supuestamente son autogestionadas por los propios trabajadores, aunque en la práctica se aplica mayoritariamente a través de los Municipios, y es a estos a quienes se les otorga la potestad de la organización de las cooperativas y la administración del personal, las tareas a realizar y los recursos.

Para cada uno de estos módulos o cooperativas se asignan alrededor de un millón de pesos, distribuidos de la siguiente forma: 550 mil pesos para el pago directo de asignaciones a los trabajadores, 350 mil para la compra de insumos y materiales, y el resto para el pago del monotributo social y los gastos administrativos, libros, cuadernos, etc.

Es cada Municipio el que designa su personal, así como los capataces y orientadores que perciben sueldos mayores, y también el que administra el fondo de capitalización. Ya que, si bien se afirma que cada trabajador tiene su asignación bancarizada, percibe directamente 1200 pesos y los 134 pesos restantes están destinados a un fondo de capitalización que en teoría, al final del año, la propia cooperativa podría administrar para definir nuevos planes de trabajo y de producción, pero en la práctica también suele ser administrado por el Municipio.

alternativas y estrategias

Frente a esta situación, se abren variadas alternativas de análisis y de acción. No es la primera vez que en la Argentina tenemos planes sociales que actúan como paliativos frente al flagelo de la desocupación. Paliativos que en primera instancia son positivos, pero que de quedar solamente en eso no resuelven el problema de la subocupación ni el desempleo, como en la práctica se demuestra hoy cuando tenemos un millón y medio de desocupados y otro tanto de subocupados, con lo que evidentemente estamos lejos de resolver ese problema.

Por otro lado, se repite el fenómeno planteado por otros planes sociales que en diferentes momentos se aplicaron en el país, como el Plan Trabajar, que no puede compararse con el actual en cuanto a los valores de los sueldos y mecanismos de organización planteados, pero sí en tanto planes sociales paliativos e intentos gubernamentales de institucionalizar mecanismos de precarización laboral y clientelismo político, como sucedió en aquella época.

Además puede transformarse en un mecanismo para promover la pelea de pobres contra pobres, porque al igual que entonces, ahora también estas supuestas cooperativas en la práctica funcionan como cuadrillas de trabajadores municipales precarizados, administrados por cada Ejecutivo comunal, y por lo tanto generan contradicción con los propios trabajadores de los Municipios, o en etapas próximas podrían entrar en colisión cuando se los quiera incorporar a cumplir funciones en distintos organismos del Estado provincial y nacional como escuelas, hospitales, etc.

Por lo tanto, si bien tiene una fase positiva y es que es un paliativo para miles de trabajadores que estaban desocupados o con ingresos sumamente inferiores, se corre el riesgo que se institucionalice como forma de precarización laboral, o puedan ser utilizados como mecanismos de enfrentamiento entre trabajadores.

De manera que es imprescindible tener una estrategia donde, en primer lugar, nos reconozcamos en estos trabajadores como hermanos y les propongamos formas de organización dentro de la CTA como antes lo hicimos con los planes Trabajar, ya sea para pelear que sean nombrados como planta permanente (y de hecho con el tiempo pudimos incorporar a miles en las plantas de los estados municipales, escuelas, hospitales y otros organismos del Estado provincial o nacional); o a través de nuevas formas de organización como las que fuimos capaces de desarrollar a lo largo de estos años desde nuestra CTA, organizaciones cierta y plenamente autogestionadas como la Organización Barrial Tupac Amaru o las nucleadas en la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), experiencias extraordinarias desarrolladas desde los trabajadores para hacer frente al intento de entronizar la precarización laboral y el enfrentamiento de pobres contra pobres.

Así pudimos históricamente vencer esas estrategias de los gobiernos, incorporando organizadamente a los trabajadores con una propuesta de autonomía, autogestión, constitución de nuevas formas de participación, gremial y política en la vida de nuestro país. Ahora es imprescindible ratificar este rumbo.

De esta forma podremos promover la plena realización de estos trabajadores, en primer lugar como sujetos organizados con plena libertad de sus derechos para desarrollar sus luchas y sus vidas; y por otro lado con nuevas formas de organización que fortalezcan nuestra CTA, sean las organizaciones de nuevo tipo que hemos podido impulsar en estos años o los propios sindicatos, que debemos trabajar para seguir abriendo no sólo a los trabajadores en blanco sino también a todos los precarizados que con éste y otros planes los gobiernos incorporan al Estado.

Esta es la perspectiva y la responsabilidad que tenemos como Central de Trabajadores para avanzar en una efectiva libertad y democracia sindical. Donde lo primero es que no exista precarización; y lo segundo, la plena libertad de los trabajadores para organizarse con autonomía y desarrollarse en plenitud de sus derechos.