El presupuesto provincial 2019 se encuentra atado a los lineamientos macroeconómicos pautados en el proyecto de presupuesto nacional 2019, acordados con el FMI, que dan cuenta un escenario económico y social sumamente negativo para este año y el próximo, con caídas de la actividad nacional y provincial del orden del -2,4 en 2018 y -0,5% en 2019. Tal como ocurrió años anteriores, la realidad seguramente se muestre mas desfavorable que la proyectada por el gobierno en el presupuesto. De hecho, estimaciones recientes del mismo FMI ya prevén un escenario más pesimista. Sin reconocer el fracaso de las medidas económicas y presupuestarias que condujeron a la situación de crisis actual, el proyecto de presupuesto bonaerense propone profundizar los ejes rectores trazados en los primeros tres años de gobierno:
1.Dependencia de nación en recursos, en un contexto de licuación de dichos fondos a partir del acuerdo con el FMI.
2.Ajuste selectivo, a partir de la enorme caída del gasto público y el creciente peso de los intereses del endeudamiento en moneda extranjera.
3.Continuar la senda del inédito proceso de endeudamiento provincial, profundizando el esquema deuda-deuda. De este modo, en línea con el ejecutivo nacional, el presente presupuesto de la provincia de Buenos Aires también sigue al pie de la letra los lineamientos establecidos por el FMI. Estos pretenden garantizar el pago de los acreedores de la deuda a expensas de profundizar el ajuste de los recursos asignados a áreas clave por su incidencia en la calidad de vida, como educación, salud, asistencia social y desarrollo productivo. A esto se suma que, del mismo modo que el gobierno nacional hace recaer en gran medida el ajuste sobre las provincias, traspasándole responsabilidades en materia de subsidios de servicios públicos, el gobierno provincial hace lo propio transfiriendo a los municipios gran parte de estas responsabilidades y gastos.
DEPENDENCIA DE RECURSOS NACIONALES
Para 2019 los ingresos corrientes crecerán levemente por debajo de la inflación estimada (+33,0%), con una caída en términos reales del 1,4%. Esta retracción de los recursos resulta en buena medida de la política tributaria resultante del Pacto Fiscal que exige una reducción impositiva de Ingresos Brutos y no llega a ser compensada por el incremento del Impuesto Inmobiliario (+37,8%). La caída de la actividad económica también incide en esta baja dada la gran incidencia que tiene sobre los Ingresos Brutos. A modo de oficializar la ayuda del gobierno nacional de años previos, la provincia recibe una compensación de nación por $44.000 millones vía transferencias corrientes, pautada en el Consenso Fiscal y habilitada por la reforma previsional 2017. Sin embargo, estos fondos se ven licuados en gran medida por el traspaso de gastos en servicios públicos de nación a la provincia, por $34.164 millones. Los recursos de capital sufren una fuerte caída (-67,3% nominal), explicada fundamentalmente por el desplome de las transferencias nacionales en el marco del acuerdo con el FMI y la eliminación del Fondo Federal Solidario, que también repercute en los municipios. Así, los recursos totales de la provincia, sin incrementar los tributos propios y con grandes limitaciones derivadas de la dependencia de recursos nacionales en un contexto de ajuste, se retraen un 2,2% interanual en términos reales.
AJUSTE SELECTIVO
Para 2018, el proyecto de presupuesto estima un ajuste del gasto total del 4,3% (en términos reales), y en 2019 una caída del 1,5% real. Tal ajuste, una vez más, afecta en primer medida la masa salarial de los empleados públicos provinciales: para el año próximo el aumento nominal del 22,9% implica una reducción en términos reales del poder adquisitivo del salario del 8,8%, que se suma a lo perdido este año (5,6% real). Entre el 2015 y el 2019 esta partida tendrá una pérdida real de 17,8%, equivalente a un año de trabajo para un cargo con salario promedio mensual de $23.133. Con la política de ajuste de la gobernadora Vidal no todos pierden, el ajuste es selectivo: el gasto social es el más afectado con una caída en su participación en el peso del presupuesto total de 2,0 puntos porcentuales en 2019, que es más que compensada por el incremento de la gravitación de los servicios de la deuda (vencimientos e intereses) en el gasto total para el mismo año: gana +2,8 puntos porcentuales. La más afectada es la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE): el próximo año pasará de representar el 26,0% del gasto provincial en 2018 al 23,9% en 2019. Al compararlo con 2015 (29,7%) la pérdida acumulada a 2019 es mucho mayor (5,7 puntos porcentuales) y los recursos perdidos durante el gobierno de Vidal por esta menor participación de la DGCyE en el gasto total ascienden a $147.968 millones. Equivalentes a un 66,5% del presupuesto educativo en 2019.
LA DEUDA
El año 2019 proyecta una profundización de la política de endeudamiento, el cual asciende $102.245 millones, con un crecimiento real del 2,1% de la ya elevada deuda asumida en el 2018. El ciclo de creciente endeudamiento con gran componente en moneda extranjera asumido bajo el gobierno de Vidal enciende alarmas en un período en el cual se acentuan los vencimientos (amortizaciones) de los primeros años de la deuda contraida bajo un esquema deuda-deuda. En este sentido, el crédito que se pretende tomar en el 2019 ya no alcanzará a cubrir la suma de los intereses y las amortizaciones, $125.015 millones. En consecuencia, la brecha ($22.770 millones) será cubiertos con ajuste del gasto público. Luego de los cuatro años de gestión de Cambiemos en la provincia, un 99,3% de la deuda contraída tendrá como destino el pago de amortizaciones e intereses en igual período ($133.790 millones de deuda y $311.717 millones de servicios de deuda), sin quedar fondos para obra pública u otro destino de inversión social y con una pesada herencia de amortizaciones y de intereses en moneda extranjera para los próximos años.
UN PRESUPUESTO QUE TRASLADA RESPONSABILIDADES Y DESFINANCIA A LOS MUNICIPIOS
Del mismo modo que el gobierno nacional hace recaer en gran medida el ajuste sobre las provincias transfiriéndole responsabilidades en materia de subsidios de servicios públicos, el gobierno provincial hace lo propio transfiriendo a los municipios gran parte de estas responsabilidades y gastos. Transfiere los aportes realizados al CEAMSE, los costos de subsidios a la tarifa del transporte automotor y la tarifa social energética, al tiempo que los municipios también ven recortar sus fondos por la eliminación del Fondo Solidario Provincial. Se trata de una transmutación regresiva del Estado en todos sus niveles, a partir de la transferencias de responsabilidades junto con el desfinanciamiento, que implica un fuerte condicionante a las finanzas de las comunas.