La orden judicial se basa en una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada en forma arbitraria por ese juzgado para perseguir a militantes del campo nacional, popular y social.
El uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue “cajoneado” por la justicia macrista.
Desde la CTA de los Trabajadores consideramos que se trata de un viejo revanchismo de clase contra quiénes con valor y coraje buscan hacer valer los derechos de tantas y tantos compañeros postergados, desocupados y precarizados que viven en la indigencia.
Por tal motivo exigimos el cese inmediato de esta persecución y de toda y cualquiera maniobra intimidatoria contra está y cualquier otra organización popular.
