El entramado mafioso que se llevó a cabo durante el gobierno de Macri en la nación y Vidal en la provincia, el armado de causas, la complicidad de cámaras empresarias, de integrantes del Poder Legislativo, Intendentes, y el indispensable entramado del poder Judicial buscaba garantizar la quita de derechos a les trabajadores y su representación sindical, los despidos, la flexibilización y la baja salarial.
Esa degradación llevada a todos los ámbitos, pensemos en la designación de dos integrantes de la Corte suprema por decreto, por ejemplo, o la “doctrina Irurzun” que permitió la multiplicación de presos políticos.
El Secretario General de la CTA de les Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel señaló que contrariamente a su discurso de Republicanismo y Valores, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, se llevaron todo el estado de derecho, y en contra de los intereses de todas y todos los ciudadanos, y para ello persiguieron, estigmatizaron y hasta encarcelaron a dirigentes, sindicales, sociales y políticos, para imponer lo que antes se hacía a través de golpes de estado.
En los videos de la denominada “Gestapo antisindical” se constata groseramente esa intención de persecución a los sindicalistas y trabajadores, y también pone blanco sobre negro, el objetivo de ese gobierno de Ricos para Ricos, que no difiere del de la sangrienta última dictadura militar, que es disciplinar al movimiento obrero.
A través de los videos transmitidos por C5N y analizados en el diario Ambito, se lo escucha a Villegas dando más indicaciones y enumerando una serie de palabras clave para las declaraciones. "Nadie va preso por ser un sindicalista que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que bajar la conversación, que es lo que hacemos nosotros en las entrevistas individuales, a estas palabras: amenaza, extorsión, comportamiento delictivo, violencia, vandalismo", explicó el exfuncionario bonaerense en esa reunión.
Luego, realizó una llamativa comparación: "Al Capone cayó preso por impuestos y no todos los tipos que se cargó". Acto seguido, el funcionario de Vidal subrayó: "Las personas que han decidido estar en una instancia judicial van hablar en primera persona y van hablar de las cosas que conocen y que saben, en definitiva, más allá de cómo relaten o cómo las expliquen, terminen encuadrando en un envase dentro de algún artículo del Código Penal. Porque ahí es de dónde se agarra un fiscal para decidir acciones".
En otro de los nuevos fragmentos de la mesa antisindical de Vidal, aparece como protagonista Adrián Grassi, quien era subsecretario de Justicia de provincia de Buenos Aires y anteriormente Fiscal. Al igual que Villegas, él también le dio consejos a los empresarios de cómo declarar contra los sindicalistas.
A su vez la secretaria de DDHH de la CTA de les trabajadores de la provincia de Buenos Aires, María Reigada, se sumó a las críticas a la mesa judicial macrista en la provincia de buenos aires,afirmando que el conocimiento de los videos trae indignación, pero también un poco de alivio porque se visibiliza el armado de esa mesa judicial y el “lawfare” que padecimos durante esos años, agregando que el procurador general provincial Julio Conte Grand, si tiene un poco de dignidad tendría que renunciar.
En Infogremiales y página 12, revelan los planes del gobierno de Vidal para el ataque al Astillero Río Santiago y al sindicato ATE de Ensenada, los mismos en 2018 estaban divididos en tres líneas de acción: la agenda económica; la agenda judicial y la agenda pública. En la primera, los funcionarios macristas describían mes por mes los derechos laborales que querían eliminar como el pago por horas extra, el comedor, las vacaciones, las jubilaciones, la nocturnidad y las licencias gremiales, entre otros. Todos items que generarían un clima de conflicto provocado que les permitiría alcanzar el objetivo que Villegas había enunciado un año antes: "Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".
luego, planificaban comenzar con los despidos y la reducción de personal hasta lograr el cierre del astillero. El modo para lograrlo sería a través de los arreglos con el Poder Judicial. En esa segunda columna detallaban que para lograr el cometido de recortar derechos, se debían realizar distintas denuncias penales, por ejemplo, por asociación ilícita.
el actual director del Astillero Río Santiago, e integrante de la conducción nacional de la CTA de les Trabajadores, Pedro Wasiejko, puntualizó que "estamos convencidos que las cosas que hay que resolver en nuestro país se deben hacer colectivamente y con el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras, y nunca a través de acciones ilegales como las que encabezó el ministro de Trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal a nivel provincial y de Mauricio Macri a nivel nacional".
#NuncaMasPersecuciónSindical
