Sectores que suelen reclamar por el buen funcionamiento de la democracia y sus instituciones cuando en verdad son promotores de actitudes golpistas que debilitan cada día más nuestro sistema democrático.
Sectores cuyos principales referentes son los grupos de multimedios Clarín y La Nación, la Sociedad Rural, y lamentablemente el Gobierno Nacional y sectores del Poder Judicial encabezados por la Suprema Corte Justicia de la Nación. Decimos lamentablemente porque lo que hacen los dueños del poder real en Argentina si bien es grave, pertenece a la esfera de lo privado. Pero que la presión hacia jueces que demuestran como pocos la tan mentada independencia de la justicia la hagan los poderes de un estado democrático es muy grave ya que ésos poderes pertenecen a la esfera de lo público y funcionan en base a la Constitución Nacional y a la legitimidad popular.
Y lamentablemente también hay que señalar:
1) La existencia de un estado y un poder judicial que han suspendido las garantías legales en la provincia de Jujuy, encarcelando y persiguiendo a dirigentes de organizaciones sociales como es el caso de la Organización Barrial Tupac Amaru, como así también han promovido y hecho lugar a desafueros y exoneraciones de delegados sindicales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF).
2) Una Corte Suprema de la Nación que se niega a presentar la declaración jurada patrimonial de sus integrantes y que (al igual que todos los jueces) no paga el impuesto a las ganancias.
3) Un poder judicial que cada vez hace más lentos los juicios de lesa humanidad junto al aumento de las prisiones domiciliarias para genocidas y las trabas permanentes para juzgar a los responsables civiles y empresariales de la última dictadura cívico-militar.
4) El ocultamiento por parte de los grandes medios de comunicación del juicio oral que se está llevando a cabo en la causa por encubrimiento al atentado a la AMIA (en donde están siendo juzgados Carlos Menem; el ex nº 1 de la SIDE Hugo Anzorreguy; exdirectivos de la comunidad judía como Raúl Beraja; el juez que llevó la causa en un principio, Héctor Galeano; excomisarios como el Roberto “Fino” Palacios, etc.).
5) La lentitud con que se lleva a cabo dicho juicio oral (las audiencias son una vez por semana y se cita a un solo testigo, en un año y un mes sólo atestiguaron cincuenta personas).
6) La distinta vara para rechazar medidas cautelares (comparemos el rechazo a las medidas presentadas por diputados, defensores del pueblo, asociaciones de vecinos o clubes de barrio con la aceptación de las cautelares presentadas en su momento por los socios del Grupo Clarín para frenar la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, una de las leyes más debatidas democráticamente en foros de todo el país y votada por amplía mayoría en el Parlamento, tanto del oficialismo como de la oposición).
Este tipo de acciones (y son sólo algunas), sumado a las injusticias cotidianas para con el pueblo que comete el Poder Judicial en todo el país, hacen que nos preguntemos cuál es el prestigio que defiende la Corte. ¿De que justicia independiente nos hablan cuando los que están presos son casi todos ladrones de gallinas y nunca los grandes empresarios evasores de guante blanco y verdaderos ladrones multimillonarios con cuentas legales e ilegales en el exterior?
¿De que justicia nos hablan cuando hacia dentro del Poder Judicial no existe la Ley de Paritarias ni los Convenios Colectivos de Trabajo pero si existe la tercerización laboral, la violencia de género y la violencia laboral en general?
¿De que justicia y diálogo nos hablan cuando un grupo de jueces, fiscales y demás funcionarios de distintas ideologías se agrupan en una asociación cuyo objetivo es dar el debate hacia dentro acerca de cómo democratizar el Poder Judicial, y por ello son denostados por los medios de comunicación y por la “gran familia judicial” tratándolos de delincuentes?
Es sintomático: quiénes se la pasan hablando de las instituciones, el diálogo, la tolerancia, la democracia y demás virtudes; son los primeros en hacer todo lo contrario a lo que declaman.
En definitiva, nos solidarizamos con los jueces Martina Forns y Daniel Rafecas porque en jueces como ellos es en donde aún quedan ejemplos de la verdadera justicia que deseamos: un Poder Judicial democrático y al servicio del pueblo; y no aristocrático y al servicio de las corporaciones.
