De este modo, un millar de militantes y dirigentes de organizaciones de DD.HH, sociales, políticas y sindicales se concentraron en las inmediaciones del Palacio Municipal y montaron un especie de “parlamento popular” que sesionó en paralelo al del Concejo Deliberante y todos los que pidieron la palabra criticaron fuertemente el protocolo “antipiquetes” impulsado por la gestión del intendente Julio Garro en La Plata y el presidente Mauricio Macri en la Nación.
Desde la CTA de los Trabajadores, Reigada, cuestionó la iniciativa por entenderla como una forma de “criminalización de las protestas” que se vienen realizando a partir de los despidos y recortes presupuestarios por la Provincia y la Nación.
