Por qué decimos que no:
Decimos que no porque no hay necesidad ni urgencia en fijar una política publica tan crucial sin la activa intervención del Congreso de la Nación.
Decimos que no porque se adopta una resolución tan relevante sin ninguna participación de las organizaciones que legítimamente representan al colectivo de las personas con discapacidad, violando así la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas.
Decimos que no porque nada anuncia el decreto en relación al rol que se le otorgará a los representantes del colectivo en el diseño, implementación y monitoreo de la política pública orientada al sector de las personas con discapacidad.
Decimos que no porque la desaparición de la Comisión Nacional de Pensiones pone en riesgo las pensiones que perciben más de 500 mil personas que no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad.
Decimos que no porque nada anuncia el DNU 698/17 sobre la creación de un organismo independiente con la función de monitorear las políticas públicas en materia de discapacidad, tal como prescribe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Decimos que no porque el DNU no garantiza que el organismo que se estaría creando cuente con el presupuesto suficiente para implementar las políticas públicas que quedarían a su cargo, al habilitarlo para recaudar fondos mediante donaciones, legados, cooperación nacional e internacional y otras alternativas que dan cuenta sobre las limitaciones que tendrá en el aspecto presupuestario.
Decimos que no porque no queremos que se utilice más a las personas con discapacidad en anuncios, lanzamientos y discursos vacíos de contenido, como queda demostrado con todo lo que rodeó el lanzamiento del Plan Nacional de discapacidad, cuya inexistencia reconoce el Decreto 698/17.
Ante la contundencia de estos argumentos, solicitamos a las legisladoras y legisladores que integran la Comisión Bicameral que da tratamiento parlamentario a los Decretos de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, que rechace de plano el DNU 698/17.
Demandamos que cualquier política pública orientada hacia el sector sea elaborada, implementada y monitoreada por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, cumpliendo así con los artículos 4 y 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que en nuestro país tiene rango constitucional otorgado por la ley 27044.
Exigimos que el Poder legislativo avance con los diferentes proyectos de Ley existentes para dotar al país de una legislación moderna, acorde al paradigma de derechos y con la activa participación de los representantes legítimos del sector en su tratamiento y aprobación.
Demandamos que todos los trámites para la obtención del Certificado Único de Discapacidad sean revisados para una implementación ágil y descentralizada, sin limitar los requisitos para su otorgamiento.
Instamos al gobierno a que ninguna persona que actualmente reciba una pensión la pierda, como así también se restituyan aquellas pensiones que fueron suspendidas.
Exigimos que el Gobierno Nacional deje sin efecto la apelación al fallo judicial que lo obliga a restituir las pensiones que dio de baja en forma injustificada, restableciéndolas de inmediato a las miles de personas que fueron afectadas por una medida arbitraria e injusta y que dé marcha atrás a la quita de 39000 pensiones prevista en el proyecto de presupuesto 2018 elevado recientemente al Congreso de la Nación.
Nada Acerca de nosotros/as sin nosotros/as.
Adhesiones personales e institucionales a:
discapacidadcta@gmail.com
Muchas gracias.
