Las medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno (devaluación, quita de retenciones, alza en las tasas de interés, apertura comercial, ajuste de la demanda, endeudamiento, etc.) son, desde su concepción, condición suficiente para reactivar la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, la recomposición de la rentabilidad no alcanza para impulsar la inversión en un escenario de caída de la demanda interna e internacional. Así, en el marco de la crisis mundial, la política del Poder Ejecutivo deteriora los dos componentes de la demanda que dinamizaban el producto: el consumo privado y público.

Estas medidas económicas provocaron una significativa aceleración del proceso inflacionario y una acelerada y profunda redistribución del ingreso en beneficio del capital, especialmente del sector financiero y los terratenientes pampeanos. En términos sectoriales la fase recesiva se manifiesta en la contracción de la construcción y la producción industrial (salvo la agroindustria). Asimismo, se asiste a una reducción considerable del consumo asociada a la caída del salario real.

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