Desde nuestro colectivo vemos con mucha preocupación la violación de los derechos humanos y el avasallamiento a lo prescripto en nuestra Constitución Nacional que se está produciendo en esa provincia argentina desde que asumiera el nuevo gobernador Gerardo Morales.
Molestar, denunciar y hostigar a las abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión y en el marco de la causa en la cual están ejerciendo la defensa técnica de una persona es una clara obstrucción al derecho de acceso a la justicia.
La CIDH en su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de Justicia del 5 de diciembre de 2013, precisa en el párr. 147. “La CIDH reitera que corresponde a cada Estado proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.” a propósito de observar entre otros, el caso argentino.
Exigimos el inmediato retiro de la denuncia hacia la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y alertamos a los colegios de abogados sobre la grave situación institucional que se está viviendo en Jujuy ante la persecución de defensores de los derechos humanos que oportunamente ya hemos presentado ante la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Colectivo nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad
