Hacia fines de 2005 se inició una investigación sobre una serie de “hechos sucedidos sobre los últimos días del mes de abril del año 1977 y los primeros días del mes de mayo del mismo año, época en la cual –según el Fiscal Subrogante Juan Patricio Murray- se produjo en esta ciudad (San Nicolás) un direccionamiento represivo sobre sectores ligados a la Juventud Peronista, y algunos de ellos estrechamente vinculados a la militancia dentro de la Iglesia Católica y ex alumnos del Colegio Don Bosco de este medio.”
El 8 de septiembre de 2006 el Juez Villafuerte Russo tomó la decisión de formar una causa por separado sobre este tema, y de ese desprendimiento se originó la mencionada causa Nº 28.715. En Diciembre de 2006 los familiares y sobrevivientes solicitaron una audiencia al Juez, en la que manifestaron su preocupación de que esta medida constituyera una acción dilatoria para los tiempos procesales.
Desde la acción judicial se impulsó la presentación de querellantes en la nueva causa. Así se presentaron como querellantes particulares los padres de Gerardo Cámpora (ex-alumno del Colegio Don Bosco, soldado conscripto, desaparecido en mayo de 1977) y José María Budassi (sobreviviente, ex – preso político y actual Secretario de Derechos Humanos de la CTA San Nicolás y del SUTEBA de esa localidad). En tanto la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense fue la primera en presentarse como querellante institucional en la persona de Sara Derotier de Cobacho. En ese marco, la CTA Provincia de Buenos Aires hará una presentación para constituirse también como querellante, tal como ocurrió recientemente en el juicio al cura represor Von Wernich.
Tanto las partes querellantes como el Ministerio Público Fiscal, pidieron la anulación de las leyes de la impunidad, como paso previo a solicitar la detención para tomar declaración indagatoria de los imputados en el caso. Así comparecieron en los primeros meses de 2007 los militares responsables del Área Militar 132 Manuel Fernando Saint Amant y Carlos Diego Ricardes quienes se negaron a declarar y quedaron procesados (sin prisión preventiva).
Pero existen otros imputados, como los entonces Brigadier Hipólito Rafael Mariano, Comodoro Juan Antonio Benvenuto, Teniente Primero Rafael Del Moral, así como los efectivos policiales Edgardo Antonio Mastandrea; Guillermo Miguel Mac Namara, entre otros.
El caso Mastandrea cobró trascendencia pública en septiembre de 2007 a raíz de su posible candidatura a legislador por la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió.
