Una dura acusación contra la Iglesia se instaló hoy en la sala de audiencias en la que se desarrolla el juicio contra Christian Von Wernich por su actuación como capellán en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. El sacerdote de la localidad neuquina de Centenario Rubén Capitanio, acusó a la Iglesia por su "responsabilidad" durante esa época y la acusó de ser "responsable de esas vidas".
"La Iglesia no mató, pero no salvó" a las víctimas de la dictadura, afirmó Capitanio, y consideró que "por no haberlas salvado es responsable de esas vidas". En el mismo sentido, afirmó que "la Iglesia, escandalosa y pecaminosamente, fue cercana a la dictadura".
Capitanio recordó que el episcopado publicó, el 14 de mayo de 1976, el primer documento en donde hacía mención de la existencia de detenidos-desaparecidos y en la que le solicitaba al gobierno de la dictadura que “suavizara los crímenes”. Según el declarante fue “uno de los documentos mas vergonzosos de la historia de la Iglesia”.
El cura neuquino, que conoció a Von Wernich en la época de estudiantes en el seminario, indicó que “la actitud de la Iglesia como institución fue escandalosamente cercana con la dictadura. Yo diría que con un grado de complicidad pecaminosa”. Y señaló que “algunos Obispos hicieron gestiones para salvar personas en riesgo: eso demuestra que se sabía”.
Al mismo tiempo, recordó que “cuando, en abril de 1983, la junta militar publicó el informe final en el que indicaba que los desaparecidos estaban muertos y que se había actuado en nombre de Dios, decidí que los responsables del gobierno militar no podían participar de ningún sacramento de nuestra parroquia”. La respuesta no se hizo esperar y desconocidos balearon su Capilla.
“Donde están los 2500 desaparecidos”
Por otra parte, Alberto Pedroncini, reconocido abogado y fundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otras instituciones, señaló que el primer documento emitido por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina de Derechos Humanos y el MEDH se publicó en forma de solicitada en el diario La Prensa bajo el escandaloso titulo de “Donde están los 2500 desaparecidos” y que se le exigía al Poder Ejecutivo que informase lo que negaban en los reiterados habeas corpus.
Según el testigo, esa solicitada provocó que “todos los funcionarios del Estado y la sociedad en su conjunto conocieran la magnitud de la tragedia que el país estaba viviendo en relación con la vida y la libertad”.
Además, en forma casi simultánea se publicaron dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en el que reflejaban la “la magnitud de la trasgresión jurídica que implicaba el sistema clandestino”. Por lo que (la Corte) le recomendó al Poder Ejecutivo Nacional, en manos de la dictadura, que profundizasen las investigaciones sobre la desaparición de las personas denunciadas. E hizo –según recordó- consideraciones sobre la falta de información y la obligación de los funcionarios de proporcionarla a los jueces.
De esta manera, el máximo tribunal situó a la Junta Militar al borde de la ilegalidad y le indicó que “el derecho que no se realiza no es derecho y que existía una frustración de los derechos fundamentales a la vida y la libertad”. Esos datos ampliaron el nivel de información de la sociedad y de los funcionaros públicos acerca de los hechos insoslayables, que no podían alegar que se desconocían.
En esos días, el momento más crítico se vivió cuando sobre el final de la dictadura trasciende que la Junta Militar se proponía hacer público el informe que el que se declaraba la muerte de todos los desaparecidos.
En esa circunstancia la APDH le exigió al gobierno militar que en 10 días pusiera a disposición del episcopado a todo niño que hubiera desaparecido y en 30 días a todo desaparecido cuya vida estuviera en sus manos y que brinde a los jueces toda la información negada en los habeas corpus.
El organismo envió al episcopado una copia del documento. Vergonzosamente el episcopado respondió que “la iglesia seguía estando a disposición de la causa de la unidad nacional y reconciliación pero que no podía hacer nada que dependiera de otras voluntades”.
Por su parte, María del Rosario Carballeda de Cerruti, Madre de Plaza de Mayo, señaló ante el Tribunal que “cuando fuimos al Episcopado a reclamar por nuestros hijos desaparecidos el Monseñor Tortolo nos mandó a que le recemos a la Virgen Maria”.
Además descalificó al Monseñor Juan Carlos Aramburu que “dijo en el Vaticano, y ante el Santo Padre que ‘en la Argentina no había personas desaparecidas y que tampoco existían tumbas NN’”.
“El Santo Padre tampoco escucho”
La testigo señalo que “el Santo Padre (Juan Pablo II) tampoco nos escuchó. Le dio la comunión al General Videla y la Iglesia no cumplió todavía con sus deberes”. Además agregó que “todos los años íbamos a San Miguel a la Conferencia Episcopal y una vez recuerdo que nos dejaron bajo la lluvia como a perros apaleados y no nos atendió nadie”.
Luego le tocó el turno a Nora Úngaro, ex detenida y actual Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, quien le manifestó al tribunal que “en el pozo de Arana había un sacerdote que hablaba con los secuestrados, siempre llegaba después de las torturas, cuando nuestros tobillos continuaban ensangrentados y nos leía distintos pasajes bíblicos”.
“Estas personas disfrutaban de vernos en esa situación: Ensangrentadas, golpeadas y maltratadas” concluyó la ex detenida.
Por último, declaró el párroco de la ciudad de Trenque Lauquen, Pedro Traveset. Su presencia fue requerida luego que Héctor Rossi, declarara que había obtenido a través de Traveset información proveniente de Von Wernich acerca de la muerte del desaparecido Carlos Eduardo Lugones.
Pero, desafiando los pronósticos, Traveset declaró que “jamás hable con Von Wernich de su labor como Capellán” respuesta que suscitó la preocupación de las partes y el público ya que no se le había preguntado por el cura represor sino por la relación con Rossi y si éste le había realizado algunas consulta sobre el paradero de Lugones.
Tanto el tribunal como las partes interrogaron largamente al sacerdote sin poder obtener mayores precisiones. Los abogados y familiares, que participan del juicio, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el sacerdote de Trenque Lauquen hubiera sido presionado antes de declarar.
Las testimoniales del juicio a Von Wernich, que comenzaron el 5 de julio pasado, culminarían formalmente este jueves con la declaración de Roberto Durrieu, ex fiscal de Estado Adjunto de la dictadura militar, Julio Alberto Bulrrich, Alberto Rodríguez Varela, Jaime Smart, monseñor Alejo Guilligan, Juan Torino, Edgardo Frola, Héctor Munilla Lacasa, Adolfo Pérez Esquivel y Miguel Laborde.
El ex capellán está imputado por siete asesinatos, 31 apremios ilegales y 42 casos de desaparición de personas ocurridas en cinco centros clandestinos de detención.
