Tras el paso de la devastadora ola neoliberal que recorrió toda América Latina, el cambio de signo del proceso político en nuestra región es un hecho innegable. La crisis que puso en evidencia el agotamiento de aquel programa político, económico y cultural, se extendió a todos los órdenes de la vida social, y aún constituye el marco dentro del cual debemos resolver el desafío de construir colectivamente las condiciones que hagan posible una sociedad basada en la igualdad y la justicia social. Ese es también el contexto en el cual la Universidad pública debe hoy definir de qué modo su actividad va a contribuir a la consecución de aquel objetivo, que requiere avanzar decididamente en la reconstrucción del Estado, y en la recuperación de su capacidad de intervenir en el proceso económico-social mediante políticas públicas que, orientadas a la defensa y promoción del interés de los sectores populares, permitan concretar las transformaciones necesarias para producir una modificación sustantiva de la estructura productiva y de la matriz distributiva de la riqueza nacional.

Por eso, la discusión sobre las reformas que podrían incorporarse en una nueva Ley de Educación Superior, debe convocar a todos los sectores universitarios, y al conjunto de la sociedad, a reflexionar sobre este compromiso, para actualizar, sobre esa base, la legitimación democrática del quehacer de las instituciones académicas. En esta situación, la organización sindical de los docentes de las Universidades nacionales no sólo debe proponerse como un ámbito plural que permita plantear estrategias colectivas para la defensa de los derechos laborales, la lucha por la recuperación salarial y la mejora de las condiciones de trabajo del propio sector. Es preciso, también, que asuma la responsabilidad de promover la participación de los trabajadores en el debate y la definición de una política universitaria que permita a las Universidades cumplir el rol que la sociedad les asigna, produciendo, con el mayor nivel académico, un conocimiento significativo, accesible al conjunto de la población, y atento a las necesidades y anhelos de la mayoría.

CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y FEDUBA (Gremial de Docentes de la UBA) convocan a participar en la Jornada

“UNIVERSIDAD Y POLÍTICAS DE ESTADO. HACIA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR”

29 de noviembre de 2007. Aula 100 “Rodolfo Walsh” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Marcelo T. de Alvear 2230, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

17.00 hs. Foro de debate de Organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles
Coordinan: Hugo Trinchero (Decano FFyL – UBA)- Mario Toer (FEDUBA)- Yamile Socolovsky (IEC – CONADU)

19.00 hs. Panel de cierre: Stella Maldonado (Secretaria General CTERA)- Federico Schuster (Decano FSOC- UBA) - María Inés Vignoles (Secretaria General FEDUBA)- Carlos de Feo (Secretario General CONADU) - Daniel Filmus (Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología)

ps:

La juventud de CTA participará de este encuentro de debate sobre una Nueva Ley de Educación Superior ya que se inscribe dentro de la agenda de políticas que llevó la Mesa Paritaria Social Juvenil al Congreso Nacional en la Movilización del 28 de Septiembre con más de 5.000 jóvenes.

Por Una Universidad Pública con compromiso social y al servicio de los trabajadores y los sectores populares.

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