Luego de una extenuante jornada de negociaciones y debates, el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil será de 1.500 pesos a partir del 1º de enero de 2010. Pasadas las 11 de la noche, la presidenta Cristina Kirchner hizo el anuncio del acuerdo y dio por concluida la convocatoria que reunió a representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. En lugar de aprovechar esta oportunidad para fijar un funcionamiento regular de este espacio de concertación social tripartito para tratar los graves problemas que provoca la crisis, se lo utilizó una vez más espasmódicamente para anunciar un incremento al Salario Mínimo que es insuficiente y descartando de plano el debate de políticas públicas de carácter universal para dotar de blindaje social a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Al argumentar su voto negativo, la delegación de la CTA representada por Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pedro Wasiejko, no sólo explicó su postura contraria al aumento escalonado que recién se perfeccionará en enero del año que viene, sino que además denunció que no hubo ninguna posibilidad de debatir acerca de otros puntos importantes, como la implementación de una Asignación Universal por Hijo y la sanción de una Ley de Emergencia Ocupacional que impida los despidos por 180 días.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, había declarado antes de comenzar la reunión que “creemos que tiene que haber una batería de medidas que diga: ataquen el grave problema que significa la pérdida de puestos de trabajo que se está produciendo en industrias como la agroindustrial o la construcción. Necesitamos universalizar el seguro de desempleo. Se tiene que universalizar el salario por hijo y cobrar un ingreso asegurado para la familia de los desocupados y los trabajadores no registrados, un piso de ingreso”.
Consultado acerca del rol del Estado en esta etapa, Yasky dijo: “El Estado debe tener una fuerte presencia en una situación de crisis como ésta y se debe terminar con la falacia de que en épocas de crisis la variable de ajuste tiene que ser los salarios”. Y añadió: “El Estado tiene que finalizar con la mentira de que en época en la que está en peligro la continuidad laboral, la solución es bajar los sueldos, porque los empresarios tienen como único objetivo resolver los problemas de su rentabilidad, no los problemas sociales”.
Por su parte Pablo Micheli, secretario adjunto de la CTA, indicó que “tal como lo hicieran el año pasado, a la hora de establecer un nuevo Salario Mínimo que no satisface a la inmensa mayoría de los trabajadores del país, el Gobierno, la CGT y los empresarios de la industria, el campo y los bancos actuaron en bloque sin mostrar fisuras ni contradicciones”.
Agregó: “Los únicos que planteamos con coherencia la necesidad de debatir a fondo las políticas económicas y sociales de carácter universal que hoy necesitamos para afrontar la crisis que está destruyendo puestos de trabajo, incrementando la pobreza y la exclusión social fue la representación de la CTA”.
“Los trabajadores no estamos dispuestos a pagar la crisis del capitalismo, por eso el 7 de agosto nos vamos a movilizar frente al Ministerio de Trabajo en la Capital Federal y en las agencias territoriales de la repartición laboral en todas las provincias de nuestro país para reclamar una justa distribución de la riqueza y que no haya ningún hogar pobre en la Argentina”, concluyó Micheli.
A su turno, Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la Central, había ratificado antes de ingresar a las negociaciones que la CTA sigue exigiendo la universalización de las asignaciones familiares y un Seguro de Empleo y Formación de carácter universal que alcance también a todos los trabajadores no registrados y la suba urgente de las jubilaciones.
Señaló también que este instrumento tripartito de concertación social "debería funcionar regularmente, y que no se convierta, una vez más en una mera ratificación de acuerdos que se negocian por afuera de esta estructura".
Y finalizó: “Es imprescindible que se instrumenten políticas que garanticen una distribución más justa de la riqueza y, en este sentido, la CTA sigue reclamando que el Consejo del Salario actúe de forma permanente y continua para abordar de forma integral una serie de aspectos vinculados a garantizar que no haya hogares de trabajadores por debajo de la línea de pobreza y para que esto sea posible no basta sólo con un acto episódico que se limite a fijar la actualización del Salario Mínimo".
