“Hay que diferenciar entre la sensación de la inseguridad, que puede estar mal formada, exacerbada, mal enfocada, de la inseguridad que existe” dice Rozansky sobre un debate que siempre vuelve, tema excluyente para un escenario electoral: “Una cosa es la peligrosidad que pueda tener el sujeto y otra analizar las causas para que haya cada vez más individuos peligrosos y trabajar sobre esas causas. Ahí está la esencia del conflicto y se transmite de una manera confusa”.
Para el juez, “los medios deben hacer sus reflexiones pero no se puede poner en duda la realidad de inseguridad como fenómeno cotidiano de los argentinos, sobre todo cuando tiene mayoritariamente como víctimas a los pobres. La mayor cantidad de víctimas está en la gente con menores recursos que incluso llegan a no denunciar, a que sus denuncias no sean tomadas, o a que se les convenza de no denunciar”.
“Este tema tiene rasgos esquizoides: desde un sector sólo se ve la peligrosidad y por otro lado sólo se ven las causas. Hay que trabajar en las causas -pobreza, marginalidad, etc- pero sin desatender el nivel de peligrosisdad que pueda tener esa persona” indica el magistrado y agrega: “Después está el que centra la discusión en la peligrosidad e inseguridad y no quiere entrar en el tema de las causas. Hay una falsa oposición. O estoy con las causas y fomento la impunidad o me ocupo de la peligrosidad y dejo de ser garantista y pido pena de muerte”.
Sobre las medidas de carácter represivo que aparecen en los medios, últimamente a través de personajes de la farándula, Rozansky indica: “El discurso de mano dura, represivo, tiene una esencia ideológica, implica dos cosas: ignorancia, no se conoce la realidad como por ejemplo la de las cárceles; y un nivel de agresividad muy alto. Ambas cosas no le permiten tener una visión en perspectiva: que es reconocer la peligrosidad y reconocer las causas, entre las que por ejemplo, también está el lugar donde está cumpliendo su detención”.
“El Estado debe pensar en la víctima pero no como víctima. El padre o la amiga de una persona asesinada va a pedir una cantidad de cosas fundamentado en el dolor. El funcionario debe comprender ese dolor pero no actuar como está pensando esa víctima, sino se retrocede a la etapa de la venganza”.
Para el magistrado, en definitiva “el reclamo es que se intervenga, el Estado está obligado a intervenir. Hay una normativa supranacional y nacional que define cómo intervenir. El Estado tiene que encontrar la forma de reconocer la peligrosidad de determinados individuos y garantizar que no perjudiquen a la sociedad sin dejar de lado los derechos esenciales de ese inividuo”.
Sin embargo, “el funcionario aún tiene una versión parcial del problema. Un factor importante de que no se intervenga adecuadamente tiene que ver con el costo para que se intervenga. Si para tomar las medidas quien analiza el origen del fenómeno no tiene en cuenta aquellos factores como por ejemplo la exclusión social, la corrupción policial, etc., lo que se realice nunca va a servir porque proviene de una versión parcial de la realidad. Hay costos que el Estado no quiere pagar para terminar con la inseguridad. Reconocer las causas tembién implica reconocer las enormes falencias del sistema penitenciario. El desafío implica, entre otras cosas, un trabajo interdisciplinario”.
Finalmente Rozansky propone: “Los funcionarios deben tener una visión e perspectiva de la problemática que implique aceptar las consecuencias, aunque signifique una durísima crítica al sistema penitenciario, policial, de trabajo social”.
Publicado en “La Central”, mensuario de la CTA Provincia de Buenos Aires, Mayo 2009
