Como dice el refrán, no hay dos sin tres, y quien dice tres puede decir cuatro o cinco. Es decir, no hay ley de nocturnidad, sin aumento de las horas de detención en las comisarías, y sin código de contravención. En el mes de noviembre tres proyectos sacudieron a las organizaciones sociales y de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, los tres tienen como objeto al mismo sector de la sociedad: los jóvenes. Tres proyectos que se completan con la propuesta de los legisladores nacionales de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Se trata de proyectos que se venían ganando la adhesión prejuiciosa de la opinión pública entrenada frente al televisor. Prejuicios que nos informan de los procesos de estigmatización que reproduce diariamente, alimentados por el alarmismo que caracteriza a los programas periodísticos hoy día. Con todo, se trata de proyectos que cuentan con el consenso difuso suficiente que crea mejores condiciones para continuar instalando una suerte de estado de excepción para los sectores sociales en situación de vulnerabilidad social. En efecto, la discrecionalidad policial encuentra en estos proyectos nuevos insumos con vistas a gestionar el delito en los barrios pobres y diagramar trayectorias vulnerables para aquellos colectivos de personas desaventajadas, entre ellos, los jóvenes pobres y morochos, los nuevos enemigos de la demagogia punitiva.
Y llegan en un contexto de evidente avance policial. No hace falta echar vista a las estadísticas de gatillo fácil para advertir el aumento de la violencia en las fuerzas de seguridad, nos basta observar la prepotencia policial cotidiana cuando exhibe sus armas largas en cada operativo nocturno o en los realizados conjuntamente con la división de adicciones; en la disposición periódica de retenes móviles; en la saturación policial de efectivos movilizados en patrulleros, motos, bicis y caballos; en la disposición de cámaras de vigilancia en el centro de la ciudad o en la superpoblación de detenidos en las comisarías del conurbano.
La ciudad se está militarizando cada vez más. En un contexto de movilización social, cuando las políticas públicas no pueden resolver la integración social para miles de jóvenes desocupados o precarizados, tenemos demasiadas razones para sospechar de este aumento del poder punitivo y ponernos en guardia otra vez. Estas reformas continúan desandando las reformas de la gestión de Arslanián, acentúan el desgobierno de la policía por parte de la clase dirigente y tienden a certificar la corporativización policial.
Se viene la noche
La ley 13.178 de la provincia de Buenos Aires, más conocida como la ley de nocturnidad se propone poner en crisis las rutinas juveniles, evitando con ello los encuentros a través de los cuales los jóvenes van componiendo estrategias de pertenencia y sobrevivencia en un mundo experimentado con desencanto.
La iniciativa de Scioli, aprobada recientemente, vuelve a la carga fijando como límite para la concurrencia en los locales nocturnos las 5.30 de la madrugada, pero para los menores de 17 años ese límite será las 23 hs. Tampoco se permite el ingreso a los mismos más allá de las 2 de la madrugada. A partir de entonces los boliches deben bajar sus persianas, lo que equivale a dejar a los jóvenes en la calle a merced de las rutinas policiales abusivas, discriminatorias y violentas que conocemos con los nombres de “detención por averiguación de identidad”; “robo de documento”; “cacheos”; “carpetas modus operandi o libro de malvivientes”; “paseos en patrullero”; “armado de causas”, “golpizas” y todo tipo de humillaciones.
En efecto, la ley de nocturnidad expone a los jóvenes a las prácticas policiales discrecionales y descontroladas, agravando la situación de vulnerabilidad de aquellos grupos de pares que ya cargan con las sospechas de los vecinos y policías por el sólo hecho de ser jóvenes, pobres, morochos y nocturnos.
Una escena típica del fin de semana, una escena que amenaza con convertirse en moneda corriente: Los jóvenes salen de los bares, bailantas o boliches a las cinco de la madrugada o no los dejan entrar después de las dos; no encuentran enseguida un micro que los regrese a su casa, de modo que no les queda otra que volver a su barrio a pata por una ciudad que les mira de reojo y una policía molesta y violenta.
Los chicos pueden estar excedidos de copas o ir hablando en voz alta o cantando. En esas circunstancias a la policía no le resultara difícil encontrar un pretexto que la ponga en víctima y, aduciendo resistencia a la autoridad, dar rienda suelta a aquellas rutinas.
Incivilizar y castigar
Otro proyecto de ley en danza es el que propone la creación de un Código de Convivencia, una propuesta que guarda sintonía con el código que promovió el macrismo para la ciudad de Buenos Aires y el mismo De Nerváez en la última campaña electoral para la provincia. Tampoco se trata de una novedad, la propuesta actualiza la vieja legislación de Faltas en la provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 8031/73), adecuándola a los estándares jurídicos que milita la demagogia punitiva.
El proyecto se inscribe en el proceso de inflación punitiva y aumento de la discrecionalidad policial que viene impulsando abiertamente la gestión del ministro Stornelli. Con ello no sólo pretende criminalizarse la vida cotidiana de determinados colectivos de personas sino redefinir el rol de la policía bonaerense.
En efecto, por un lado, el proyecto releva como problemáticas determinadas situaciones que si bien no constituyen un delito -entienden los autores del proyecto- estarían creando las condiciones para que esto suceda. Es lo que algunos han denominado las “incivilidades”: eventos de la vida cotidiana casi siempre asociados a los jóvenes en general y a los que están en situación de desventaja en particular. Eventos a través de los cuales esos jóvenes –sobre todo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social- resuelven problemas materiales de sobrevivencia o problemas identitarios de pertenencia. Vaya por caso la mendicidad (art. 66, 67 inc. A y 106); cuidar coches en la vía pública o limpiar los parabrisas en los semáforos (art. 64); la venta callejera sin autorización (art. 91); los titulares de negocios no habilitados (art. 92); pintar gaffitis, estampar esténciles o realizar pintadas (art. 56); deambular y pasear por la ciudad (art. 65); escuchar música fuerte (art. 76); dormir en la vía pública (Art. 67 inc. c); jugar a la pelota en las plazas, parques o calles (art. 77); resistencia a la autoridad (art. 84); bardear (art. 79); taparse el rostro (art. 80), cortar calles o interrumpir la circulación de bienes, servicios o personas (art. 81 y 82); etc.
Al revés de lo que sucedía en el Estado de Bienestar que buscaba descriminalizar y desjudicializar las conductas juveniles, comprenderlas con otras agencias que la sacaban de la órbita punitiva; en el Estado de Malestar lo que se busca es reinscribirlas en la esfera judicial, volviéndolas además materia exclusiva de atención policial.
A la Tolerancia cero o el prudencialismo no le interesa saber nada sobre los protagonistas de las situaciones referenciadas como problemáticas. Cuando la providencia se vuelve penitencia, ya no se trata de corregir sino de castigar. La preocupación no es la rehabilitación o la inclusión social sino la mera contención a través de la incapacitación social o la desciudadanización.
Una persona sospechosa es un no-ciudadano, es decir, un enemigo, una persona que habla un idioma extraño y, acaso por eso mismo, no se puede dialogar con él. La única manera de relacionarse con los enemigos es haciéndole la guerra policial. De allí que el código proponga, subrepticiamente, redefinir el rol de la policía en la sociedad: ya no estará para perseguir el delito sino para custodiar el orden. Al menos en las “zonas civilizadas”, donde hay capacidad de consumo. secuestrar
Finalmente, el tercer proyecto de Scioli en cuestión, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia, prevé la modificación de los arts. 41, 43 y 66 de la ley 13.634 que constituyen también otro ataque a la convención de los derechos del niño. La inciativa contempla la ampliación del plazo de detención de jóvenes de 12 a 24 hs hasta que el juez decida su destino. De esa manera, como denunció el Comité contra la Tortura: “se someterá a los jóvenes a una mayor vulneración de derechos y los expondrá más tiempo a padecer torturas y malos tratos en comisarías, alcaldías o centros de recepción.”
En efecto, incrementar el tiempo de detención de un joven en comisarías, implica aumentar su vulnerabilidad, supone sumarle horas a merced de una fuerza policial que ha sometido a los jóvenes a torturas, malos tratos e incluso la muerte.
No hay que perder de vista, como nos recuerda el Comité que “en el período junio/2006 a julio /2008, hubo 770 casos de torturas y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en perjuicio de 930 jóvenes en conflicto con la ley penal o en situación de calle, en distintas instituciones de detención de niños o en oportunidad de procedimientos policiales”. De todos los hechos denunciados, el 93% por ciento fue cometido por la policía de la provincia de Buenos Aires (717 casos) y muchos de los hechos se produjeron en oportunidad de alojamiento de chicos en comisarías.
Chivo expiatorio
Sabemos que la juventud es pasto verde para los lugares comunes, un terreno fértil para el sentido común, campo plagado de estigmas y estereotipos. Hablar de la juventud, sobre todo la de los barrios marginales, es hacer referencia a las mil y una formas en las que fue estereotipada. La mayoría de las veces, esos estereotipos son negativos, es decir, categorías que descalifican y vuelven sospechosa a la juventud.
Cuando la sociedad o el barrio no saben qué les pasa, cuando parte de ella pierde su horizonte de esperanza, tiende a cargar su derrotero contra la juventud. Estamos hablando de los problemas que tiene la sociedad, problemas que la indignan y nunca se anima a explicar. La droga, el alcohol, el aborto, la violencia, el suicidio y las autolesiones, el consumismo, la bulimia o la anorexia, la promiscuidad, el conformismo, la indolencia o el tremendismo, el sida, pero también la delincuencia, las picadas, la máxima velocidad o las peleas, se postulan como fenómenos juveniles, flagelos que se explicarían en la inexperiencia, la ingenuidad o la idiotez de los jóvenes.
Pareciera que la culpa siempre la tuvieran los jóvenes. Se vuelven el chivo expiatorio de una sociedad que no quiere mirarse de frente, que prefiere seguir buscando la paja en el ojo ajeno. Una sociedad indolente, incapacitada para sentir al otro, para ponerse en el lugar del otro, no dudará, llegado el momento, en apuntar contra los jóvenes. La juventud, privada de voz, se vuelve el blanco perfecto para descargar la bronca y el rencor que caracterizan a una sociedad prejuiciosa, intelectualmente perezosa, entrenada frente al televisor.
Estas reformas y proyectos de ley en curso, expresión de la demagogia punitiva, que actualizan el modelo de Tolerancia Cero en la provincia de Buenos Aires, son la mejor prueba que tenemos para ver de qué manera el Estado y la sociedad en general, descargan su batería de prejuicios sobre uno de los actores sociales más perjudicados por las políticas neoliberales. En vez de ganarse la protección a través de políticas de inclusión social, se vuelven el mejor chivo expiatorio para legitimar el estado de excepción policial para las poblaciones desaventajadas que ya no merecen más maltrato.
Fuente: Por Esteban Rodríguez; Revista En Marcha de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA)
